Rubén Atahuichi / La Paz
En una inédita posición, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, admitió que la aprobación de estatutos autonómicos en cuestionados referendos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija fue “un hecho político”, que ahora, ante la vigencia de los gobiernos subnacionales, deberá convertirse en un “hecho jurídico”.
En una entrevista con Página Siete, la autoridad pidió a los líderes de esa región llamada “media luna” interponer sus oficios para concertar una Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) con base en “sus reflexiones y observaciones”.
No hay una estructura jurídica plena que pueda garantizar el ejercicio de las autonomías desde el 30 de junio.
Es evidente que hay la necesidad de trabajar estos instrumentos jurídicos como parte del desarrollo normativo que va a ordenar y regular la administración del proceso autonómico, pero el marco jurídico emergente de la Constitución Política del Estado (CPE) es lo más sólido, de la más alta jerarquía, para garantizar una adecuada implementación de las autonomías.
Si bien es cierto que, como parte del desarrollo normativo, se requieren todavía dos instrumentos normativos fundamentales, la LMAD y los estatutos, aquélla es básicamente procedimental, establece procedimientos para el acceso futuro al régimen de autonomías por parte de pueblos indígenas y regiones autonómicas; también establece algunos procedimientos, sobre todo de monitoreo, seguimiento, evaluación y armonización del ejercicio de competencias por parte de las entidades autonómicas, y establece los factores y fuentes de asignación de recursos económicos, además de los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y las entidades autonómicas.
Todo esto es importante para la implementación del proceso, pero no condiciona necesariamente la puesta en vigencia de las autonomías, la existencia de la LMAD, por una razón sencilla: las competencias, que representan el elemento sustancial a través del cual se ejerce el autogobierno, están establecidas en la CPE. Entonces, en la medida que se constituya en una declaración o un reconocimiento constitucional, no están supeditadas en su asignación a otro instrumento jurídico previo. Los estatutos autonómicos, por su parte, en lo fundamental deben contener básicamente dos aspectos: por un lado, la institucionalidad del autogobierno y, por otro lado, las políticas en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas asignadas a las autonomías, que luego puedan fundamentar el legislativo autonómico, pero los estatutos autonómicos no se van a resolver en uno o dos meses; es decir, mientras no sean adecuados a la CPE por dos tercios de votos, lo que exige un amplio político al interior de las asambleas departamentales, y mientras no sean objeto de control de constitucionalidad, no pueden entrar en vigencia. En los hechos, los estatutos autonómicos podrían entrar en vigencia recién en los primeros meses del próximo año.
No es obstáculo
Sin embargo, esto no impide el ejercicio de las competencias asignadas a las autonomías, porque el fundamento jurídico es la Constitución. Si bien hay normas que necesariamente deberán ser aprobadas, señaladas particularmente, esto no impide que la asignación de competencias pueda operar inmediatamente como parte del ejercicio autonómico.
¿Esto quiere decir que no hay vacío jurídico?
Los vacíos están fundamentalmente en torno a la transición. Es decir, tenemos que cerrar una institucionalidad descentralizada administrativamente, como es la Prefectura; tenemos que clausurar los consejos departamentales y sustituirlos por las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, y eso requiere de algunas previsiones en el orden administrativo, financiero e institucional, que son normales en este tipo de culminación de institucionalidad para dar lugar a una nueva institución. Pero la Constitución es suficiente para iniciar gobiernos autonómicos de manera inmediata.
Se ha socializado la LMAD en distintos niveles, aunque no se ha logrado convencer a la “media luna”, que va a exigir una ley concertada que recoja sus percepciones y observaciones.
Eso sería ideal. Hemos hecho esfuerzos durante todo el año pasado y los meses que llevamos de este año para abrir todos los espacios posibles para debatir, reflexionar y recoger propuestas, y concertar el proyecto de ley y la agenda autonómica. Habíamos creado un Consejo Nacional Autonómico con participación mayoritaria de los actores autonómicos y minoritaria de la representación del Gobierno.
Oídos sordos en el oriente
Las prefecturas de oposición nunca atendieron nuestras solicitudes de concertación y no sé si tienen observaciones a los contenidos de la LMAD o cuál será su postura actual. Las corrientes más radicales negaban el diseño autonómico de la misma Constitución y todavía algunas voces señalan que no son los estatutos los que tienen que adecuarse a la Constitución, sino la Constitución a los estatutos, lo que sería propio de un régimen federalista radical, no de un régimen autonómico. Ése es un sistema que en la doctrina política se ha denominado “federalismo devolucionario”, cuando se devuelve soberanía a los integrantes de un Estado para que, sobre las bases que establezcan, el Estado pueda recién organizarse. Éste no es el caso del proceso boliviano.
Lo que quiero decir es que en la agenda de estas corrientes radicales ni siquiera se ha considerado la existencia de una LMAD. Una LMAD no tendría sentido cuando en realidad quieren subordinar a la Constitución a sus estatutos. Pero hay corrientes más moderadas que han presentado contrapropuestas en torno al proyecto, como, por ejemplo, la Prefectura de Tarija. Ésas han sido señales importantes; nosotros estamos de acuerdo en que, más allá de las corrientes radicales que puedan existir en los departamentos del oriente o en algunos movimientos sociales que se inspiran en fundamentalismos étnicos, tenemos que trabajar un proceso de concertación que sea lo suficientemente sólido, porque es una ley estructural, que trasciende las circunstancias de la coyuntura política.
¿Va a ser la función imperativa del Ministerio de Autonomía de hacer que los estatutos aprobados en referendos cuestionados sean adecuados a la CPE?
La disposición tercera de la Constitución los reconoce, pero deben cumplir dos condiciones: adecuarse a los contenidos constitucionales, lo que significa una modificación sustantiva de contenidos, que está a cargo de las asambleas departamentales, y, segundo, someterse a un control constitucional.
Más allá de una lectura estrictamente jurídica, quisiera hacer una lectura política de este proceso. Los estatutos son un hecho político, necesitan convertirse en hecho jurídico si se adecúan a los contenidos constitucionales. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de interpretación del proceso histórico, representan un pacto social dentro de los departamentos; a nivel social hemos logrado un gran pacto social, la Constitución, y hemos definido en las elecciones nacionales la composición de la representación política para dirigir ese proyecto de país, para su aplicación. En los departamentos hemos definido una representación política, que en el caso del oriente expresa todavía polaridades. Lo que está pendiente es un pacto social, el estatuto.
O sea, ¿el Gobierno reconoce ese hecho político?
Reconocemos ese hecho político, pero advertimos que necesita constitucionalizarse y al mismo tiempo reflejar un pacto social en los departamentos. No es un tema que lo vamos a interferir ni digitar, es una iniciativa de las regiones como parte de su proyecto autonómico, pero sí tienen una adecuada lectura de la historia, ése debería ser el camino.
