Boris Miranda / La Paz
Analistas y municipalistas advirtieron que la derogatoria de la Ley 1551 de Participación Popular, propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), puede paralizar la administración municipal si no se crea un nuevo marco normativo apropiado.
La reacción se derivó de la propuesta del oficialismo, en sentido de sustituir la norma a través de un paquete de 12 leyes vinculadas a la gestión local, éstas a iniciativa de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).
El director ejecutivo de la organización municipal, Dino Palacios, en conversación con Página Siete admitió que la FAM presentó las propuestas a la diputada del MAS Betty Tejada, quien ahora impulsa el proyecto.
Aunque prefirió no polemizar sobre la información difundida el martes por este diario, el funcionario dijo que la transición a la nueva ruta municipal debe recoger las experiencias de los 16 años de vigencia de la Ley 1551. Lo que hay que hacer es “construir sobre lo avanzado”, dijo.
Pero el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabian Yaksic había dicho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) “dispondrá el fin de la Participación Popular, como la de Municipalidades y de Descentralización”.
La Ley de Participación Popular fue promulgada en 1994 por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La norma permitió la democratización de la distribución de recursos en los municipios, como la participación ciudadana en la gestión del desarrollo local y la elección por voto de autoridades municipales.
Su eventual sustitución, prevista para antes del 22 de julio (fecha límite para la aprobación de las leyes orgánicas), preocupa a los expertos, pues aún no existe un marco normativo nuevo con el que regirán su funcionamiento los municipios.
El analista Iván Arias advirtió que la ruta definida por el oficialismo puede generar vacíos jurídicos peligrosos para las comunas, pues, en su criterio, la Ley 1551 define accesos a recursos económicos y competencias de gestión. “Durante 16 años hubo un marco que ha permitido a las comunas ejercer sus atribuciones de forma apropiada. Querer hacer tabla rasa, es generar una fuente de conflicto. No veo necesidad de hacer un cambio tan súbito. La norma actual es incompleta, probablemente, pero no por eso se va a paralizar todo el aparato municipal”, dijo.
Opinó que la LMAD no debería derogar la Ley 1551, sino que ésta debería superarse una vez que esté listo todo el marco normativo para los municipios.
La Participación Popular permitió que en 16 años la cantidad de municipios crezca de 24 a 337. Además, la inversión municipal se incrementó de 120 millones de dólares, en 1994, a 954 millones, en 2008, según un informe de la FAM.
Asimismo, la recaudación impositiva municipal creció en cerca del 200% en ese tiempo.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Hugo Molina, parte del equipo que impulsó la ley en 1994, pidió separar el “entierro” de una norma de la clausura de una etapa municipal.
“Más allá de las respetables defunciones, entierros y resurrecciones, tengo la sensación de que todos hemos aprendido a diferenciar una ley (la de Participación Popular) de un proceso”.
Señaló que el municipalismo brindó los espacios para el desarrollo de muchas de las políticas actualmente vigentes y afirmó que su repercusión en la sociedad no podrá extinguirse con la derogatoria de la Ley 1551.
Dijo que su desaparición podrá devolver al país a un escenario de estancamiento. “En otros países se ha identificado que la falta de un instrumento como nuestra Participación Popular dificulta a los municipios avanzar como quieren”.
Sin embargo, el MAS considera que la construcción del nuevo sistema municipal en Bolivia deberá sujetarse a la Constitución Política del Estado.
Tejada y Yaksic, de la Comisión de Organización Territorial y Autonomías, coincidieron en señalar que la agenda legislativa concertada con la FAM permitirá una transición ordenada.
El afán del MAS de cambiar la ley se sustenta en su criterio de que la Participación Popular no está acorde a la realidad actual.
Logros de la 1551
Consolidación La Ley de Participación Popular consolidó el modelo municipal, que saltó de 24 municipios, en 1994, a 337, en 2010.
Escuela municipal Varios de los actores nacionales y regionales hicieron sus primeras armas en gestión pública en la administración de comunas.
Inversiones La inversión de los municipios en el país aumentó en 200% en los últimos 16 años.
Inversiones II Las alcaldías del país, entre 1994 y 2008, se constituyeron en los principales inversores de Bolivia, concentraron el 50%.
Inversiones III La coparticipación tributaria permitió el incremento del gasto público de nueve dólares por persona a 50 dólares.
