Página Siete/ La Paz
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –Previsión, controlada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, y Futuro, por el grupo Zúrich Financial Service, de Suiza- pasarán al control gubernamental una vez que la nueva Ley de Pensiones sea aprobada por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo.
“Hubo una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si los actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos”, argumentó en rueda de prensa.
García afirmó que “hay una preocupación de la clase trabajadora en torno a su jubilación, la respuesta que da el Gobierno es ampliando los derechos. La gente se jubilará a los 58 años y esto es sostenible, el aporte patronal y laboral vuelven sostenible una jubilación a los 58 años”, dijo.
Explicó que el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Ejecutivo respetará y mantendrá los aportes individuales de los trabajadores que están en cuentas de las AFP. “Hay más de un millón 200 mil aportantes que tienen sus cuentas individuales y eso se va a mantener, ese dinero no se toca, es un dinero de ahorro de los propios trabajadores, y el Gobierno es respetuoso de ese ahorro personal”, sostuvo.
Respecto a la existencia de las AFP, García dijo que la Constitución establece que la administración del Fondo de Pensiones de los trabajadores debe estar a cargo del propio Estado. “Por lo tanto se creará un tipo de institucionalidad responsable, seria y con capacidad de autonomía, que vigile la buena administración de ahorro de los aportes individuales de los trabajadores”.
Anticipó que “es una ley que establece una renta universal, es aplicable para todos, para trabajadores del campo, para trabajadores de la ciudad, para comerciantes, para transportistas, para asalariados, para mineros, para funcionarios, para maestros”.
El Vicepresidente garantizó una administración correcta de las AFP. “Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados (seguridad) para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual”.
Una de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores del país, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.
Según el Vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el “más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo”, propio de un “Estado de bienestar” y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse “Estado del buen vivir”.
Respecto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aprobó la nueva Ley de Pensiones, García afirmó que “la vanguardia minera está reconociendo ese gran avance construido junto con el Gobierno y otros sectores laborales”.
Algunos puntos acordados en el proyecto
Edad La mayoría de los trabajadores se jubilará a los 58 años. Para el sector minero será a los 56 o bajará más aún.
Aporte Se incorpora un aporte laboral adicional de 0,5% y un aporte patronal de 3% para el Fondo Solidario.
Papeletas Se utilizarán las últimas 24 papeletas de pago como periodo de aportes para calcular la referencia salarial para la pensión solidaria.
Solidario Se acuerda montos superiores e inferiores de la pensión solidaria respecto a los años aportados, 70% a partir de los 30 años.
Comisión Se revisarán las rentas de casos especiales.
Los empresarios ponen en duda el manejo estatal
Rodrigo Pacheco /La Paz
Tras la confirmación de que el Estado administrará el nuevo sistema de pensiones, los empresarios privados del país manifestaron su preocupación por la falta de un sustento técnico de la propuesta del Gobierno y pusieron en duda la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
“La sostenibilidad de un sistema de pensiones implica que los aportes alcancen para una jubilación digna para todos. En ese sentido, las bases de un acuerdo dentro de esta ley deben tener un sustento técnico, es decir basados en cálculos actuariales”, manifestó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz. Añadió que el sector privado del país estaría dispuesto a tratar técnicamente este tema con el Ejecutivo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, en rueda de prensa, que el Estado será el único que controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, los detalles de esta ley “es algo que se debe discutir entre expertos” y lamentó que no se vaya a tener un sistema mixto, lo cual tomaría en cuenta la noción de competitividad, que es muy importante para un manejo eficiente de los aportes de la gente.
Por su parte, dirigentes del sector minero y del magisterio rural del país apoyaron la propuesta de que el sistema sea manejado por el Estado, según la Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes añadieron que los trabajadores también deben ser incluidos en el control de este nuevo sistema de pensiones.
Los empresarios temen que el sistema de pensiones propuesto por el Gobierno no sea sostenible en el tiempo y que no se estén haciendo los cálculos correctos respecto a los recursos necesarios para sustentar este modelo.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén Suárez, sostuvo que el modelo diseñado por el Ministerio de Economía fue “proyectado para un período mínimo de 40 años”, tomando en cuenta “toda la masa de trabajadores aportantes”.
En relación al aporte patronal del 3%, el presidente de las Cainco dijo que se trata de una carga pesada para los empresarios, ya que en este momento ya se tiene que hacer un incremento salarial del 5%.