La transición de las gobernaciones y las asambleas será desordenada
Nancy Vacaflor / La Paz
El tránsito de la administración prefectural a las gobernaciones y de los consejos departamentales a las asambleas legislativas departamentales tropezará con vacíos legales, y se prevé que será un proceso desordenado y progresivo en relación a la adopción de competencias.
Asambleístas departamentales del oficialismo y de la oposición coinciden en que es urgente la aprobación de una Ley Transitoria para un ejercicio real de las competencias legislativas. El Gobierno, por su parte, dice que no es necesario y que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) será suficiente, inicialmente.
Los problemas administrativos, la falta de la LMAD y la inexistencia de estatutos autonómicos son los principales problemas con los que al inicio deberán lidiar las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, instituidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, admite que el proceso de implementación de las autonomías será desordenado, hecho que, no obstante, no imposibilitará que las asambleas comiencen a ejercer sus competencias, pero de manera progresiva y sólo con algunas de ellas. “Lo que correspondería en un proceso absolutamente ordenado, primero, es la aprobación de sus estatutos”.
Romero arguye que las políticas señaladas en los estatutos se desarrollarán a través de medidas legislativas, que, en su criterio, son la esencia del proceso.
En cambio, el asambleísta de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) José Ivancovick dice que se requiere de una ley transitoria que autorice a la Asamblea ejercer sus competencias legislativas para el impulso real de las autonomías, aunque todavía no hayan los estatutos autonómicos. “Después de eso estaríamos habilitados para empezar a dictar leyes departamentales de carácter provisional”, asegura.
Aclara que sin ley transitoria se continuará en la vieja estructura y no habrá un real tránsito hacia una nueva institucionalidad de las gobernaciones y las asambleas departamentales.
Sin embargo, Romero señala que no ve necesario gestionar una norma transitoria, ya que con la Ley Marco de Autonomías, que será aprobada en junio, será suficiente para delegar algunas competencias. “No es que va haber un vacío jurídico para el funcionamiento de las asambleas departamentales”.
Los estatutos autonómicos, además de su elaboración, requieren pasar por el control del Tribunal Constitucional, que recién será constituido con la elección de sus autoridades en diciembre de este año.
Luego, esas cartas autonómicas deberán ser sometidas a un referendo, procedimiento que puede durar hasta el mes de junio de 2011. Mientras tanto ¿qué harán los asambleístas?, se pregunta Ivancovick.
Otra asambleísta por el partido gobernante, Bertha Barrientos, de Tarija, también expresa su preocupación porque hasta la fecha no haya una norma que establezca el funcionamiento de las asambleas legislativas. Sin embargo, dice que muchos de sus colegas están haciendo propuestas para la Ley de Autonomías.
En tanto, la legisladora de Chuquisaca, Liliana Sánchez, del MAS, asegura que desde el mes de junio habrá un cambio trascendental del significado de la administración del gobierno departamental autónomo, toda vez que es un proceso nuevo que va a tener la responsabilidad de implementar las autonomías en los departamentos.
Desde Tarija, el asambleísta por Camino al Cambio Sergio Reyes coincide con sus colegas sobre la necesidad de una ley transitoria, que facilite el manejo de recursos económicos para el ejercicio de las competencias legislativas. De lo contrario, recurriremos al amparo constitucional fáctico para ejercer las funciones que el pueblo nos ha delegado, advierte.
Los estatutos autonómicos son los instrumentos legales que pondrán en vigencia las autonomías departamentales. El artículo 271 de la CPE dice que la LMAD “regulará el procedimiento” para su elaboración.
Sin embargo, los asambleístas departamentales desconocen por el momento cuáles serán sus funciones específicas.
En algunos departamentos se han hecho reuniones preliminares de organización.
lunes, 10 de mayo de 2010
Los mineros en Huanuni ganan hasta Bs 30.000 durante el mes
Karen Gil / Huanuni, Oruro
Si la veta es buena y tiene calidad de alta ley se puede ganar desde 10.000 hasta 30.000 bolivianos mes, esto es variable, señala Manuel Pérez, secretario de relación del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de la Mina Huanuni, ubicada a 46 kilómetros de la ciudad de Oruro.
Los trabajadores de interior mina de la Empresa Minera Huanuni, que se adentran todos los días en el cerro del Posokoni, para explotar estaño, pueden acabar el mes con un salario de tres mil bolivianos, los que no tuvieron suerte; o de 25 mil, los que entraron con la fortuna de cavar en un lugar rico del yacimiento.
La ganancia del minero depende de su sacrificio, “porque si trabaja más fuerte gana más”, explica Pérez, quien señala que el trabajador entra a la mina con la incertidumbre de su salida. “Es un trabajo inhumano, a la semana mueren tres mineros y al día se presenta un accidente como mínimo”, explica.
Si bien los trabajadores de interior mina tienen un sueldo fijo por jornal, de 92 a 96 bolivianos, éste es variable en relación con la producción y los resultados que se logren durante el mes y esto depende, a su vez, de los sistemas en los que operen, que son el convencional y el selectivo.
Los que tienen la labor de abrir caminos dentro del cerro son los que operan en el sistema convencional, para lo que deben cavar aperturas de 2,20 por 2,30 metros, y también están los que se ocupan de hacer chimeneas de 1,50 por 2,20 metros para que salgan los gases tóxicos.
En esta modalidad, el minero gana por metro 400 bolivianos y, diariamente, de acuerdo con Pérez, se avanza dos metros, lo que significa que al día el trabajador puede ganar 800 y al mes sacar un salario de 24 mil bolivianos, a lo que se suma los 3.000 de sueldo fijo. Pero esto –según el dirigente– varía porque hay días que, por falta de agua y oxígeno, su avance es completamente nulo.
Una vez que los túneles están abiertos, entran en acción los mineros que trabajan en el sistema selectivo. Éstos tienen la misión de extraer vetas de estaño. Al mes deben cumplir una cuota de 1.200 toneladas de métricas finas (TMF).
Al día la cantidad extraída varía, pues existen jornadas que se logra sacar más de 100 kilos y otros que por más que cave y cave, el minero no consigue ningún producto.
Por el excedente que logra explotar el minero, se le paga de tres a cuatro bolivianos por kilo, depende si el metal es de alta ley, lo que al mes significa entre 11 y 12 mil bolivianos.
De acuerdo con los miembros del sindicato, el promedio salarial de un minero es de diez mil bolivianos; esto puede bajar hasta tres mil bolivianos, pero también subir hasta 30 mil bolivianos, incluso en épocas de mejor bonanza, el trabajador de Huanuni salió con un salario de 40 mil bolivianos. “Alguna vez en casos excepcionales han sacado hasta 40 mil bolivianos, pero eso ya no ocurre, las estructuras están bajas, ya no son como antes”, asegura el dirigente.