Capacidad tributaria Los municipios crecieron, de 68 millones de dólares en capacidad impositiva (1994) a 244 millones en 2008.
Asistencia local Las comunas aportan a programas de salud y educación e incluso en políticas nacionales, como la Renta Dignidad. (Fuente: FAM)
La FAM destaca la norma que rige la gestión local
Página Siete / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) destacó los logros de la Ley de Participación Popular en los últimos 16 años y pidió que sus alcances sean considerados cuando se construya un nuevo marco jurídico.
El director ejecutivo de la entidad que aglutina a los municipios de Bolivia, Dino Palacios, afirmó que la FAM ha trabajado en estos años para profundizar los beneficios de la Ley 1551 y para superar sus debilidades.
“La Participación Popular es el cambio más trascendente a nivel municipal que se dio en un periodo del país. Ha logrado fortalecer a los municipios y consolidarlos como los principales inversores del país, además de empoderar a los actores locales”.
El municipalista indicó que para la transición a un nuevo modelo se deberá trabajar sobre la base de lo ya avanzado.
jueves, 13 de mayo de 2010
Cervezas artesanales con sabor rústico que busca la innovación
Alejandra Pau / La Paz
En busca del sabor rústico e innovador, algunos emprendimientos privados cerveceros en nuestro país iniciaron la producción de cerveza artesanal con ingredientes propios del altiplano y naturales como la quinua o la miel, o produciendo un sabor de calidad internacional pero con alma boliviana.
Se conoce que la receta de cerveza más antigua data del siglo III, cuando la elaboraban a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua.
Las cervezas artesanales de Bolivia, que están vigentes, tienen poco tiempo sorprendiendo el paladar del que toma cerveza, pero una vez saboreada, es difícil de olvidar. Ése es el caso de la Cervecería Leclere, ubicada en Cochabamba, que nació por la inquietud de dos jóvenes hermanos que decidieron abrir esta fábrica como alternativa a la disminuida oferta de trabajo que hay en nuestro país.
De quinua
La Cervecería Leclere lleva ese rótulo por el apellido de los propietarios que producen cerveza desde el 2007. Claudia Leclere, copropietaria, afirma que “nuestra cerveza se caracteriza por ser completamente natural, no tiene ningún tipo de conservantes, químicos, adjuntos cerveceros y no es pasteurizada. Es una cerveza sin filtrar, por tanto, su fermentación se da en la misma botella y el gas es natural. Su sabor es 100 por ciento de malta”.
La idea de elaborar este producto siempre estuvo presente en los Leclere, pero finalmente se animaron cuando la Cancillería propuso llevar a la Feria de Shanghai, en China, productos con granos bolivianos. Así empezaron las pruebas.
“Esta cerveza tiene poca espuma, después de tomarla se siente el dejo a quinua en la boca”, dice la copropietaria. Para los Leclere es una gran oportunidad para que cereales andinos como la quinua sean apreciados en un producto tan consumido y legendario como la cerveza.
El objetivo principal de la producción es rescatar los sabores rústicos para el paladar boliviano y extranjero. Por eso, además de la de quinua, ofrecen diez variedades de cerveza que se producen en diferentes meses del año, las cuales son:
- Lager Premium. Es una cerveza clara elaborada con levadura tipo lager y es premium. Contiene 5% de alcohol.
- Lager con miel. En el proceso de producción se le agrega miel para que tenga un suave sabor, aunque no es dulce. Tiene 5% de alcohol.
- Le Premium. Es una cerveza elaborada con levadura tipo Ale. Tiene 5% de alcohol.
- Brown Ale. Se elabora con malta de cebada caramelo a medio tostar, por lo que es una cerveza de color café. 5% de alcohol por volumen.
- IPA (Indian Pale Ale). Es más amarga de lo normal porque tiene bastante lúpulo. 5% de alcohol.
- Witbier. En el proceso de elaboración se coloca cilantro y cáscara de naranja. 4% de alcohol.
- Stout. Es una cerveza elaborada con malta tostada, pero no es dulce. 4,5% de grado alcohólico.
- Bock. Tiene un grado alcohólico elevado (7%) y es tipo lager.
- Kölch. Es una cerveza de trigo que tiene un grado alcohólico de 4%.