El experto del Cedla, Carlos Arze, coincidió con los empresarios y explicó que “con esta carga el empleador va a someter (al trabajador) a condiciones de mayor productividad, es decir mayor intensidad en el trabajo. O la otra opción es que van a aumentarle ese 3% al costo de las mercancías producidas y al final quien va a cotizar ese 3% es el consumidor final”.
jueves, 13 de mayo de 2010
miércoles, 12 de mayo de 2010
FAM y el MAS planean dar de baja la Participación Popular
Boris Miranda / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
Ven riesgo en el sistema si bajan la edad de la jubilación
Página Siete / La Paz
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
martes, 11 de mayo de 2010
La COB analizará hoy la propuesta salarial del Gobierno
Página Siete / La Paz y Oruro
La Central Obrera Boliviana (COB) analizará durante el ampliado que realizará mañana la propuesta del Gobierno sobre el incremento salarial inversamente proporcional para los maestros y trabajadores en salud del país.
Dirigentes cobistas que iniciaron una marcha desde Caracollo, Oruro, informaron a Página Siete que el tema será tratado mañana para ver si es lo más conveniente para el sector.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que la propuesta beneficiará a los maestros y salubristas que ganan menos y reducirá su incremento a los que ganan más. “La predisposición del Gobierno que dentro del techo del 5% que el Estado ha fijado para el incremento salarial, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se redistribuya este ingreso inversamente proporcional al haber básico que reciben los trabajadores. La idea sería de que las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo los maestros de quinta categoría o los maestros interinos, podrían mejorar su porcentaje salarial, en detrimento de aquellos sectores como la categoría primera que es la que recibe mayor sueldo”, dijo Arce.
Al respecto, el gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior , Limbert Menacho, rechazó un incremento por encima de ese porcentaje. “Más del 5% no solamente sería un suicidio para el sector empresarial, sino también un suicidio económico y riesgo para el país”, señaló el representante privado.
Una COB cuestionada
“Montes, llunk’u de Evo”, se escuchó de uno de los dirigentes del Movimiento Sin Trabajo cuando Pedro Montes, ejecutivo de la COB, daba un reporte sobre las medidas que llevarán adelante los movimientos sociales afiliados a esa organización.
Hasta las 10:30 se decía que no iba a iniciar la marcha desde Caracollo hasta la sede del Gobierno, porque se había avanzado sobre la Ley de Pensiones.
Al final, Montes dijo que la caminata proseguiría hasta Panduro, adonde llegaron a las siete de la noche, aproximadamente.
Para hoy se programó un ampliado en esa población, desde las nueve de la mañana, para decidir las futuras medidas.
La Central Obrera Boliviana (COB) analizará durante el ampliado que realizará mañana la propuesta del Gobierno sobre el incremento salarial inversamente proporcional para los maestros y trabajadores en salud del país.
Dirigentes cobistas que iniciaron una marcha desde Caracollo, Oruro, informaron a Página Siete que el tema será tratado mañana para ver si es lo más conveniente para el sector.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que la propuesta beneficiará a los maestros y salubristas que ganan menos y reducirá su incremento a los que ganan más. “La predisposición del Gobierno que dentro del techo del 5% que el Estado ha fijado para el incremento salarial, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se redistribuya este ingreso inversamente proporcional al haber básico que reciben los trabajadores. La idea sería de que las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo los maestros de quinta categoría o los maestros interinos, podrían mejorar su porcentaje salarial, en detrimento de aquellos sectores como la categoría primera que es la que recibe mayor sueldo”, dijo Arce.
Al respecto, el gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior , Limbert Menacho, rechazó un incremento por encima de ese porcentaje. “Más del 5% no solamente sería un suicidio para el sector empresarial, sino también un suicidio económico y riesgo para el país”, señaló el representante privado.
Una COB cuestionada
“Montes, llunk’u de Evo”, se escuchó de uno de los dirigentes del Movimiento Sin Trabajo cuando Pedro Montes, ejecutivo de la COB, daba un reporte sobre las medidas que llevarán adelante los movimientos sociales afiliados a esa organización.
Hasta las 10:30 se decía que no iba a iniciar la marcha desde Caracollo hasta la sede del Gobierno, porque se había avanzado sobre la Ley de Pensiones.
Al final, Montes dijo que la caminata proseguiría hasta Panduro, adonde llegaron a las siete de la noche, aproximadamente.
Para hoy se programó un ampliado en esa población, desde las nueve de la mañana, para decidir las futuras medidas.
Ley Transitoria propone la clausura de las prefecturas y el inicio de las autonomías
Boris Miranda / La Paz
El proyecto de Ley Transitoria de Autonomías propone la clausura de la estructura financiera y administrativa de las prefecturas del país y abre las puertas para la instalación de las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales.
