El Gobierno oficializa que el control de las AFP será estatal

Página Siete/ La Paz


El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –Previsión, controlada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, y Futuro, por el grupo Zúrich Financial Service, de Suiza- pasarán al control gubernamental una vez que la nueva Ley de Pensiones sea aprobada por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo.

“Hubo una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si los actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos”, argumentó en rueda de prensa.

García afirmó que “hay una preocupación de la clase trabajadora en torno a su jubilación, la respuesta que da el Gobierno es ampliando los derechos. La gente se jubilará a los 58 años y esto es sostenible, el aporte patronal y laboral vuelven sostenible una jubilación a los 58 años”, dijo.

Explicó que el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Ejecutivo respetará y mantendrá los aportes individuales de los trabajadores que están en cuentas de las AFP. “Hay más de un millón 200 mil aportantes que tienen sus cuentas individuales y eso se va a mantener, ese dinero no se toca, es un dinero de ahorro de los propios trabajadores, y el Gobierno es respetuoso de ese ahorro personal”, sostuvo.

Respecto a la existencia de las AFP, García dijo que la Constitución establece que la administración del Fondo de Pensiones de los trabajadores debe estar a cargo del propio Estado. “Por lo tanto se creará un tipo de institucionalidad responsable, seria y con capacidad de autonomía, que vigile la buena administración de ahorro de los aportes individuales de los trabajadores”.

Anticipó que “es una ley que establece una renta universal, es aplicable para todos, para trabajadores del campo, para trabajadores de la ciudad, para comerciantes, para transportistas, para asalariados, para mineros, para funcionarios, para maestros”.

El Vicepresidente garantizó una administración correcta de las AFP. “Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados (seguridad) para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual”.

Una de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores del país, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.

Según el Vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el “más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo”, propio de un “Estado de bienestar” y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse “Estado del buen vivir”.

Respecto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aprobó la nueva Ley de Pensiones, García afirmó que “la vanguardia minera está reconociendo ese gran avance construido junto con el Gobierno y otros sectores laborales”.
 
Algunos puntos acordados en el proyecto
 
Edad La mayoría de los trabajadores se jubilará a los 58 años. Para el sector minero será a los 56 o bajará más aún.


Aporte Se incorpora un aporte laboral adicional de 0,5% y un aporte patronal de 3% para el Fondo Solidario.

Papeletas Se utilizarán las últimas 24 papeletas de pago como periodo de aportes para calcular la referencia salarial para la pensión solidaria.

Solidario Se acuerda montos superiores e inferiores de la pensión solidaria respecto a los años aportados, 70% a partir de los 30 años.

Comisión Se revisarán las rentas de casos especiales.
 
Los empresarios ponen en duda el manejo estatal
 
Rodrigo Pacheco /La Paz


Tras la confirmación de que el Estado administrará el nuevo sistema de pensiones, los empresarios privados del país manifestaron su preocupación por la falta de un sustento técnico de la propuesta del Gobierno y pusieron en duda la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
“La sostenibilidad de un sistema de pensiones implica que los aportes alcancen para una jubilación digna para todos. En ese sentido, las bases de un acuerdo dentro de esta ley deben tener un sustento técnico, es decir basados en cálculos actuariales”, manifestó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz. Añadió que el sector privado del país estaría dispuesto a tratar técnicamente este tema con el Ejecutivo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, en rueda de prensa, que el Estado será el único que controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, los detalles de esta ley “es algo que se debe discutir entre expertos” y lamentó que no se vaya a tener un sistema mixto, lo cual tomaría en cuenta la noción de competitividad, que es muy importante para un manejo eficiente de los aportes de la gente.
Por su parte, dirigentes del sector minero y del magisterio rural del país apoyaron la propuesta de que el sistema sea manejado por el Estado, según la Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes añadieron que los trabajadores también deben ser incluidos en el control de este nuevo sistema de pensiones.

Los empresarios temen que el sistema de pensiones propuesto por el Gobierno no sea sostenible en el tiempo y que no se estén haciendo los cálculos correctos respecto a los recursos necesarios para sustentar este modelo.

El viceministro de Pensiones, Mario Guillén Suárez, sostuvo que el modelo diseñado por el Ministerio de Economía fue “proyectado para un período mínimo de 40 años”, tomando en cuenta “toda la masa de trabajadores aportantes”.

En relación al aporte patronal del 3%, el presidente de las Cainco dijo que se trata de una carga pesada para los empresarios, ya que en este momento ya se tiene que hacer un incremento salarial del 5%.

El experto del Cedla, Carlos Arze, coincidió con los empresarios y explicó que “con esta carga el empleador va a someter (al trabajador) a condiciones de mayor productividad, es decir mayor intensidad en el trabajo. O la otra opción es que van a aumentarle ese 3% al costo de las mercancías producidas y al final quien va a cotizar ese 3% es el consumidor final”.