- La cerveza de quinua. 5% de grado alcohólico.
Leclere se vende en la ciudad de Cochabamba en ferias zonales y de comidas, en algunas tiendas ecológicas y a pedidos.
Los precios son de seis bolivianos la botella y 135 bolivianos la caja de 24 unidades, con botellas de 300cc.
La cervecería de Ted
Sucre no se queda atrás porque gracias a la visión de un holandés, Michel Handelé, al que todos llaman Ted (de donde proviene el nombre de su empresa ‘Teds Cervecería’) produce cuatro tipos de cerveza. En 2001, Ted llegó a Bolivia con la idea de estar seis meses, pero nunca usó su pasaje de regreso, ya que se enamoró de Sucre y de una boliviana que ahora es su esposa.
Después de un tiempo extrañando las cervezas belgas –que siempre había tomado cuando estaba en Holanda– decidió utilizar su experiencia como ingeniero de alimentos y la que ganó al trabajar en otras cervecerías en su país, para producir cerveza en su casa.
“Mis amigos en Sucre gustaban mucho las cervezas que hacía y me preguntaban si podía hacer más, así que me animé por hacer una producción más grande”, señala Ted.
Las cuatro cervezas que produce Teds Cervecería son:
– Ámbar, una cerveza tipo la cerveza “Pale Ale” de Bélgica, tiene color ámbar, bastante lúpulo, es amarga, con mucho cuerpo, y posee 5% de alcohol.
– Chala, es como la cerveza blanca de Bélgica, elaborada con trigo, cilantro y piel de naranja. Muy refrescante, de color blanco turbio, también posee 5% de alcohol.
– Reina, la más fuerte de Bolivia con 8,5% de alcohol, tiene mucha malta y miel, lo que le da un toque muy especial.
– Mango, una cerveza elaborada con mango, combinación hecha para satisfacer el gusto de Ted, aunque sólo hay mangos en diciembre, por lo que no se produce todo el año.
Las cervezas de Ted se venden en La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Samaipata.
Saya Beer, de artesanal a microcervecería
Hace 13 años nació Saya Beer como una cerveza artesanal de calidad premium, tipo europea. Se vendía en un bar en Sopocachi, el Cambrinus, para los amigos de Remo Baptista, dueño de la Saya y los clientes del dueño del bar.
Sin embargo, se fue haciendo popular entre los paceños y extranjeros, que comenzaron a apreciarla.
Hacer camino con una cerveza que nació siendo artesanal y se convirtió en microempresa, en un mercado lleno de cervezas industrializadas, fue difícil y lo sigue siendo, sobre todo cuando intentan llevarse crédito por sus emprendimientos.
Los primeros
“Hay otra empresa que pregona que es la única en hacer cerveza de pura malta. Nosotros fuimos la primera cervecería en hacerlo hace 13 años. Fuimos los primeros en hacer la cerveza negra europea y amarga, que no es lo mismo que bicervecina o maltín. El hecho de que hayan invertido mucho dinero en la producción no significa que hayan sido los primeros”, señala Baptista. Otro de los preceptos es no mezclar la Saya con otro tipo de ingredientes porque se pretende mantener la calidad de las cervezas alemanas e inglesas. Gracias a ello se va cambiando la mentalidad del boliviano en cuanto a sabores internacionales, pero a partir de un producto elaborado en el país. Clientes
Aunque el mercado boliviano ha empezado a apreciar a esta cerveza, los principales clientes son extranjeros. “Nuestro mayor número de clientes son de embajadas y extranjeros, quienes consumen de 50 a 60 por ciento de nuestra cerveza, porque ellos aprecian este tipo de calidad”, señala el jefe de ventas de Saya, Enrique Galdo.
Tipos
Esta empresa elabora los siguientes tipos de cerveza:
–Saya Ale. Tipo “bitter”, de color ámbar, con sabor amargo, con una mediana y burbujeante espuma y un aroma fuerte a malta. 5% de alcohol.
– Saya Colonial. Tipo “kolsh”, rubia, de color dorado, con espuma blanca y burbujeante, con sabor seco balanceado. Tiene 5% de alcohol.
– Saya Negra. Tipo “bock”, es lager negra de pura malta y color negro rojizo, de suave sabor al inicio y un dejo final a malta, de mucho cuerpo, contiene 7% de alcohol .