Página Siete obtuvo de fuentes legislativas el borrador del documento, cuyo fin es regular el funcionamiento de esas entidades, además de los gobiernos municipales, indígenas y el regional de Gran Chaco, ante la eventual carencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).
El proyecto, que desde este miércoles será considerado en las comisiones de Organización Territorial y Autonomía de las cámaras de Diputados y de Senadores, establece que para la transición hacia los nuevos regímenes autonómicos regionales, las nueve prefecturas del país deben realizar cierres contables definitivos y hacer balances de gestión para la transferencia de activos y pasivos a los venideros gobiernos departamentales.
Esta transición deberá realizarse entre fines de mayo y junio. Los gobernadores y asambleístas departamentales serán posesionados el 30 de mayo y deberán trabajar con las autoridades salientes, en una comisión mixta, el traspaso institucional de una administración a otra.
La Ley del Presupuesto General de la Nación no consignó ninguna previsión en relación a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, el proyecto de Ley Transitoria dispone que, para la reformulación presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas estará autorizado a emitir resoluciones administrativas que aseguren salarios, funcionamiento y contratación de personal para las nuevas entidades.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete afirmó que la futura ley marcará el inicio de la era autonómica en Bolivia. “Esta ley va a ser suficiente y va a ser contundente para dar el salto autonómico definitivo”.
Además de las prefecturas, los consejos departamentales cerrarán sus puertas definitivamente. Los inmuebles, personal de planta, personal temporal con contratos en vigencia y los bienes pasarán a depender de las asambleas legislativas departamentales. En el futuro, las nuevas entidades podrán contar con un presupuesto que les permita funcionar adecuadamente.
La diputada oficialista Betty Tejada afirmó que esta ley debe ser aprobada en este mes, a más tardar, “porque las autonomías deben nacer con todo su brillo”.
El proyecto de Ley Transitoria de Autonomías propone la clausura de la estructura financiera y administrativa de las prefecturas del país y abre las puertas para la instalación de las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales.
Página Siete obtuvo de fuentes legislativas el borrador del documento, cuyo fin es regular el funcionamiento de esas entidades, además de los gobiernos municipales, indígenas y el regional de Gran Chaco, ante la eventual carencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).
El proyecto, que desde este miércoles será considerado en las comisiones de Organización Territorial y Autonomía de las cámaras de Diputados y de Senadores, establece que para la transición hacia los nuevos regímenes autonómicos regionales, las nueve prefecturas del país deben realizar cierres contables definitivos y hacer balances de gestión para la transferencia de activos y pasivos a los venideros gobiernos departamentales.
Esta transición deberá realizarse entre fines de mayo y junio. Los gobernadores y asambleístas departamentales serán posesionados el 30 de mayo y deberán trabajar con las autoridades salientes, en una comisión mixta, el traspaso institucional de una administración a otra.
La Ley del Presupuesto General de la Nación no consignó ninguna previsión en relación a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, el proyecto de Ley Transitoria dispone que, para la reformulación presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas estará autorizado a emitir resoluciones administrativas que aseguren salarios, funcionamiento y contratación de personal para las nuevas entidades.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete afirmó que la futura ley marcará el inicio de la era autonómica en Bolivia. “Esta ley va a ser suficiente y va a ser contundente para dar el salto autonómico definitivo”.
Además de las prefecturas, los consejos departamentales cerrarán sus puertas definitivamente. Los inmuebles, personal de planta, personal temporal con contratos en vigencia y los bienes pasarán a depender de las asambleas legislativas departamentales. En el futuro, las nuevas entidades podrán contar con un presupuesto que les permita funcionar adecuadamente.
La diputada oficialista Betty Tejada afirmó que esta ley debe ser aprobada en este mes, a más tardar, “porque las autonomías deben nacer con todo su brillo”.
Gobierno reducirá en siete años la edad de jubilación
Rodrigo Pacheco / La Paz
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, anunció ayer que tras varias horas de discusiones con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), se determinó bajar la edad de jubilación de los bolivianos: de 65 a 58 años. Esta decisión, para el ejecutivo de la COB, Pedro Montes, significa que “han habido algunos resultados”.
El responsable de la unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arce, explicó que la reducción de la edad de jubilación que propone el Gobierno, además de la posibilidad de retirarse después de 30 años de trabajo con un 70 % de aportes, tendría dos serias consecuencias.
Por un lado, continuó, aumentaría significativamente el número de jubilados, lo que sería muy difícil de gestionar para el Estado y, por otro lado, habría un problema en los montos con los que se jubilarían las personas, ya que “con los sueldos tan bajos que hay en el país”, el 70 % representaría una renta muy baja para la mayoría de los trabajadores del país.
