Amancaya Finkel / La Paz
El grupo orureño Llajtaymanta ha causado revuelo en los últimos días en el ámbito de la cultura, pero músicos entrevistados por Página Siete les dieron su respaldo.
Los miembros de la agrupación folklórica compusieron una canción para un centro cultural peruano, en cuya letra algunos piensan que se sugiere que el caporal proviene del Perú.
La canción “Mi corazón contigo está” dice así: “Centro cultural andino/el umbral divino/caporal genuino/ bailando contigo/ mi gran cultural/”.
Gracias a este texto, el grupo ha recibido fuertes críticas en los medios y de muchos de sus fans. Según Napoleón Gómez Silva, director de Radio Pasión Boliviana y presidente de la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore Boliviano, a partir de la palabra “genuino” podría inferirse que los caporales son de Perú.
En internet los comentarios de molestia se multiplican: “La traición tiene nuevo nombre” dice un bloggero y nombra al grupo. “Vendepatrias, dejen de borrar nuestros comentarios de su Facebook”, dice uno de los mensajes. “No se quiere llegar a insultar a ningún cuate peruano, pero sí a los ‘maleantes’ que quieren robar mi cultura”, dice un aviso que aparece antes de iniciarse el video de la canción del grupo en You Tube.
Para el presidente de la Fraternidad de los Caporales de San Simón, Néstor Enrique, lo que hicieron los músicos fue una gran equivocación. “Es gracias a nosotros que se ha difundido la danza; antes sólo la bailaban en las clases bajas y el caporal es 100% boliviano”, sostiene.
“Nadie nos quita lo bailado”
No todos están de acuerdo con esas críticas. Varios músicos salieron en defensa del grupo. “Jamás podrá existir una barrera que limite la migración de expresiones culturales”, afirma, por el contrario, el músico Álvaro Montenegro.
“Me parece que en ningún momento se cuestiona el origen del caporal , y que si los peruanos tienen que pagar a grupos bolivianos para hacerles la música de sus festivales o centros culturales, eso no hace más que hablar muy bien de nuestra música y de nuestros músicos. Me alegra que en Puno se baile el ‘genuino’ caporal boliviano, pues a nosotros nadie nos quita lo bailado”, dijo.
El músico mencionó también otro tema, el de las “fronteras artificiales” entre los dos países. “Dónde queda la reconstrucción del mundo andino?, ¿no es la región lacustre la más aymara de todo el altiplano? Quien conozca Puno, sentirá que la frontera no es más que una estupidez realmente colonizadora de un pueblo que nunca debió estar separado. O sea que quien vea al sur peruano como algo ajeno en cultura y música, no está más que reforzando los valores de la Colonia y de la República burguesa”.
Intercambios culturales
“Tengo sospechas y reparos en torno a las pertenencias y nacionalidades de ciertas expresiones de la cultura popular”, comenta el compositor Óscar García, “porque sabemos que la cultura popular está hecha de préstamos, de dinámicas, culturas apropiadas, enajenadas. Ahora, como forma musical que pretende ser esencialmente simbólica, es importante para el país y Bolivia siempre la víctima de que le ‘choreen’ todo y este caso no creo que sea la excepción, pero ¿dónde empieza Bolivia y dónde termina Perú en términos culturales? Nos quejamos todo el tiempo de que nos están robando, pero no hacemos nada para que Bolivia y sus expresiones salgan al mundo”.
La cantante Enriqueta Ulloa considera que los grupos tienen todo el derecho de componer canciones para quien deseen. “Llajtaymanta es un grupo que tiene 20 años de difundir la cultura y la música bolivianas. Yo quisiera que nos muestren un documento que diga que el caporal es específicamente boliviano. Lo que hace falta son políticas culturales que den a conocer nuestra cultura”.