– Saya de temporada. Varía, como su nombre lo dice, según la temporada entre Saya Colonial no filtrada, Saya Helles, Saya Doblebock y Saya Stout.
Las presentaciones son en barril de 20 y 58,7 litros.
En busca del sabor rústico e innovador, algunos emprendimientos privados cerveceros en nuestro país iniciaron la producción de cerveza artesanal con ingredientes propios del altiplano y naturales como la quinua o la miel, o produciendo un sabor de calidad internacional pero con alma boliviana.
Se conoce que la receta de cerveza más antigua data del siglo III, cuando la elaboraban a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua.
Las cervezas artesanales de Bolivia, que están vigentes, tienen poco tiempo sorprendiendo el paladar del que toma cerveza, pero una vez saboreada, es difícil de olvidar. Ése es el caso de la Cervecería Leclere, ubicada en Cochabamba, que nació por la inquietud de dos jóvenes hermanos que decidieron abrir esta fábrica como alternativa a la disminuida oferta de trabajo que hay en nuestro país.
De quinua
La Cervecería Leclere lleva ese rótulo por el apellido de los propietarios que producen cerveza desde el 2007. Claudia Leclere, copropietaria, afirma que “nuestra cerveza se caracteriza por ser completamente natural, no tiene ningún tipo de conservantes, químicos, adjuntos cerveceros y no es pasteurizada. Es una cerveza sin filtrar, por tanto, su fermentación se da en la misma botella y el gas es natural. Su sabor es 100 por ciento de malta”.
La idea de elaborar este producto siempre estuvo presente en los Leclere, pero finalmente se animaron cuando la Cancillería propuso llevar a la Feria de Shanghai, en China, productos con granos bolivianos. Así empezaron las pruebas.
“Esta cerveza tiene poca espuma, después de tomarla se siente el dejo a quinua en la boca”, dice la copropietaria. Para los Leclere es una gran oportunidad para que cereales andinos como la quinua sean apreciados en un producto tan consumido y legendario como la cerveza.
El objetivo principal de la producción es rescatar los sabores rústicos para el paladar boliviano y extranjero. Por eso, además de la de quinua, ofrecen diez variedades de cerveza que se producen en diferentes meses del año, las cuales son:
- Lager Premium. Es una cerveza clara elaborada con levadura tipo lager y es premium. Contiene 5% de alcohol.
- Lager con miel. En el proceso de producción se le agrega miel para que tenga un suave sabor, aunque no es dulce. Tiene 5% de alcohol.
- Le Premium. Es una cerveza elaborada con levadura tipo Ale. Tiene 5% de alcohol.
- Brown Ale. Se elabora con malta de cebada caramelo a medio tostar, por lo que es una cerveza de color café. 5% de alcohol por volumen.
- IPA (Indian Pale Ale). Es más amarga de lo normal porque tiene bastante lúpulo. 5% de alcohol.
- Witbier. En el proceso de elaboración se coloca cilantro y cáscara de naranja. 4% de alcohol.
- Stout. Es una cerveza elaborada con malta tostada, pero no es dulce. 4,5% de grado alcohólico.
- Bock. Tiene un grado alcohólico elevado (7%) y es tipo lager.
- Kölch. Es una cerveza de trigo que tiene un grado alcohólico de 4%.
- La cerveza de quinua. 5% de grado alcohólico.
Leclere se vende en la ciudad de Cochabamba en ferias zonales y de comidas, en algunas tiendas ecológicas y a pedidos.
Los precios son de seis bolivianos la botella y 135 bolivianos la caja de 24 unidades, con botellas de 300cc.
La cervecería de Ted
Sucre no se queda atrás porque gracias a la visión de un holandés, Michel Handelé, al que todos llaman Ted (de donde proviene el nombre de su empresa ‘Teds Cervecería’) produce cuatro tipos de cerveza. En 2001, Ted llegó a Bolivia con la idea de estar seis meses, pero nunca usó su pasaje de regreso, ya que se enamoró de Sucre y de una boliviana que ahora es su esposa.
Después de un tiempo extrañando las cervezas belgas –que siempre había tomado cuando estaba en Holanda– decidió utilizar su experiencia como ingeniero de alimentos y la que ganó al trabajar en otras cervecerías en su país, para producir cerveza en su casa.