El país vive del auge del "metal del diablo" por la alta cotización
Página Siete / Huanuni, Oruro
El cerro Posokoni, ubicado en la población de Huanuni (Oruro), es uno de los yacimientos más importantes del “metal del diablo” o estaño, en América Latina.
Este mineral ofrece a los mineros de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), que se encarga de explotarla, entre dos y nueve millones de toneladas métricas finas (TMF) por año, lo que significa una ganancia desde dos hasta 26 millones de dólares anuales.
Estas altas ganancias se deben a que desde el año 2000, el estaño es uno de los metales más cotizados en el mercado internacional. Actualmente, el precio por libra métrica fina varía entre siete y ocho dólares.
Las utilidades de la mina, que fue nacionalizada el año 2006 tras enfrentamientos entre mineros y cooperativistas, varían de acuerdo al precio a la demanda internacional.
El gerente de la EMH, Roberto Montaño, indica que después de la nacionalización y la incorporación de los cooperativistas al sistema salarial, ha incrementando tanto la producción como las utilidades.
Explica que este año la explotación fue fructífera, a comparación de 2009, porque sólo el primer trimestre se logró ganar más de ocho millones de dólares, superior incluso al total de ganancia del año pasado, cuando se registró un poco más de dos millones de dólares. Situación que se debió a la baja cotización del estaño.
De acuerdo con la proyección realizada por la empresa, este año concluirá con una producción de 10.000 TMF de concentrado de estaño, lo que en utilidades se traduce a 15 millones de dólares.
Si bien la cantidad de utilidades netas proyectada para el presente año es elevada, no se compara con el año 2008, cuando se llegó a ganar más de 13 millones de dólares.
Las ganancias mineras de aquel entonces se reflejaba abiertamente en el pueblo.
Los pobladores de Huanuni y algunos visitantes comentan que, hace algunos años, la riqueza extraída de la mina, se sentía en el pueblo, donde alrededor de la plaza principal se lucían “hammers” y otros autos lujosos conducidos por los mineros.
El costo de vida también era caro, los electrodomésticos eran costosos, al igual que las bebidas alcohólicas que se consumían.
En la actualidad, no es tan visible los efectos de los altos salarios que perciben los mineros, que varían de tres mil a 30 mil bolivianos. Pero aún así, los mineros están conscientes de la buena racha de la producción minera.
No obstante, las regalías mineras no aumentaron, ni benefician directamente a la región. El año 2007 el monto de regalías fue de 2,94 millones de dólares, mientras que en el 2009 alcanzó a 3,35 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Minería.
Si la veta es buena y tiene calidad de alta ley se puede ganar desde 10.000 hasta 30.000 bolivianos mes, esto es variable, señala Manuel Pérez, secretario de relación del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de la Mina Huanuni, ubicada a 46 kilómetros de la ciudad de Oruro.
Los trabajadores de interior mina de la Empresa Minera Huanuni, que se adentran todos los días en el cerro del Posokoni, para explotar estaño, pueden acabar el mes con un salario de tres mil bolivianos, los que no tuvieron suerte; o de 25 mil, los que entraron con la fortuna de cavar en un lugar rico del yacimiento.
La ganancia del minero depende de su sacrificio, “porque si trabaja más fuerte gana más”, explica Pérez, quien señala que el trabajador entra a la mina con la incertidumbre de su salida. “Es un trabajo inhumano, a la semana mueren tres mineros y al día se presenta un accidente como mínimo”, explica.
Si bien los trabajadores de interior mina tienen un sueldo fijo por jornal, de 92 a 96 bolivianos, éste es variable en relación con la producción y los resultados que se logren durante el mes y esto depende, a su vez, de los sistemas en los que operen, que son el convencional y el selectivo.
Los que tienen la labor de abrir caminos dentro del cerro son los que operan en el sistema convencional, para lo que deben cavar aperturas de 2,20 por 2,30 metros, y también están los que se ocupan de hacer chimeneas de 1,50 por 2,20 metros para que salgan los gases tóxicos.
En esta modalidad, el minero gana por metro 400 bolivianos y, diariamente, de acuerdo con Pérez, se avanza dos metros, lo que significa que al día el trabajador puede ganar 800 y al mes sacar un salario de 24 mil bolivianos, a lo que se suma los 3.000 de sueldo fijo. Pero esto –según el dirigente– varía porque hay días que, por falta de agua y oxígeno, su avance es completamente nulo.
Una vez que los túneles están abiertos, entran en acción los mineros que trabajan en el sistema selectivo. Éstos tienen la misión de extraer vetas de estaño. Al mes deben cumplir una cuota de 1.200 toneladas de métricas finas (TMF).
Al día la cantidad extraída varía, pues existen jornadas que se logra sacar más de 100 kilos y otros que por más que cave y cave, el minero no consigue ningún producto.
Por el excedente que logra explotar el minero, se le paga de tres a cuatro bolivianos por kilo, depende si el metal es de alta ley, lo que al mes significa entre 11 y 12 mil bolivianos.
De acuerdo con los miembros del sindicato, el promedio salarial de un minero es de diez mil bolivianos; esto puede bajar hasta tres mil bolivianos, pero también subir hasta 30 mil bolivianos, incluso en épocas de mejor bonanza, el trabajador de Huanuni salió con un salario de 40 mil bolivianos. “Alguna vez en casos excepcionales han sacado hasta 40 mil bolivianos, pero eso ya no ocurre, las estructuras están bajas, ya no son como antes”, asegura el dirigente.
El país vive del auge del "metal del diablo" por la alta cotización
Página Siete / Huanuni, Oruro
El cerro Posokoni, ubicado en la población de Huanuni (Oruro), es uno de los yacimientos más importantes del “metal del diablo” o estaño, en América Latina.
Este mineral ofrece a los mineros de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), que se encarga de explotarla, entre dos y nueve millones de toneladas métricas finas (TMF) por año, lo que significa una ganancia desde dos hasta 26 millones de dólares anuales.
Estas altas ganancias se deben a que desde el año 2000, el estaño es uno de los metales más cotizados en el mercado internacional. Actualmente, el precio por libra métrica fina varía entre siete y ocho dólares.
Las utilidades de la mina, que fue nacionalizada el año 2006 tras enfrentamientos entre mineros y cooperativistas, varían de acuerdo al precio a la demanda internacional.
El gerente de la EMH, Roberto Montaño, indica que después de la nacionalización y la incorporación de los cooperativistas al sistema salarial, ha incrementando tanto la producción como las utilidades.