Montes explicó que “luego de varias discusiones con la COB, nuestra propuesta ha disminuido la edad de jubilación de 65 a 58 años y creemos que es una reducción muy importante que beneficia al sector trabajador y forma parte de la propuesta que nosotros le hicimos a la COB”.
En un acta firmada al concluir la reunión entre el Gobierno y los dirigentes de la COB, ayer en la madrugada, se establece que “se avanzó en mejorar la edad de la jubilación, en términos de sostenibilidad, al determinar un aporte laboral adicional de 0,5 % y un aporte patronal establecido en un 3%”.
Antes de iniciar la marcha en Caracollo contra las propuestas laborales del Gobierno, Pedro Montes, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, reconoció que en las reuniones con el Gobierno hubo resultados, pero también comentó que “en alguna parte falta todavía”.
El ministro Arce dijo que “adicionalmente, se acordó que aquellos que se jubilen a los 30 años de aporte, van a recibir el 70% de sus aportes”. Añadió también que al incluir al sector patronal en el sistema de pensiones que proponen, “eso distingue al gobierno de Evo Morales con los gobiernos del periodo neoliberal”.
Sin embargo, en una comunicación con Página Siete, el dirigente del Magisterio de La Paz, José Luis Álvarez, expresó que, por el contrario, la propuesta del Gobierno “sigue siendo una propuesta neoliberal enmarcada en la capitalización individual, donde el trabajador también va a tener que aumentar sus aportes y el sector patronal sólo hará un pequeño aporte”. Añadió que el sector patronal debería aportar con un cinco o un siete por ciento y que el Estado también debería tener su aporte.
El Ministro de Economía manifestó a Erbol que el Gobierno tiene su contribución, puesto que actúa como patrón cuando contrata al personal y también va a aportar con ese 3%.
lunes, 10 de mayo de 2010
El Gobierno admite que los estatutos de la "media luna" son "hechos políticos"
Rubén Atahuichi / La Paz
En una inédita posición, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, admitió que la aprobación de estatutos autonómicos en cuestionados referendos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija fue “un hecho político”, que ahora, ante la vigencia de los gobiernos subnacionales, deberá convertirse en un “hecho jurídico”.
En una entrevista con Página Siete, la autoridad pidió a los líderes de esa región llamada “media luna” interponer sus oficios para concertar una Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) con base en “sus reflexiones y observaciones”.
No hay una estructura jurídica plena que pueda garantizar el ejercicio de las autonomías desde el 30 de junio.
Es evidente que hay la necesidad de trabajar estos instrumentos jurídicos como parte del desarrollo normativo que va a ordenar y regular la administración del proceso autonómico, pero el marco jurídico emergente de la Constitución Política del Estado (CPE) es lo más sólido, de la más alta jerarquía, para garantizar una adecuada implementación de las autonomías.
Si bien es cierto que, como parte del desarrollo normativo, se requieren todavía dos instrumentos normativos fundamentales, la LMAD y los estatutos, aquélla es básicamente procedimental, establece procedimientos para el acceso futuro al régimen de autonomías por parte de pueblos indígenas y regiones autonómicas; también establece algunos procedimientos, sobre todo de monitoreo, seguimiento, evaluación y armonización del ejercicio de competencias por parte de las entidades autonómicas, y establece los factores y fuentes de asignación de recursos económicos, además de los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y las entidades autonómicas.
Todo esto es importante para la implementación del proceso, pero no condiciona necesariamente la puesta en vigencia de las autonomías, la existencia de la LMAD, por una razón sencilla: las competencias, que representan el elemento sustancial a través del cual se ejerce el autogobierno, están establecidas en la CPE. Entonces, en la medida que se constituya en una declaración o un reconocimiento constitucional, no están supeditadas en su asignación a otro instrumento jurídico previo. Los estatutos autonómicos, por su parte, en lo fundamental deben contener básicamente dos aspectos: por un lado, la institucionalidad del autogobierno y, por otro lado, las políticas en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas asignadas a las autonomías, que luego puedan fundamentar el legislativo autonómico, pero los estatutos autonómicos no se van a resolver en uno o dos meses; es decir, mientras no sean adecuados a la CPE por dos tercios de votos, lo que exige un amplio político al interior de las asambleas departamentales, y mientras no sean objeto de control de constitucionalidad, no pueden entrar en vigencia. En los hechos, los estatutos autonómicos podrían entrar en vigencia recién en los primeros meses del próximo año.
No es obstáculo
Sin embargo, esto no impide el ejercicio de las competencias asignadas a las autonomías, porque el fundamento jurídico es la Constitución. Si bien hay normas que necesariamente deberán ser aprobadas, señaladas particularmente, esto no impide que la asignación de competencias pueda operar inmediatamente como parte del ejercicio autonómico.