“Mis amigos en Sucre gustaban mucho las cervezas que hacía y me preguntaban si podía hacer más, así que me animé por hacer una producción más grande”, señala Ted.
Las cuatro cervezas que produce Teds Cervecería son:
– Ámbar, una cerveza tipo la cerveza “Pale Ale” de Bélgica, tiene color ámbar, bastante lúpulo, es amarga, con mucho cuerpo, y posee 5% de alcohol.
– Chala, es como la cerveza blanca de Bélgica, elaborada con trigo, cilantro y piel de naranja. Muy refrescante, de color blanco turbio, también posee 5% de alcohol.
– Reina, la más fuerte de Bolivia con 8,5% de alcohol, tiene mucha malta y miel, lo que le da un toque muy especial.
– Mango, una cerveza elaborada con mango, combinación hecha para satisfacer el gusto de Ted, aunque sólo hay mangos en diciembre, por lo que no se produce todo el año.
Las cervezas de Ted se venden en La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Samaipata.
Saya Beer, de artesanal a microcervecería
Hace 13 años nació Saya Beer como una cerveza artesanal de calidad premium, tipo europea. Se vendía en un bar en Sopocachi, el Cambrinus, para los amigos de Remo Baptista, dueño de la Saya y los clientes del dueño del bar.
Sin embargo, se fue haciendo popular entre los paceños y extranjeros, que comenzaron a apreciarla.
Hacer camino con una cerveza que nació siendo artesanal y se convirtió en microempresa, en un mercado lleno de cervezas industrializadas, fue difícil y lo sigue siendo, sobre todo cuando intentan llevarse crédito por sus emprendimientos.
Los primeros
“Hay otra empresa que pregona que es la única en hacer cerveza de pura malta. Nosotros fuimos la primera cervecería en hacerlo hace 13 años. Fuimos los primeros en hacer la cerveza negra europea y amarga, que no es lo mismo que bicervecina o maltín. El hecho de que hayan invertido mucho dinero en la producción no significa que hayan sido los primeros”, señala Baptista. Otro de los preceptos es no mezclar la Saya con otro tipo de ingredientes porque se pretende mantener la calidad de las cervezas alemanas e inglesas. Gracias a ello se va cambiando la mentalidad del boliviano en cuanto a sabores internacionales, pero a partir de un producto elaborado en el país. Clientes
Aunque el mercado boliviano ha empezado a apreciar a esta cerveza, los principales clientes son extranjeros. “Nuestro mayor número de clientes son de embajadas y extranjeros, quienes consumen de 50 a 60 por ciento de nuestra cerveza, porque ellos aprecian este tipo de calidad”, señala el jefe de ventas de Saya, Enrique Galdo.
Tipos
Esta empresa elabora los siguientes tipos de cerveza:
–Saya Ale. Tipo “bitter”, de color ámbar, con sabor amargo, con una mediana y burbujeante espuma y un aroma fuerte a malta. 5% de alcohol.
– Saya Colonial. Tipo “kolsh”, rubia, de color dorado, con espuma blanca y burbujeante, con sabor seco balanceado. Tiene 5% de alcohol.
– Saya Negra. Tipo “bock”, es lager negra de pura malta y color negro rojizo, de suave sabor al inicio y un dejo final a malta, de mucho cuerpo, contiene 7% de alcohol .
– Saya de temporada. Varía, como su nombre lo dice, según la temporada entre Saya Colonial no filtrada, Saya Helles, Saya Doblebock y Saya Stout.
Las presentaciones son en barril de 20 y 58,7 litros.
El Gobierno oficializa que el control de las AFP será estatal
Página Siete/ La Paz
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –Previsión, controlada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, y Futuro, por el grupo Zúrich Financial Service, de Suiza- pasarán al control gubernamental una vez que la nueva Ley de Pensiones sea aprobada por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo.
“Hubo una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si los actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos”, argumentó en rueda de prensa.
García afirmó que “hay una preocupación de la clase trabajadora en torno a su jubilación, la respuesta que da el Gobierno es ampliando los derechos. La gente se jubilará a los 58 años y esto es sostenible, el aporte patronal y laboral vuelven sostenible una jubilación a los 58 años”, dijo.