Explica que este año la explotación fue fructífera, a comparación de 2009, porque sólo el primer trimestre se logró ganar más de ocho millones de dólares, superior incluso al total de ganancia del año pasado, cuando se registró un poco más de dos millones de dólares. Situación que se debió a la baja cotización del estaño.
De acuerdo con la proyección realizada por la empresa, este año concluirá con una producción de 10.000 TMF de concentrado de estaño, lo que en utilidades se traduce a 15 millones de dólares.
Si bien la cantidad de utilidades netas proyectada para el presente año es elevada, no se compara con el año 2008, cuando se llegó a ganar más de 13 millones de dólares.
Las ganancias mineras de aquel entonces se reflejaba abiertamente en el pueblo.
Los pobladores de Huanuni y algunos visitantes comentan que, hace algunos años, la riqueza extraída de la mina, se sentía en el pueblo, donde alrededor de la plaza principal se lucían “hammers” y otros autos lujosos conducidos por los mineros.
El costo de vida también era caro, los electrodomésticos eran costosos, al igual que las bebidas alcohólicas que se consumían.
En la actualidad, no es tan visible los efectos de los altos salarios que perciben los mineros, que varían de tres mil a 30 mil bolivianos. Pero aún así, los mineros están conscientes de la buena racha de la producción minera.
No obstante, las regalías mineras no aumentaron, ni benefician directamente a la región. El año 2007 el monto de regalías fue de 2,94 millones de dólares, mientras que en el 2009 alcanzó a 3,35 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Minería.
viernes, 7 de mayo de 2010
La Alcaldía sugiere usar estructuras antisísmicas en los edificios
Marco Fernández / La Paz
La Alcaldía de La Paz recomienda que todas las edificaciones que tengan más de cinco pisos usen estructuras antisísmicas, basadas en un estudio previo.
Esta norma fue incluida en la Ordenanza Municipal 070/2010, respecto de las normas de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA).
Para construir una edificación, primero se debe realizar un estudio sobre la estabilidad de los suelos. La presentación de este documento es un requisito obligatorio para la aprobación de planos de construcción. Pero en los hechos esto no se cumple.
El concejal paceño David Barrientos dijo que es imposible vigilar todas las edificaciones porque la Alcaldía no cuenta con un fiscal asignado para esta tarea.
Explicación
Aclaró que las estructuras antisísmicas dependen de la zona donde se encuentra el edificio.
En algunos lugares de la urbe, el suelo no puede resistir construcciones muy pesadas.
La autoridad identificó a Miraflores, la avenida Busch, el centro paceño, parte de Sopocachi y la avenida Ballivián (en Calacoto) como los sectores más seguros para la construcción.
No obstante, explicó que se puede construir en cualquier zona y que sólo depende de los estudios de los ingenieros civiles y geólogos, quienes deben tomar en cuenta las siguientes características: la composición geológica y la capacidad portante del suelo, además de los agentes climáticos (como el viento), para prever cualquier eventualidad.
“La comuna no puede definir cómo deben ser las estructuras antisísmicas, porque la construcción depende de la voluntad del propietario”, dijo Barrientos, quien agregó que en muchas ocasiones se evita este estudio para abaratar los costos.
La autoridad dijo que la estructura debe estar arriostrada o encadenada, es decir que los cimientos estén unidos por una cadena de hormigón armado, para que, si hubiese un sismo, el edificio no se caiga, sino que sólo se mueva sin dañar la estructura.
La Alcaldía de La Paz recomienda que todas las edificaciones que tengan más de cinco pisos usen estructuras antisísmicas, basadas en un estudio previo.
Esta norma fue incluida en la Ordenanza Municipal 070/2010, respecto de las normas de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA).
Para construir una edificación, primero se debe realizar un estudio sobre la estabilidad de los suelos. La presentación de este documento es un requisito obligatorio para la aprobación de planos de construcción. Pero en los hechos esto no se cumple.
El concejal paceño David Barrientos dijo que es imposible vigilar todas las edificaciones porque la Alcaldía no cuenta con un fiscal asignado para esta tarea.
Explicación
Aclaró que las estructuras antisísmicas dependen de la zona donde se encuentra el edificio.
En algunos lugares de la urbe, el suelo no puede resistir construcciones muy pesadas.
La autoridad identificó a Miraflores, la avenida Busch, el centro paceño, parte de Sopocachi y la avenida Ballivián (en Calacoto) como los sectores más seguros para la construcción.
No obstante, explicó que se puede construir en cualquier zona y que sólo depende de los estudios de los ingenieros civiles y geólogos, quienes deben tomar en cuenta las siguientes características: la composición geológica y la capacidad portante del suelo, además de los agentes climáticos (como el viento), para prever cualquier eventualidad.
“La comuna no puede definir cómo deben ser las estructuras antisísmicas, porque la construcción depende de la voluntad del propietario”, dijo Barrientos, quien agregó que en muchas ocasiones se evita este estudio para abaratar los costos.
La autoridad dijo que la estructura debe estar arriostrada o encadenada, es decir que los cimientos estén unidos por una cadena de hormigón armado, para que, si hubiese un sismo, el edificio no se caiga, sino que sólo se mueva sin dañar la estructura.
Antonio Costas: “Una sola vez pensé en renunciar”
A él se le recordará por haber propiciado la elección de asambleístas plurinacionales, gobernadores, consejeros o alcaldes y concejales en listas separadas.
Luis Mealla / La Paz
Muy sereno, Antonio Costas, presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) se acomodó en su escritorio, cruzó los brazos y abrió, no sólo la mente, sino sus sentimientos para hablar con Página Siete.
Ingeniero informático, aseguró estar con la conciencia tranquila y con el orgullo de haber cumplido a cabalidad su tarea en varios comicios electorales, coincidentemente con las reformas del Estado.
Dijo que uno de sus mayores logros fue construir un moderno padrón biométrico.
“Sentí una emoción tan grande como cuando nacieron mis tres hijas y luego mi nieto, o cuando me casé”.
Pero Costas admitió que durante su gestión no todo fue fácil. Es que incluso estuvo a punto de renunciar.
“Una sola vez pensé en renunciar. Previa a la promulgación de la Ley 4021, se planteaban varias alternativas para hacer el padrón electoral y una de ellas era una reinscripción general en los mismo libros y con los mismos documentos. Eso era un engaño, porque eran los viejos problemas a los nuevos libros”.
¿Qué propuso?
Planteé que la única solución viable era el biométrico, y como la probabilidad de aprobar mi proyecto era tan baja, dije que lo mejor era dar un paso al costado para que después no digan que fui incapaz de construir un buen padrón. Fue en abril de 2009, cuando se discutía la ley, pero luego ganó el proyecto y pudo nacer el biométrico.
¿Cómo cambió su vida?
