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Viernes 14 de mayo de 2010

jueves, 6 de mayo de 2010

Francia acudirá a un arbitraje internacional

Página Siete / La Paz

El embajador de Francia en Bolivia, Antoine Grassin, anunció ayer que si el Gobierno boliviano no efectúa el pago suficiente por la generadora de electricidad de Corani, nacionalizada el sábado junto a dos similares empresas y una distribuidora de electricidad, su Gobierno acudirá a un arbitraje internacional.

“Esperemos que tengamos que llegar sin ningún arbitraje a un acuerdo mutuo. Si el precio es insuficiente se pedirá arbitraje. El arbitraje no es nada más que pedir a un tercero constituido en tribunal que llegue a la decisión final, que ambas partes se comprometan en aceptar”, manifestó el embajador Grassin en declaraciones a Página Siete.

El presidente Evo Morales decretó el sábado la nacionalización de las empresas eléctricas Corani, controlada por Inversiones Econergy Bolivia SA (subsidiaria de la francesa GDF Suez) y Guaracachi, en manos de la británica Rurelec PLC. También estatizó ese día la planta hidroeléctrica Valle Hermoso, gestionada por el consorcio Bolivian Generating Group, lo que en total le dio el control del 80% de la generación eléctrica en Bolivia.

Grassin afirmó que “el decreto supremo (0492) deja un procedimiento por el cual le corresponde a ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) nombrar a una empresa extranjera que haga la evaluación del valor de la empresa nacionalizada y en realidad el activo neto que corresponde indemnizar. Y al final me imagino que nos van a comunicar el monto. Ojalá que sea un precio adecuado por la empresa”.

En tanto que la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, afirmó que hay una valoración de lo que son las acciones de las empresas y el Gobierno va a proceder con el reconocimiento justo de las mismas.

“Esperamos llegar a un resultado amigable entre las partes”, subrayó Caro, sin descartar un posible arbitraje internacional.

El martes, el ministerio francés de Relaciones Exteriores señala que “Francia respeta el derecho soberano del Estado boliviano de garantizar el control directo de sus recursos naturales, pero espera que la nacionalización sea acompañada de una indemnización rápida y adecuada”. El Estado francés tenía el 35,7% de GDF-Suez que controlaba a su vez el 50% de la central hidroeléctrica Corani. Francia pidió una indemnización “calculada sobre el valor real de la inversión a la fecha de la expropiación”. El acuerdo fue firmado por ambos países en octubre de 1989. Grassin manifestó que “al pedir que esta nacionalización (de Corani) se acompañe con una indemnización adecuada y rápida, confiamos en que el Gobierno consiga pagar a Francia una indemnización”. Afirmó que su país y Bolivia tienen suscritos convenios bilaterales que respetan inversiones extranjeras. “Las disposiciones quedan vigentes en la medida que prevén arbitraje ad hoc”, dijo Grassin.
 
Bolivia pretende pagar $us 50 millones por las tres generadoras
 
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, aseguró ayer que el Estado tiene 50 millones de dólares para indemnizar a las tres empresas generadoras de electricidad, Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, estatizadas el sábado, entre ellas una francesa y otra británica. “Nosotros teníamos una información contable de aproximadamente cerca de 50 millones de dólares, sujeto a revisión, sujeto a la información que presenten las empresas”, afirmó Caro al señalar que es el monto base, pero reconoció que “la información es aún preliminar”.


Por su parte, la británica Rurelec PCL consideró que el precio por sus acciones, que sumaban 50% en la empresa Guaracachi SA, bordean los 65 millones de dólares. La empresa The Bolivian Generating Group, que participaba con el 50% de las acciones de la generadora Valle Hermoso SA, todavía no emitió una posición oficial.

Caro explicó que Bolivia pagará las acciones de las tres hidroeléctricas, aunque señaló que ello dependerá de una revisión contable del patrimonio de las compañías y de la que pudieran facilitar las firmas al Estado.

En ese contexto, la ministra Caro aseguró que a pesar de las diferencias que podrían existir, en los cálculos de compensación, “no hay un rechazo a la medida de nacionalización”.

Añadió que “las negociaciones pueden durar meses”, para evaluar las inversiones, porque se tiene que ver todo el tema de pasivos laborales, ambientales y deudas tributarias.
 
PGN: El crédito de $us 1.000 millones no es para indemnizar
 
Rodrigo Pacheco / La Paz

Los préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) a las empresas públicas sólo deben ser utilizados para financiar proyectos de inversión productiva y no en indemnizaciones, según el artículo 41 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2010.
La Ley Financial determina la otorgación de un crédito interno del BCB hasta 1.000 millones de dólares (5% del PGE) “a las empresas públicas estratégicas para financiar proyectos de inversión productiva”.
Al respecto, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó que parte de los 1.000 millones de dólares es un crédito del Banco Central de Bolivia que puede ser empleado para el pago a las empresas eléctricas. “Pero quisiéramos priorizarlos en inversión en hidroeléctricas”, puntualizó. El empleo de parte de esos fondos “podemos tomarlo también como inversión en acciones”, explicó.
Para Napoleón Pacheco, director de la Fundación Milenio, lo que dijo la ministra Caro no es correcto y lo considera una “jugada financiera”.

El analista afirmó que el Gobierno quiere “disfrazar” esta compra como una “inversión en acciones”, lo que “nunca será una creación de nuevas fuentes de energía eléctrica”, como exige la Ley Financial.

Al hacer esto, según Pacheco, el Gobierno falta a la ley porque si bien en el PGE se otorga estos 1.000 millones, son para uso exclusivo en inversión productiva y no para el pago de indemnizaciones a empresas socias.

Además, el analista explica que la Ley Orgánica del BCB prohíbe al banco emisor emitir préstamos al Estado, lo cual no se está respetando. “Lo que está ocurriendo es que el BCB dejó de ser independiente del Poder Ejecutivo y se nota una actitud muy dócil de parte de las autoridades del BCB”, aseveró.

En septiembre de 2009, el BCB e YPFB firmaron un contrato de crédito por 1.000 millones de dólares a favor de la estatal petrolera en el marco del PGE 2009.

Ese monto que surge de las reservas internacionales del BCB se suma a los 1.000 millones de dólares establecidos en el presupuesto fiscal de este año, con lo que en total se tienen 2.000 millones de dólares comprometidos de las reservas internacionales de Bolivia.

Para Pacheco, esto representa casi el 30 por ciento de las reservas del banco emisor, por lo que concluye que “el BCB está actuando como un banco de reserva para el Gobierno, lo que desnaturaliza las funciones de este banco y el objetivo de las reservas que acumula”.

Según un reporte del BCB, los rendimientos de las reservas internacionales vienen cayendo continuamente desde el año pasado y se prevé que las bajas tasas de interés seguirán afectando la generación de ingresos para el BCB por concepto del rendimiento de la inversión de las reservas internacionales.

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