Explicó que el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Ejecutivo respetará y mantendrá los aportes individuales de los trabajadores que están en cuentas de las AFP. “Hay más de un millón 200 mil aportantes que tienen sus cuentas individuales y eso se va a mantener, ese dinero no se toca, es un dinero de ahorro de los propios trabajadores, y el Gobierno es respetuoso de ese ahorro personal”, sostuvo.
Respecto a la existencia de las AFP, García dijo que la Constitución establece que la administración del Fondo de Pensiones de los trabajadores debe estar a cargo del propio Estado. “Por lo tanto se creará un tipo de institucionalidad responsable, seria y con capacidad de autonomía, que vigile la buena administración de ahorro de los aportes individuales de los trabajadores”.
Anticipó que “es una ley que establece una renta universal, es aplicable para todos, para trabajadores del campo, para trabajadores de la ciudad, para comerciantes, para transportistas, para asalariados, para mineros, para funcionarios, para maestros”.
El Vicepresidente garantizó una administración correcta de las AFP. “Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados (seguridad) para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual”.
Una de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores del país, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.
Según el Vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el “más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo”, propio de un “Estado de bienestar” y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse “Estado del buen vivir”.
Respecto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aprobó la nueva Ley de Pensiones, García afirmó que “la vanguardia minera está reconociendo ese gran avance construido junto con el Gobierno y otros sectores laborales”.
Algunos puntos acordados en el proyecto
Edad La mayoría de los trabajadores se jubilará a los 58 años. Para el sector minero será a los 56 o bajará más aún.
Aporte Se incorpora un aporte laboral adicional de 0,5% y un aporte patronal de 3% para el Fondo Solidario.
Papeletas Se utilizarán las últimas 24 papeletas de pago como periodo de aportes para calcular la referencia salarial para la pensión solidaria.
Solidario Se acuerda montos superiores e inferiores de la pensión solidaria respecto a los años aportados, 70% a partir de los 30 años.
Comisión Se revisarán las rentas de casos especiales.
Los empresarios ponen en duda el manejo estatal
Rodrigo Pacheco /La Paz
Tras la confirmación de que el Estado administrará el nuevo sistema de pensiones, los empresarios privados del país manifestaron su preocupación por la falta de un sustento técnico de la propuesta del Gobierno y pusieron en duda la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
“La sostenibilidad de un sistema de pensiones implica que los aportes alcancen para una jubilación digna para todos. En ese sentido, las bases de un acuerdo dentro de esta ley deben tener un sustento técnico, es decir basados en cálculos actuariales”, manifestó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz. Añadió que el sector privado del país estaría dispuesto a tratar técnicamente este tema con el Ejecutivo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, en rueda de prensa, que el Estado será el único que controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, los detalles de esta ley “es algo que se debe discutir entre expertos” y lamentó que no se vaya a tener un sistema mixto, lo cual tomaría en cuenta la noción de competitividad, que es muy importante para un manejo eficiente de los aportes de la gente.
Por su parte, dirigentes del sector minero y del magisterio rural del país apoyaron la propuesta de que el sistema sea manejado por el Estado, según la Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes añadieron que los trabajadores también deben ser incluidos en el control de este nuevo sistema de pensiones.
Los empresarios temen que el sistema de pensiones propuesto por el Gobierno no sea sostenible en el tiempo y que no se estén haciendo los cálculos correctos respecto a los recursos necesarios para sustentar este modelo.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén Suárez, sostuvo que el modelo diseñado por el Ministerio de Economía fue “proyectado para un período mínimo de 40 años”, tomando en cuenta “toda la masa de trabajadores aportantes”.
En relación al aporte patronal del 3%, el presidente de las Cainco dijo que se trata de una carga pesada para los empresarios, ya que en este momento ya se tiene que hacer un incremento salarial del 5%.
El experto del Cedla, Carlos Arze, coincidió con los empresarios y explicó que “con esta carga el empleador va a someter (al trabajador) a condiciones de mayor productividad, es decir mayor intensidad en el trabajo. O la otra opción es que van a aumentarle ese 3% al costo de las mercancías producidas y al final quien va a cotizar ese 3% es el consumidor final”.
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –Previsión, controlada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, y Futuro, por el grupo Zúrich Financial Service, de Suiza- pasarán al control gubernamental una vez que la nueva Ley de Pensiones sea aprobada por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo.
“Hubo una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si los actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos”, argumentó en rueda de prensa.