¿Esto quiere decir que no hay vacío jurídico?
Los vacíos están fundamentalmente en torno a la transición. Es decir, tenemos que cerrar una institucionalidad descentralizada administrativamente, como es la Prefectura; tenemos que clausurar los consejos departamentales y sustituirlos por las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, y eso requiere de algunas previsiones en el orden administrativo, financiero e institucional, que son normales en este tipo de culminación de institucionalidad para dar lugar a una nueva institución. Pero la Constitución es suficiente para iniciar gobiernos autonómicos de manera inmediata.
Se ha socializado la LMAD en distintos niveles, aunque no se ha logrado convencer a la “media luna”, que va a exigir una ley concertada que recoja sus percepciones y observaciones.
Eso sería ideal. Hemos hecho esfuerzos durante todo el año pasado y los meses que llevamos de este año para abrir todos los espacios posibles para debatir, reflexionar y recoger propuestas, y concertar el proyecto de ley y la agenda autonómica. Habíamos creado un Consejo Nacional Autonómico con participación mayoritaria de los actores autonómicos y minoritaria de la representación del Gobierno.
Oídos sordos en el oriente
Las prefecturas de oposición nunca atendieron nuestras solicitudes de concertación y no sé si tienen observaciones a los contenidos de la LMAD o cuál será su postura actual. Las corrientes más radicales negaban el diseño autonómico de la misma Constitución y todavía algunas voces señalan que no son los estatutos los que tienen que adecuarse a la Constitución, sino la Constitución a los estatutos, lo que sería propio de un régimen federalista radical, no de un régimen autonómico. Ése es un sistema que en la doctrina política se ha denominado “federalismo devolucionario”, cuando se devuelve soberanía a los integrantes de un Estado para que, sobre las bases que establezcan, el Estado pueda recién organizarse. Éste no es el caso del proceso boliviano.
Lo que quiero decir es que en la agenda de estas corrientes radicales ni siquiera se ha considerado la existencia de una LMAD. Una LMAD no tendría sentido cuando en realidad quieren subordinar a la Constitución a sus estatutos. Pero hay corrientes más moderadas que han presentado contrapropuestas en torno al proyecto, como, por ejemplo, la Prefectura de Tarija. Ésas han sido señales importantes; nosotros estamos de acuerdo en que, más allá de las corrientes radicales que puedan existir en los departamentos del oriente o en algunos movimientos sociales que se inspiran en fundamentalismos étnicos, tenemos que trabajar un proceso de concertación que sea lo suficientemente sólido, porque es una ley estructural, que trasciende las circunstancias de la coyuntura política.
¿Va a ser la función imperativa del Ministerio de Autonomía de hacer que los estatutos aprobados en referendos cuestionados sean adecuados a la CPE?
La disposición tercera de la Constitución los reconoce, pero deben cumplir dos condiciones: adecuarse a los contenidos constitucionales, lo que significa una modificación sustantiva de contenidos, que está a cargo de las asambleas departamentales, y, segundo, someterse a un control constitucional.
Más allá de una lectura estrictamente jurídica, quisiera hacer una lectura política de este proceso. Los estatutos son un hecho político, necesitan convertirse en hecho jurídico si se adecúan a los contenidos constitucionales. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de interpretación del proceso histórico, representan un pacto social dentro de los departamentos; a nivel social hemos logrado un gran pacto social, la Constitución, y hemos definido en las elecciones nacionales la composición de la representación política para dirigir ese proyecto de país, para su aplicación. En los departamentos hemos definido una representación política, que en el caso del oriente expresa todavía polaridades. Lo que está pendiente es un pacto social, el estatuto.
O sea, ¿el Gobierno reconoce ese hecho político?
Reconocemos ese hecho político, pero advertimos que necesita constitucionalizarse y al mismo tiempo reflejar un pacto social en los departamentos. No es un tema que lo vamos a interferir ni digitar, es una iniciativa de las regiones como parte de su proyecto autonómico, pero sí tienen una adecuada lectura de la historia, ése debería ser el camino.
La transición de las gobernaciones y las asambleas será desordenada
Nancy Vacaflor / La Paz
El tránsito de la administración prefectural a las gobernaciones y de los consejos departamentales a las asambleas legislativas departamentales tropezará con vacíos legales, y se prevé que será un proceso desordenado y progresivo en relación a la adopción de competencias.
