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Viernes 14 de mayo de 2010

miércoles, 12 de mayo de 2010

FAM y el MAS planean dar de baja la Participación Popular

Boris Miranda / La Paz


La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.

La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.

La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.

La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.

El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.

El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.

El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.

La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.

Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.

Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.

El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.

La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.

Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.

“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.



Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.

Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.

La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.

El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.

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