Sabía que estar en la Presidencia de la Corte iba a ser un camino difícil, pero había que cumplir una misión y al final siempre queda la satisfacción del deber cumplido. Ese 15 de octubre de 2009, cuando se cerraba el registro biométrico, fue uno de los días más felices de mi vida.
¿Qué sacrificios hizo?
Más que sacrificio, renuncié a muchas cosas, entre ellas el tiempo con mi familia; pero mi esposa y mis hijas entendieron, ellas saben, al igual que yo, que llevar adelante una empresa demanda dedicación, esfuerzo, capacidad, todo el intelecto y la formación profesional, incluso astucia y sagacidad para vencer las pruebas. No hubo sacrificios, porque el sacrificio es sinónimo de hacer algo cuando no te gusta.
¿Le exigieron mucho?
Desde 2005, la Corte administró al menos siete procesos electorales y en todos demostramos la vocación para ganar la confianza ciudadana, porque el voto de la persona elige y eso transforma el país, pero cuando algunos no tienen el resultado de la votación que esperaban, reclaman y tratan de justificar lo injustificable, generando conflicto.
¿Caprichos políticos?
No fueron presiones ni caprichos políticos, fueron disposiciones legales que marcaron un periodo de cambio; aunque el (referendo) revocatorio de 2008 fue un experimento más que algo coherente, pero válido porque establece una medida para que el ciudadano demande, a través del voto, que sus autoridades cumplan la oferta electoral y tengan una herramienta para revocar a la autoridad que se duerme en sus laureles.
¿Le alcanzó el tiempo?
Éste es un cargo de mucho compromiso, incluso los domingos, y durante este tiempo son muy pocos los días que no trabajé, como en los viajes o durante las fiestas de fin de año. Es una institución a la que se le exige mucho. Una muestra fueron las elecciones de abril, cuando hicimos más de 11,5 millones de papeletas y 478 modelos. Las imprentas al principio lo hicieron con mucho empeño, pero cuando vieron la magnitud, creo que pensaron que debieron haber cobrado un poco más.
¿Volvería a postularse?
Es una decisión de las autoridades y todavía soy presidente y quizá siga siéndolo.
¿Por qué quiso ser vocal?
Soy un hombre de retos y toda mi vida me gustó enfrentarlos y, desde 1996, que entré a la Corte, quise resolver, estudiando 12 años, los problemas documentales, los sistemas electorales y las autoridades que están detrás.
¿Es manejable el sistema?
El sistema electoral de Bolivia es muy manejable, pese a estar confrontado porque la contienda es así y, muchas veces, no respeta al ser humano. El político puede ser un día el héroe y al otro ser el villano.
¿Cómo se siente ahora?
Administramos las elecciones que cambiaron la estructura del país y me siento bien porque se cumplió lo que dice la norma. No hubo intereses subterráneos como muchos piensan y hubo cambios importantes, entre ellos que las cortes departamentales, por primera vez, entregarán credenciales a gobernadores, alcaldes, asambleístas, porque, según la norma, antes sólo daban credenciales a concejales. Hay una resolución que se emitió para tal efecto porque, en el buen sentido de la palabra, al ser organismos autónomos pueden coronar ese esfuerzo luego del hito electoral histórico.
En un minuto
¿Quién compra las camisas?
Julia, mi esposa, mi linda chapaca, y también las plancha.
¿Y problemas hogareños?
Por lo general, mis hijas no se pelean, y el árbitro es el diálogo, y evitamos los rencores.
¿Como le gusta el café?
Ralito y poco dulce.
¿Qué quiso ser de niño?
Agente secreto o espía porque veía mucho James Bond.
¿Evo Morales?
Siento mucho respeto por su persona.
¿Rubén Costas?
No lo conozco, pero creo que es una persona que quiere que su pueblo marche y se desarrolle con bienestar.
¿Hugo Chávez?
Habla mucho.
¿Hincha?
Del Bolívar y Unión Central.
¿La última vez que lloró?
No lloro. Alguna vez lagrimeo cuando canto el himno ,y mi mayor tesoro es mi familia, por la que sigo aquí luchando y asumiendo una gran responsabilidad .
Hoja de vida
Inicios Nació en Santa Cruz el 24 de marzo de 1957 y estudió en el Colegio Don Bosco - Sucre.
Estudios Estudió primero ingeniería química en la universidad San Francisco Xavier y luego ingeniería de sistemas en la EMI.
Vida Se casó en 1983, cuando aún estudiaba. Tiene tres hijas, 25, 21 y 19, y un nieto.
Luis Mealla / La Paz
Muy sereno, Antonio Costas, presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) se acomodó en su escritorio, cruzó los brazos y abrió, no sólo la mente, sino sus sentimientos para hablar con Página Siete.
Ingeniero informático, aseguró estar con la conciencia tranquila y con el orgullo de haber cumplido a cabalidad su tarea en varios comicios electorales, coincidentemente con las reformas del Estado.
Dijo que uno de sus mayores logros fue construir un moderno padrón biométrico.
“Sentí una emoción tan grande como cuando nacieron mis tres hijas y luego mi nieto, o cuando me casé”.
Pero Costas admitió que durante su gestión no todo fue fácil. Es que incluso estuvo a punto de renunciar.
“Una sola vez pensé en renunciar. Previa a la promulgación de la Ley 4021, se planteaban varias alternativas para hacer el padrón electoral y una de ellas era una reinscripción general en los mismo libros y con los mismos documentos. Eso era un engaño, porque eran los viejos problemas a los nuevos libros”.
¿Qué propuso?
Planteé que la única solución viable era el biométrico, y como la probabilidad de aprobar mi proyecto era tan baja, dije que lo mejor era dar un paso al costado para que después no digan que fui incapaz de construir un buen padrón. Fue en abril de 2009, cuando se discutía la ley, pero luego ganó el proyecto y pudo nacer el biométrico.
¿Cómo cambió su vida?
Sabía que estar en la Presidencia de la Corte iba a ser un camino difícil, pero había que cumplir una misión y al final siempre queda la satisfacción del deber cumplido. Ese 15 de octubre de 2009, cuando se cerraba el registro biométrico, fue uno de los días más felices de mi vida.
¿Qué sacrificios hizo?
Más que sacrificio, renuncié a muchas cosas, entre ellas el tiempo con mi familia; pero mi esposa y mis hijas entendieron, ellas saben, al igual que yo, que llevar adelante una empresa demanda dedicación, esfuerzo, capacidad, todo el intelecto y la formación profesional, incluso astucia y sagacidad para vencer las pruebas. No hubo sacrificios, porque el sacrificio es sinónimo de hacer algo cuando no te gusta.
¿Le exigieron mucho?
Desde 2005, la Corte administró al menos siete procesos electorales y en todos demostramos la vocación para ganar la confianza ciudadana, porque el voto de la persona elige y eso transforma el país, pero cuando algunos no tienen el resultado de la votación que esperaban, reclaman y tratan de justificar lo injustificable, generando conflicto.
