Boris Miranda / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
miércoles, 12 de mayo de 2010
Ven riesgo en el sistema si bajan la edad de la jubilación
Página Siete / La Paz
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
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