García afirmó que “hay una preocupación de la clase trabajadora en torno a su jubilación, la respuesta que da el Gobierno es ampliando los derechos. La gente se jubilará a los 58 años y esto es sostenible, el aporte patronal y laboral vuelven sostenible una jubilación a los 58 años”, dijo.
Explicó que el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Ejecutivo respetará y mantendrá los aportes individuales de los trabajadores que están en cuentas de las AFP. “Hay más de un millón 200 mil aportantes que tienen sus cuentas individuales y eso se va a mantener, ese dinero no se toca, es un dinero de ahorro de los propios trabajadores, y el Gobierno es respetuoso de ese ahorro personal”, sostuvo.
Respecto a la existencia de las AFP, García dijo que la Constitución establece que la administración del Fondo de Pensiones de los trabajadores debe estar a cargo del propio Estado. “Por lo tanto se creará un tipo de institucionalidad responsable, seria y con capacidad de autonomía, que vigile la buena administración de ahorro de los aportes individuales de los trabajadores”.
Anticipó que “es una ley que establece una renta universal, es aplicable para todos, para trabajadores del campo, para trabajadores de la ciudad, para comerciantes, para transportistas, para asalariados, para mineros, para funcionarios, para maestros”.
El Vicepresidente garantizó una administración correcta de las AFP. “Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados (seguridad) para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual”.
Una de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores del país, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.
Según el Vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el “más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo”, propio de un “Estado de bienestar” y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse “Estado del buen vivir”.
Respecto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aprobó la nueva Ley de Pensiones, García afirmó que “la vanguardia minera está reconociendo ese gran avance construido junto con el Gobierno y otros sectores laborales”.
Algunos puntos acordados en el proyecto
Edad La mayoría de los trabajadores se jubilará a los 58 años. Para el sector minero será a los 56 o bajará más aún.
Aporte Se incorpora un aporte laboral adicional de 0,5% y un aporte patronal de 3% para el Fondo Solidario.
Papeletas Se utilizarán las últimas 24 papeletas de pago como periodo de aportes para calcular la referencia salarial para la pensión solidaria.
Solidario Se acuerda montos superiores e inferiores de la pensión solidaria respecto a los años aportados, 70% a partir de los 30 años.
Comisión Se revisarán las rentas de casos especiales.
Los empresarios ponen en duda el manejo estatal
Rodrigo Pacheco /La Paz
Tras la confirmación de que el Estado administrará el nuevo sistema de pensiones, los empresarios privados del país manifestaron su preocupación por la falta de un sustento técnico de la propuesta del Gobierno y pusieron en duda la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
“La sostenibilidad de un sistema de pensiones implica que los aportes alcancen para una jubilación digna para todos. En ese sentido, las bases de un acuerdo dentro de esta ley deben tener un sustento técnico, es decir basados en cálculos actuariales”, manifestó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz. Añadió que el sector privado del país estaría dispuesto a tratar técnicamente este tema con el Ejecutivo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, en rueda de prensa, que el Estado será el único que controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, los detalles de esta ley “es algo que se debe discutir entre expertos” y lamentó que no se vaya a tener un sistema mixto, lo cual tomaría en cuenta la noción de competitividad, que es muy importante para un manejo eficiente de los aportes de la gente.
Por su parte, dirigentes del sector minero y del magisterio rural del país apoyaron la propuesta de que el sistema sea manejado por el Estado, según la Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes añadieron que los trabajadores también deben ser incluidos en el control de este nuevo sistema de pensiones.
Los empresarios temen que el sistema de pensiones propuesto por el Gobierno no sea sostenible en el tiempo y que no se estén haciendo los cálculos correctos respecto a los recursos necesarios para sustentar este modelo.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén Suárez, sostuvo que el modelo diseñado por el Ministerio de Economía fue “proyectado para un período mínimo de 40 años”, tomando en cuenta “toda la masa de trabajadores aportantes”.
En relación al aporte patronal del 3%, el presidente de las Cainco dijo que se trata de una carga pesada para los empresarios, ya que en este momento ya se tiene que hacer un incremento salarial del 5%.