¿Caprichos políticos?
No fueron presiones ni caprichos políticos, fueron disposiciones legales que marcaron un periodo de cambio; aunque el (referendo) revocatorio de 2008 fue un experimento más que algo coherente, pero válido porque establece una medida para que el ciudadano demande, a través del voto, que sus autoridades cumplan la oferta electoral y tengan una herramienta para revocar a la autoridad que se duerme en sus laureles.
¿Le alcanzó el tiempo?
Éste es un cargo de mucho compromiso, incluso los domingos, y durante este tiempo son muy pocos los días que no trabajé, como en los viajes o durante las fiestas de fin de año. Es una institución a la que se le exige mucho. Una muestra fueron las elecciones de abril, cuando hicimos más de 11,5 millones de papeletas y 478 modelos. Las imprentas al principio lo hicieron con mucho empeño, pero cuando vieron la magnitud, creo que pensaron que debieron haber cobrado un poco más.
¿Volvería a postularse?
Es una decisión de las autoridades y todavía soy presidente y quizá siga siéndolo.
¿Por qué quiso ser vocal?
Soy un hombre de retos y toda mi vida me gustó enfrentarlos y, desde 1996, que entré a la Corte, quise resolver, estudiando 12 años, los problemas documentales, los sistemas electorales y las autoridades que están detrás.
¿Es manejable el sistema?
El sistema electoral de Bolivia es muy manejable, pese a estar confrontado porque la contienda es así y, muchas veces, no respeta al ser humano. El político puede ser un día el héroe y al otro ser el villano.
¿Cómo se siente ahora?
Administramos las elecciones que cambiaron la estructura del país y me siento bien porque se cumplió lo que dice la norma. No hubo intereses subterráneos como muchos piensan y hubo cambios importantes, entre ellos que las cortes departamentales, por primera vez, entregarán credenciales a gobernadores, alcaldes, asambleístas, porque, según la norma, antes sólo daban credenciales a concejales. Hay una resolución que se emitió para tal efecto porque, en el buen sentido de la palabra, al ser organismos autónomos pueden coronar ese esfuerzo luego del hito electoral histórico.
En un minuto
¿Quién compra las camisas?
Julia, mi esposa, mi linda chapaca, y también las plancha.
¿Y problemas hogareños?
Por lo general, mis hijas no se pelean, y el árbitro es el diálogo, y evitamos los rencores.
¿Como le gusta el café?
Ralito y poco dulce.
¿Qué quiso ser de niño?
Agente secreto o espía porque veía mucho James Bond.
¿Evo Morales?
Siento mucho respeto por su persona.
¿Rubén Costas?
No lo conozco, pero creo que es una persona que quiere que su pueblo marche y se desarrolle con bienestar.
¿Hugo Chávez?
Habla mucho.
¿Hincha?
Del Bolívar y Unión Central.
¿La última vez que lloró?
No lloro. Alguna vez lagrimeo cuando canto el himno ,y mi mayor tesoro es mi familia, por la que sigo aquí luchando y asumiendo una gran responsabilidad .
Hoja de vida
Inicios Nació en Santa Cruz el 24 de marzo de 1957 y estudió en el Colegio Don Bosco - Sucre.
Estudios Estudió primero ingeniería química en la universidad San Francisco Xavier y luego ingeniería de sistemas en la EMI.
Vida Se casó en 1983, cuando aún estudiaba. Tiene tres hijas, 25, 21 y 19, y un nieto.
Alcalde electo apoya a la COB y rechaza 5%
Mariana Pérez / Página Siete
Édgar Patana, alcalde alteño electo por el MAS y aún ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), rechazó ayer el incremento salarial del cinco por ciento dispuesto por el Gobierno de Evo Morales y anunció el apoyo a las medidas de presión que realiza la Central Obrera Boliviana (COB).
El ejecutivo sindical manifestó que el incremento salarial no satisface las necesidades de los trabajadores y que el gobierno tendría que revisar la medida para beneficio de todos. “Este incrementó no refleja las necesidades que tiene el trabajador para subsistir y mantener a su familia”, dijo Patana a Página Siete.
Dijo que la COR, también, continuará apoyando al ente matriz de los trabajadores en todos y cada uno de sus actos, acorde a lo determinado en el último ampliado del sector.
La COB, a su turno, anunció que a partir de la fecha se radicalizarán las medidas de presión, pese a la división interna que existe en la entidad que agrupa a los trabajadores del país.
Por su parte, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia tiene previsto para hoy y el próximo martes realizar marchas, sin suspensión de actividades, en todo el país. Mientras que el sector fabril anunció que 70 personas más se sumarán a la huelga de hambre instalada en su sede en La Paz hace diez días. Jorge Valdivieso, representante de los maestros, manifestó que la posición de sus afiliados no es negociable y que no cederán en su postura. “Volveremos a las calles”, dijo, recordando que dicha disposición fue aprobada en la reunión de federaciones que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, hace dos días atrás.
Ayer, todo el personal de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) marchó para defender su autonomía universitaria y exigieron mayor presupuesto al Gobierno.
La COB convoca a una marcha desde Caracollo y a un paro indefinido
Agencias / La Paz
Un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó anoche iniciar un paro general indefinido desde el 10 de mayo, y a la vez la realización de una marcha que partirá a las 09:00 desde la población de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz, en demanda de incremento salarial mayor al 5 por ciento y una nueva Ley de Pensiones.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, quien se sumó a las medidas de protesta presionado por las bases, dijo que en el ampliado sólo tenía que evaluar el paro de los fabriles del pasado martes, pero el mismo concluyó convocando a una marcha denominada “por el salario y la renta de jubilación digna”.
En tanto que el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, aseguró que la marcha será pacífica, pero que si el Gobierno usa la fuerza para reprimirla se defenderán. “Si al Gobierno no le da la gana de atendernos, nos atendremos a las consecuencias. Nosotros haremos nuestra marcha revolucionaria y el Gobierno tendrá que definir, porque decir que no (al aumento salarial) es actuar como Goni”, añadió Solares.
A pesar de ello, no descartan la posibilidad de dialogar con el ejecutivo siempre que sea para revisar el incremento. En tanto, los fabriles anuncian masificar su huelga de hambre.
Édgar Patana, alcalde alteño electo por el MAS y aún ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), rechazó ayer el incremento salarial del cinco por ciento dispuesto por el Gobierno de Evo Morales y anunció el apoyo a las medidas de presión que realiza la Central Obrera Boliviana (COB).
El ejecutivo sindical manifestó que el incremento salarial no satisface las necesidades de los trabajadores y que el gobierno tendría que revisar la medida para beneficio de todos. “Este incrementó no refleja las necesidades que tiene el trabajador para subsistir y mantener a su familia”, dijo Patana a Página Siete.