Asambleístas departamentales del oficialismo y de la oposición coinciden en que es urgente la aprobación de una Ley Transitoria para un ejercicio real de las competencias legislativas. El Gobierno, por su parte, dice que no es necesario y que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) será suficiente, inicialmente.
Los problemas administrativos, la falta de la LMAD y la inexistencia de estatutos autonómicos son los principales problemas con los que al inicio deberán lidiar las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, instituidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, admite que el proceso de implementación de las autonomías será desordenado, hecho que, no obstante, no imposibilitará que las asambleas comiencen a ejercer sus competencias, pero de manera progresiva y sólo con algunas de ellas. “Lo que correspondería en un proceso absolutamente ordenado, primero, es la aprobación de sus estatutos”.
Romero arguye que las políticas señaladas en los estatutos se desarrollarán a través de medidas legislativas, que, en su criterio, son la esencia del proceso.
En cambio, el asambleísta de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) José Ivancovick dice que se requiere de una ley transitoria que autorice a la Asamblea ejercer sus competencias legislativas para el impulso real de las autonomías, aunque todavía no hayan los estatutos autonómicos. “Después de eso estaríamos habilitados para empezar a dictar leyes departamentales de carácter provisional”, asegura.
Aclara que sin ley transitoria se continuará en la vieja estructura y no habrá un real tránsito hacia una nueva institucionalidad de las gobernaciones y las asambleas departamentales.
Sin embargo, Romero señala que no ve necesario gestionar una norma transitoria, ya que con la Ley Marco de Autonomías, que será aprobada en junio, será suficiente para delegar algunas competencias. “No es que va haber un vacío jurídico para el funcionamiento de las asambleas departamentales”.
Los estatutos autonómicos, además de su elaboración, requieren pasar por el control del Tribunal Constitucional, que recién será constituido con la elección de sus autoridades en diciembre de este año.
Luego, esas cartas autonómicas deberán ser sometidas a un referendo, procedimiento que puede durar hasta el mes de junio de 2011. Mientras tanto ¿qué harán los asambleístas?, se pregunta Ivancovick.
Otra asambleísta por el partido gobernante, Bertha Barrientos, de Tarija, también expresa su preocupación porque hasta la fecha no haya una norma que establezca el funcionamiento de las asambleas legislativas. Sin embargo, dice que muchos de sus colegas están haciendo propuestas para la Ley de Autonomías.
En tanto, la legisladora de Chuquisaca, Liliana Sánchez, del MAS, asegura que desde el mes de junio habrá un cambio trascendental del significado de la administración del gobierno departamental autónomo, toda vez que es un proceso nuevo que va a tener la responsabilidad de implementar las autonomías en los departamentos.
Desde Tarija, el asambleísta por Camino al Cambio Sergio Reyes coincide con sus colegas sobre la necesidad de una ley transitoria, que facilite el manejo de recursos económicos para el ejercicio de las competencias legislativas. De lo contrario, recurriremos al amparo constitucional fáctico para ejercer las funciones que el pueblo nos ha delegado, advierte.
Los estatutos autonómicos son los instrumentos legales que pondrán en vigencia las autonomías departamentales. El artículo 271 de la CPE dice que la LMAD “regulará el procedimiento” para su elaboración.
Sin embargo, los asambleístas departamentales desconocen por el momento cuáles serán sus funciones específicas.
En algunos departamentos se han hecho reuniones preliminares de organización.
En una inédita posición, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, admitió que la aprobación de estatutos autonómicos en cuestionados referendos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija fue “un hecho político”, que ahora, ante la vigencia de los gobiernos subnacionales, deberá convertirse en un “hecho jurídico”.
En una entrevista con Página Siete, la autoridad pidió a los líderes de esa región llamada “media luna” interponer sus oficios para concertar una Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) con base en “sus reflexiones y observaciones”.
No hay una estructura jurídica plena que pueda garantizar el ejercicio de las autonomías desde el 30 de junio.
Es evidente que hay la necesidad de trabajar estos instrumentos jurídicos como parte del desarrollo normativo que va a ordenar y regular la administración del proceso autonómico, pero el marco jurídico emergente de la Constitución Política del Estado (CPE) es lo más sólido, de la más alta jerarquía, para garantizar una adecuada implementación de las autonomías.
Si bien es cierto que, como parte del desarrollo normativo, se requieren todavía dos instrumentos normativos fundamentales, la LMAD y los estatutos, aquélla es básicamente procedimental, establece procedimientos para el acceso futuro al régimen de autonomías por parte de pueblos indígenas y regiones autonómicas; también establece algunos procedimientos, sobre todo de monitoreo, seguimiento, evaluación y armonización del ejercicio de competencias por parte de las entidades autonómicas, y establece los factores y fuentes de asignación de recursos económicos, además de los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y las entidades autonómicas.