El experto del Cedla, Carlos Arze, coincidió con los empresarios y explicó que “con esta carga el empleador va a someter (al trabajador) a condiciones de mayor productividad, es decir mayor intensidad en el trabajo. O la otra opción es que van a aumentarle ese 3% al costo de las mercancías producidas y al final quien va a cotizar ese 3% es el consumidor final”.
miércoles, 12 de mayo de 2010
FAM y el MAS planean dar de baja la Participación Popular
Boris Miranda / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
Ven riesgo en el sistema si bajan la edad de la jubilación
Página Siete / La Paz
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
martes, 11 de mayo de 2010
La COB analizará hoy la propuesta salarial del Gobierno
Página Siete / La Paz y Oruro
La Central Obrera Boliviana (COB) analizará durante el ampliado que realizará mañana la propuesta del Gobierno sobre el incremento salarial inversamente proporcional para los maestros y trabajadores en salud del país.
Dirigentes cobistas que iniciaron una marcha desde Caracollo, Oruro, informaron a Página Siete que el tema será tratado mañana para ver si es lo más conveniente para el sector.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que la propuesta beneficiará a los maestros y salubristas que ganan menos y reducirá su incremento a los que ganan más. “La predisposición del Gobierno que dentro del techo del 5% que el Estado ha fijado para el incremento salarial, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se redistribuya este ingreso inversamente proporcional al haber básico que reciben los trabajadores. La idea sería de que las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo los maestros de quinta categoría o los maestros interinos, podrían mejorar su porcentaje salarial, en detrimento de aquellos sectores como la categoría primera que es la que recibe mayor sueldo”, dijo Arce.
Al respecto, el gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior , Limbert Menacho, rechazó un incremento por encima de ese porcentaje. “Más del 5% no solamente sería un suicidio para el sector empresarial, sino también un suicidio económico y riesgo para el país”, señaló el representante privado.
Una COB cuestionada
“Montes, llunk’u de Evo”, se escuchó de uno de los dirigentes del Movimiento Sin Trabajo cuando Pedro Montes, ejecutivo de la COB, daba un reporte sobre las medidas que llevarán adelante los movimientos sociales afiliados a esa organización.
Hasta las 10:30 se decía que no iba a iniciar la marcha desde Caracollo hasta la sede del Gobierno, porque se había avanzado sobre la Ley de Pensiones.
Al final, Montes dijo que la caminata proseguiría hasta Panduro, adonde llegaron a las siete de la noche, aproximadamente.
Para hoy se programó un ampliado en esa población, desde las nueve de la mañana, para decidir las futuras medidas.
La Central Obrera Boliviana (COB) analizará durante el ampliado que realizará mañana la propuesta del Gobierno sobre el incremento salarial inversamente proporcional para los maestros y trabajadores en salud del país.
Dirigentes cobistas que iniciaron una marcha desde Caracollo, Oruro, informaron a Página Siete que el tema será tratado mañana para ver si es lo más conveniente para el sector.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que la propuesta beneficiará a los maestros y salubristas que ganan menos y reducirá su incremento a los que ganan más. “La predisposición del Gobierno que dentro del techo del 5% que el Estado ha fijado para el incremento salarial, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se redistribuya este ingreso inversamente proporcional al haber básico que reciben los trabajadores. La idea sería de que las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo los maestros de quinta categoría o los maestros interinos, podrían mejorar su porcentaje salarial, en detrimento de aquellos sectores como la categoría primera que es la que recibe mayor sueldo”, dijo Arce.
Al respecto, el gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior , Limbert Menacho, rechazó un incremento por encima de ese porcentaje. “Más del 5% no solamente sería un suicidio para el sector empresarial, sino también un suicidio económico y riesgo para el país”, señaló el representante privado.
Una COB cuestionada
“Montes, llunk’u de Evo”, se escuchó de uno de los dirigentes del Movimiento Sin Trabajo cuando Pedro Montes, ejecutivo de la COB, daba un reporte sobre las medidas que llevarán adelante los movimientos sociales afiliados a esa organización.
Hasta las 10:30 se decía que no iba a iniciar la marcha desde Caracollo hasta la sede del Gobierno, porque se había avanzado sobre la Ley de Pensiones.
Al final, Montes dijo que la caminata proseguiría hasta Panduro, adonde llegaron a las siete de la noche, aproximadamente.
Para hoy se programó un ampliado en esa población, desde las nueve de la mañana, para decidir las futuras medidas.
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