Dijo que la COR, también, continuará apoyando al ente matriz de los trabajadores en todos y cada uno de sus actos, acorde a lo determinado en el último ampliado del sector.
La COB, a su turno, anunció que a partir de la fecha se radicalizarán las medidas de presión, pese a la división interna que existe en la entidad que agrupa a los trabajadores del país.
Por su parte, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia tiene previsto para hoy y el próximo martes realizar marchas, sin suspensión de actividades, en todo el país. Mientras que el sector fabril anunció que 70 personas más se sumarán a la huelga de hambre instalada en su sede en La Paz hace diez días. Jorge Valdivieso, representante de los maestros, manifestó que la posición de sus afiliados no es negociable y que no cederán en su postura. “Volveremos a las calles”, dijo, recordando que dicha disposición fue aprobada en la reunión de federaciones que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, hace dos días atrás.
Ayer, todo el personal de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) marchó para defender su autonomía universitaria y exigieron mayor presupuesto al Gobierno.
La COB convoca a una marcha desde Caracollo y a un paro indefinido
Agencias / La Paz
Un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó anoche iniciar un paro general indefinido desde el 10 de mayo, y a la vez la realización de una marcha que partirá a las 09:00 desde la población de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz, en demanda de incremento salarial mayor al 5 por ciento y una nueva Ley de Pensiones.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, quien se sumó a las medidas de protesta presionado por las bases, dijo que en el ampliado sólo tenía que evaluar el paro de los fabriles del pasado martes, pero el mismo concluyó convocando a una marcha denominada “por el salario y la renta de jubilación digna”.
En tanto que el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, aseguró que la marcha será pacífica, pero que si el Gobierno usa la fuerza para reprimirla se defenderán. “Si al Gobierno no le da la gana de atendernos, nos atendremos a las consecuencias. Nosotros haremos nuestra marcha revolucionaria y el Gobierno tendrá que definir, porque decir que no (al aumento salarial) es actuar como Goni”, añadió Solares.
A pesar de ello, no descartan la posibilidad de dialogar con el ejecutivo siempre que sea para revisar el incremento. En tanto, los fabriles anuncian masificar su huelga de hambre.
El MAS quiere un Órgano Electoral nuevo hasta agosto
Boris Miranda / La Paz
El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere renovar a todas las autoridades electorales hasta agosto para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial, convocada para el 5 de diciembre.
El proyecto oficialista de Ley del Órgano Electoral, que obtuvo Página Siete de fuentes oficiales, determina en su tercera disposición transitoria que “los actuales vocales nacionales y departamentales cesarán sus funciones 60 días después de que se ponga en vigencia la ley”.
Además, el proyecto ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional designar a seis vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el mismo plazo.
El senador del MAS Eugenio Rojas anunció que se tiene pensado cambiar a todas las autoridades departamentales y nacionales hasta el 15 de agosto. El motivo del relevo total —explicó el legislador— es que debe existir un Órgano Electoral conformado antes de septiembre, para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial.
La entidad que reemplazará a la CNE contará con siete miembros, de los cuales seis serán designados por el Órgano Legislativo y uno por el Presidente del Estado. Dos de ellos deben ser de pueblos indígenas y, del total, tres deberán ser mujeres.
La Asamblea Plurinacional deberá realizar la convocatoria y la calificación para cumplir con los plazos. La Constitución Política del Estado dispone que la forma de elección de los futuros miembros del TSE será la misma que se utiliza para elegir al Defensor del Pueblo, con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes (artículo 206).
El Presidente nombrará al séptimo miembro del TSE a través de un decreto supremo.
En el caso de los vocales de los tribunales departamentales electorales, las asambleas legislativas departamentales deberán presentar ternas para cada uno de los miembros (cinco por cada región), de las cuales la Cámara de Diputados hará la selección por dos tercios de los votos de los miembros presentes.
El titular de la Corte Electoral, Antonio Costas, consultado por Página Siete afirmó que no se aferrará al puesto. “Tengo un mandato hasta el 18 de diciembre de 2012, pero no pienso aferrarme a ningún cargo siempre y cuando exista una ley que disponga la transición”, dijo.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere renovar a todas las autoridades electorales hasta agosto para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial, convocada para el 5 de diciembre.
El proyecto oficialista de Ley del Órgano Electoral, que obtuvo Página Siete de fuentes oficiales, determina en su tercera disposición transitoria que “los actuales vocales nacionales y departamentales cesarán sus funciones 60 días después de que se ponga en vigencia la ley”.
Además, el proyecto ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional designar a seis vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el mismo plazo.
El senador del MAS Eugenio Rojas anunció que se tiene pensado cambiar a todas las autoridades departamentales y nacionales hasta el 15 de agosto. El motivo del relevo total —explicó el legislador— es que debe existir un Órgano Electoral conformado antes de septiembre, para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial.
La entidad que reemplazará a la CNE contará con siete miembros, de los cuales seis serán designados por el Órgano Legislativo y uno por el Presidente del Estado. Dos de ellos deben ser de pueblos indígenas y, del total, tres deberán ser mujeres.
La Asamblea Plurinacional deberá realizar la convocatoria y la calificación para cumplir con los plazos. La Constitución Política del Estado dispone que la forma de elección de los futuros miembros del TSE será la misma que se utiliza para elegir al Defensor del Pueblo, con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes (artículo 206).
El Presidente nombrará al séptimo miembro del TSE a través de un decreto supremo.
En el caso de los vocales de los tribunales departamentales electorales, las asambleas legislativas departamentales deberán presentar ternas para cada uno de los miembros (cinco por cada región), de las cuales la Cámara de Diputados hará la selección por dos tercios de los votos de los miembros presentes.
El titular de la Corte Electoral, Antonio Costas, consultado por Página Siete afirmó que no se aferrará al puesto. “Tengo un mandato hasta el 18 de diciembre de 2012, pero no pienso aferrarme a ningún cargo siempre y cuando exista una ley que disponga la transición”, dijo.
La Unión Europea pide negociar para fijar indemnizaciones
Página Siete / La Paz
El embajador de la Unión Europea (UE), Kenneth Bell, exigió ayer al Gobierno negociar con las empresas europeas que administraban las generadoras de electricidad y una indemnización justa y amigable para evitar posibles dificultades.
“Pedimos solamente que haya una compensación justa y que hayan negociaciones para resolver las cuestiones de estas indemnizaciones y recompensas de manera amigable, para evitar cualquier otra dificultad que pudiera haber en el ámbito legal, lo que, por ejemplo, podría resultar muy costoso”, dijo Bell en declaraciones exclusivas a Página Siete.