Todo esto es importante para la implementación del proceso, pero no condiciona necesariamente la puesta en vigencia de las autonomías, la existencia de la LMAD, por una razón sencilla: las competencias, que representan el elemento sustancial a través del cual se ejerce el autogobierno, están establecidas en la CPE. Entonces, en la medida que se constituya en una declaración o un reconocimiento constitucional, no están supeditadas en su asignación a otro instrumento jurídico previo. Los estatutos autonómicos, por su parte, en lo fundamental deben contener básicamente dos aspectos: por un lado, la institucionalidad del autogobierno y, por otro lado, las políticas en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas asignadas a las autonomías, que luego puedan fundamentar el legislativo autonómico, pero los estatutos autonómicos no se van a resolver en uno o dos meses; es decir, mientras no sean adecuados a la CPE por dos tercios de votos, lo que exige un amplio político al interior de las asambleas departamentales, y mientras no sean objeto de control de constitucionalidad, no pueden entrar en vigencia. En los hechos, los estatutos autonómicos podrían entrar en vigencia recién en los primeros meses del próximo año.
No es obstáculo
Sin embargo, esto no impide el ejercicio de las competencias asignadas a las autonomías, porque el fundamento jurídico es la Constitución. Si bien hay normas que necesariamente deberán ser aprobadas, señaladas particularmente, esto no impide que la asignación de competencias pueda operar inmediatamente como parte del ejercicio autonómico.
¿Esto quiere decir que no hay vacío jurídico?
Los vacíos están fundamentalmente en torno a la transición. Es decir, tenemos que cerrar una institucionalidad descentralizada administrativamente, como es la Prefectura; tenemos que clausurar los consejos departamentales y sustituirlos por las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, y eso requiere de algunas previsiones en el orden administrativo, financiero e institucional, que son normales en este tipo de culminación de institucionalidad para dar lugar a una nueva institución. Pero la Constitución es suficiente para iniciar gobiernos autonómicos de manera inmediata.
Se ha socializado la LMAD en distintos niveles, aunque no se ha logrado convencer a la “media luna”, que va a exigir una ley concertada que recoja sus percepciones y observaciones.
Eso sería ideal. Hemos hecho esfuerzos durante todo el año pasado y los meses que llevamos de este año para abrir todos los espacios posibles para debatir, reflexionar y recoger propuestas, y concertar el proyecto de ley y la agenda autonómica. Habíamos creado un Consejo Nacional Autonómico con participación mayoritaria de los actores autonómicos y minoritaria de la representación del Gobierno.
Oídos sordos en el oriente
Las prefecturas de oposición nunca atendieron nuestras solicitudes de concertación y no sé si tienen observaciones a los contenidos de la LMAD o cuál será su postura actual. Las corrientes más radicales negaban el diseño autonómico de la misma Constitución y todavía algunas voces señalan que no son los estatutos los que tienen que adecuarse a la Constitución, sino la Constitución a los estatutos, lo que sería propio de un régimen federalista radical, no de un régimen autonómico. Ése es un sistema que en la doctrina política se ha denominado “federalismo devolucionario”, cuando se devuelve soberanía a los integrantes de un Estado para que, sobre las bases que establezcan, el Estado pueda recién organizarse. Éste no es el caso del proceso boliviano.
Lo que quiero decir es que en la agenda de estas corrientes radicales ni siquiera se ha considerado la existencia de una LMAD. Una LMAD no tendría sentido cuando en realidad quieren subordinar a la Constitución a sus estatutos. Pero hay corrientes más moderadas que han presentado contrapropuestas en torno al proyecto, como, por ejemplo, la Prefectura de Tarija. Ésas han sido señales importantes; nosotros estamos de acuerdo en que, más allá de las corrientes radicales que puedan existir en los departamentos del oriente o en algunos movimientos sociales que se inspiran en fundamentalismos étnicos, tenemos que trabajar un proceso de concertación que sea lo suficientemente sólido, porque es una ley estructural, que trasciende las circunstancias de la coyuntura política.
¿Va a ser la función imperativa del Ministerio de Autonomía de hacer que los estatutos aprobados en referendos cuestionados sean adecuados a la CPE?
La disposición tercera de la Constitución los reconoce, pero deben cumplir dos condiciones: adecuarse a los contenidos constitucionales, lo que significa una modificación sustantiva de contenidos, que está a cargo de las asambleas departamentales, y, segundo, someterse a un control constitucional.
Más allá de una lectura estrictamente jurídica, quisiera hacer una lectura política de este proceso. Los estatutos son un hecho político, necesitan convertirse en hecho jurídico si se adecúan a los contenidos constitucionales. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de interpretación del proceso histórico, representan un pacto social dentro de los departamentos; a nivel social hemos logrado un gran pacto social, la Constitución, y hemos definido en las elecciones nacionales la composición de la representación política para dirigir ese proyecto de país, para su aplicación. En los departamentos hemos definido una representación política, que en el caso del oriente expresa todavía polaridades. Lo que está pendiente es un pacto social, el estatuto.
O sea, ¿el Gobierno reconoce ese hecho político?
Reconocemos ese hecho político, pero advertimos que necesita constitucionalizarse y al mismo tiempo reflejar un pacto social en los departamentos. No es un tema que lo vamos a interferir ni digitar, es una iniciativa de las regiones como parte de su proyecto autonómico, pero sí tienen una adecuada lectura de la historia, ése debería ser el camino.
La transición de las gobernaciones y las asambleas será desordenada
Nancy Vacaflor / La Paz
El tránsito de la administración prefectural a las gobernaciones y de los consejos departamentales a las asambleas legislativas departamentales tropezará con vacíos legales, y se prevé que será un proceso desordenado y progresivo en relación a la adopción de competencias.
Asambleístas departamentales del oficialismo y de la oposición coinciden en que es urgente la aprobación de una Ley Transitoria para un ejercicio real de las competencias legislativas. El Gobierno, por su parte, dice que no es necesario y que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) será suficiente, inicialmente.
Los problemas administrativos, la falta de la LMAD y la inexistencia de estatutos autonómicos son los principales problemas con los que al inicio deberán lidiar las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, instituidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, admite que el proceso de implementación de las autonomías será desordenado, hecho que, no obstante, no imposibilitará que las asambleas comiencen a ejercer sus competencias, pero de manera progresiva y sólo con algunas de ellas. “Lo que correspondería en un proceso absolutamente ordenado, primero, es la aprobación de sus estatutos”.
Romero arguye que las políticas señaladas en los estatutos se desarrollarán a través de medidas legislativas, que, en su criterio, son la esencia del proceso.
En cambio, el asambleísta de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) José Ivancovick dice que se requiere de una ley transitoria que autorice a la Asamblea ejercer sus competencias legislativas para el impulso real de las autonomías, aunque todavía no hayan los estatutos autonómicos. “Después de eso estaríamos habilitados para empezar a dictar leyes departamentales de carácter provisional”, asegura.
Aclara que sin ley transitoria se continuará en la vieja estructura y no habrá un real tránsito hacia una nueva institucionalidad de las gobernaciones y las asambleas departamentales.
Sin embargo, Romero señala que no ve necesario gestionar una norma transitoria, ya que con la Ley Marco de Autonomías, que será aprobada en junio, será suficiente para delegar algunas competencias. “No es que va haber un vacío jurídico para el funcionamiento de las asambleas departamentales”.
Los estatutos autonómicos, además de su elaboración, requieren pasar por el control del Tribunal Constitucional, que recién será constituido con la elección de sus autoridades en diciembre de este año.
Luego, esas cartas autonómicas deberán ser sometidas a un referendo, procedimiento que puede durar hasta el mes de junio de 2011. Mientras tanto ¿qué harán los asambleístas?, se pregunta Ivancovick.
Otra asambleísta por el partido gobernante, Bertha Barrientos, de Tarija, también expresa su preocupación porque hasta la fecha no haya una norma que establezca el funcionamiento de las asambleas legislativas. Sin embargo, dice que muchos de sus colegas están haciendo propuestas para la Ley de Autonomías.
En tanto, la legisladora de Chuquisaca, Liliana Sánchez, del MAS, asegura que desde el mes de junio habrá un cambio trascendental del significado de la administración del gobierno departamental autónomo, toda vez que es un proceso nuevo que va a tener la responsabilidad de implementar las autonomías en los departamentos.
Desde Tarija, el asambleísta por Camino al Cambio Sergio Reyes coincide con sus colegas sobre la necesidad de una ley transitoria, que facilite el manejo de recursos económicos para el ejercicio de las competencias legislativas. De lo contrario, recurriremos al amparo constitucional fáctico para ejercer las funciones que el pueblo nos ha delegado, advierte.
Los estatutos autonómicos son los instrumentos legales que pondrán en vigencia las autonomías departamentales. El artículo 271 de la CPE dice que la LMAD “regulará el procedimiento” para su elaboración.
Sin embargo, los asambleístas departamentales desconocen por el momento cuáles serán sus funciones específicas.
En algunos departamentos se han hecho reuniones preliminares de organización.
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