El presidente Evo Morales nacionalizó el sábado tres empresas de electricidad gestionadas por consorcios privados de Francia, Gran Bretaña y Bolivia, que antes fueron del Estado boliviano. Se trata de Corani, controlada por Inversiones Econergy Bolivia SA (subsidiaria de la francesa GDF Suez), Guaracachi, en manos de la británica Ruelec PLC, y Valle Hermoso, gestionada por el consorcio boliviano Bolivian Generating Group. El Estado francés controla el 35,7% de GDF-Suez, que a su vez tenía el 50% de la central Corani. Bell explicó que las “políticas de nacionalización (en Bolivia) no nos extrañan, puesto que en varios países de Europa hemos aplicado políticas de nacionalización.
El caso más reciente es el de la crisis financiera que ha obligado a varios países a nacionalizar los bancos para salvarlos”. Por tanto, dijo, “es una política legítima y el Estado boliviano puede tomar soberanamente estas determinaciones con respecto a la propiedad pública”.
La tarde del miércoles, el vicepresidente Ávaro García Linera sostuvo que “nuestra valuación, no hecha por el Gobierno, sino por una empresa externa de alto prestigio, nos marcaba un precio de las acciones y las empresas dueñas de esas acciones que querían el doble o el triple. Imposible. Nosotros no podemos pagar un solo centavo más allá de lo que una valuación externa y seria nos permite”.
También el miércoles, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que un estudio de las acciones nacionalizadas en las tres firmas establece un precio de 50 millones de dólares en total, “sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas”. Bell afirmó que Bolivia vive una estabilidad política desde el 2006.
Gobierno anuncia que pagará por nacionalizaciones desde 2006
Página Siete / La Paz
El Gobierno anunció que destinará un máximo de 1.000 millones de dólares para indemnizar a todas las empresas extranjeras, entre ellas inglesas, francesas, españolas e italianas, que fueron nacionalizadas desde el 2006, dijo el miércoles el vicepresidente Álvaro García.
“En el peor de los casos y estoy exagerando va a llegar a los 1.000 millones de dólares” el monto de indemnización”, afirmó García.
Desde su llegada al poder en enero del 2006, el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó empresas productoras y comercializadoras de gas, el sistema hidroeléctrico, una de telecomunicaciones y dos fundidoras de metales. Las empresas extranjeras cuyas acciones fueron nacionalizadas fueron las hidrocarburíferas Repsol-YPF (española-argentina), Shell (Gran Bretaña), Petrobras (Brasil), Graña-Montero (Perú-Alemania), British Petroleum (Gran Bretaña), la telecomunicadora Telecom (Italia), la minera Glencore (Suiza), y las hidroeléctricas Inversiones Econergy Bolivia SA (Francia) y Rurelec (Gran Bretaña). El Gobierno logró acuerdos con algunas de ellas y otras mantienen litigios en tribunales arbitrales del Banco Mundial, aunque -según el vicepresidente- a ninguna se les canceló por sus acciones.
García dijo que la nacionalización de las eléctricas el fin de semana se produjo después de un año de infructuosas negociaciones, ya que las empresas demandaban indemnizaciones.
El embajador de la Unión Europea (UE), Kenneth Bell, exigió ayer al Gobierno negociar con las empresas europeas que administraban las generadoras de electricidad y una indemnización justa y amigable para evitar posibles dificultades.
“Pedimos solamente que haya una compensación justa y que hayan negociaciones para resolver las cuestiones de estas indemnizaciones y recompensas de manera amigable, para evitar cualquier otra dificultad que pudiera haber en el ámbito legal, lo que, por ejemplo, podría resultar muy costoso”, dijo Bell en declaraciones exclusivas a Página Siete.
El presidente Evo Morales nacionalizó el sábado tres empresas de electricidad gestionadas por consorcios privados de Francia, Gran Bretaña y Bolivia, que antes fueron del Estado boliviano. Se trata de Corani, controlada por Inversiones Econergy Bolivia SA (subsidiaria de la francesa GDF Suez), Guaracachi, en manos de la británica Ruelec PLC, y Valle Hermoso, gestionada por el consorcio boliviano Bolivian Generating Group. El Estado francés controla el 35,7% de GDF-Suez, que a su vez tenía el 50% de la central Corani. Bell explicó que las “políticas de nacionalización (en Bolivia) no nos extrañan, puesto que en varios países de Europa hemos aplicado políticas de nacionalización.
El caso más reciente es el de la crisis financiera que ha obligado a varios países a nacionalizar los bancos para salvarlos”. Por tanto, dijo, “es una política legítima y el Estado boliviano puede tomar soberanamente estas determinaciones con respecto a la propiedad pública”.
La tarde del miércoles, el vicepresidente Ávaro García Linera sostuvo que “nuestra valuación, no hecha por el Gobierno, sino por una empresa externa de alto prestigio, nos marcaba un precio de las acciones y las empresas dueñas de esas acciones que querían el doble o el triple. Imposible. Nosotros no podemos pagar un solo centavo más allá de lo que una valuación externa y seria nos permite”.
También el miércoles, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que un estudio de las acciones nacionalizadas en las tres firmas establece un precio de 50 millones de dólares en total, “sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas”. Bell afirmó que Bolivia vive una estabilidad política desde el 2006.
Gobierno anuncia que pagará por nacionalizaciones desde 2006
Página Siete / La Paz
El Gobierno anunció que destinará un máximo de 1.000 millones de dólares para indemnizar a todas las empresas extranjeras, entre ellas inglesas, francesas, españolas e italianas, que fueron nacionalizadas desde el 2006, dijo el miércoles el vicepresidente Álvaro García.
“En el peor de los casos y estoy exagerando va a llegar a los 1.000 millones de dólares” el monto de indemnización”, afirmó García.
Desde su llegada al poder en enero del 2006, el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó empresas productoras y comercializadoras de gas, el sistema hidroeléctrico, una de telecomunicaciones y dos fundidoras de metales. Las empresas extranjeras cuyas acciones fueron nacionalizadas fueron las hidrocarburíferas Repsol-YPF (española-argentina), Shell (Gran Bretaña), Petrobras (Brasil), Graña-Montero (Perú-Alemania), British Petroleum (Gran Bretaña), la telecomunicadora Telecom (Italia), la minera Glencore (Suiza), y las hidroeléctricas Inversiones Econergy Bolivia SA (Francia) y Rurelec (Gran Bretaña). El Gobierno logró acuerdos con algunas de ellas y otras mantienen litigios en tribunales arbitrales del Banco Mundial, aunque -según el vicepresidente- a ninguna se les canceló por sus acciones.
García dijo que la nacionalización de las eléctricas el fin de semana se produjo después de un año de infructuosas negociaciones, ya que las empresas demandaban indemnizaciones.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