Añadió que “el vals es peruano y nosotros, en Bolivia, tenemos el tema ‘Las playas del Beni’, que es un vals”, dice la cantante tarijeña para quien éste no es más que un “falso debate”.
viernes, 14 de mayo de 2010
La británica Rurelec inicia un arbitraje por Guaracachi
Karen Gil / La Paz
La británica Rurelec inició el proceso de arbitraje internacional contra el país por la nacionalización de las generadoras de electricidad de Guaracachi, dejando un plazo de seis meses para negociar el pago por la compensación.
La multinacional Rurelec anunció ayer en su página web que abrió el proceso de arbitraje contra Bolivia, por no respetar el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Bolivia.
Este proceso da inicio a los seis meses de negociación antes del arbitraje internacional. “Hemos iniciado el proceso formal de arbitraje para reducir los plazos generales, en caso de que se requiera un acuerdo supervisado internacionalmente”, dijo el gerente de Rurelec, Peter Earl.
Si bien, el decreto supremo de la nacionalización promulgada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo señala que en un periodo de 120 días se evaluará el costo de las acciones que se pagará a la empresa británica, los directores de Rurelec informaron que el valor justo por las generadoras es más de 70 millones dólares.
A pesar de esta declaración, la ministra de Planificación, Viviana Caro, indicó la anterior semana que el Gobierno tiene un fondo inicial de 50 millones de dólares para indemnizar a tres empresas privadas de electricidad, entre ellas una francesa y otra británica. Morales dijo el 1 de mayo que la nacionalización de las eléctricas se produjo después de un año de infructuosas negociaciones, ya que las empresas demandaban indemnizaciones muy superiores a los precios de las acciones.
Por su parte, Earl explicó que el valor de Guaracachi está vinculado a sus ganancias futuras que debería duplicarse a partir del año 2010 como resultado del aumento de los márgenes de ciclo combinado de la nueva planta de energía contratada y de créditos de carbono, provenientes de los excedentes de EEUU.
De acuerdo con el portal, Rurelec dio instrucciones a la firma internacional de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer LLP para que los asesoren en relación a las negociaciones y en un arbitraje final. Según el portal, las inversiones de Rurelec en Bolivia están plenamente protegidas, como resultado de un tratado de inversiones entre Bolivia y el Reino Unido, que entró en vigor en 1990. El Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones fue firmado en La Paz el 24 de mayo de 1988.
Este tratado protege a todas las empresas británicas y garantiza el pago del valor de mercado en el caso de la nacionalización estatal obligatoria de sus inversiones en Bolivia.
La británica Rurelec inició el proceso de arbitraje internacional contra el país por la nacionalización de las generadoras de electricidad de Guaracachi, dejando un plazo de seis meses para negociar el pago por la compensación.
La multinacional Rurelec anunció ayer en su página web que abrió el proceso de arbitraje contra Bolivia, por no respetar el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Bolivia.
Este proceso da inicio a los seis meses de negociación antes del arbitraje internacional. “Hemos iniciado el proceso formal de arbitraje para reducir los plazos generales, en caso de que se requiera un acuerdo supervisado internacionalmente”, dijo el gerente de Rurelec, Peter Earl.
Si bien, el decreto supremo de la nacionalización promulgada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo señala que en un periodo de 120 días se evaluará el costo de las acciones que se pagará a la empresa británica, los directores de Rurelec informaron que el valor justo por las generadoras es más de 70 millones dólares.
A pesar de esta declaración, la ministra de Planificación, Viviana Caro, indicó la anterior semana que el Gobierno tiene un fondo inicial de 50 millones de dólares para indemnizar a tres empresas privadas de electricidad, entre ellas una francesa y otra británica. Morales dijo el 1 de mayo que la nacionalización de las eléctricas se produjo después de un año de infructuosas negociaciones, ya que las empresas demandaban indemnizaciones muy superiores a los precios de las acciones.
Por su parte, Earl explicó que el valor de Guaracachi está vinculado a sus ganancias futuras que debería duplicarse a partir del año 2010 como resultado del aumento de los márgenes de ciclo combinado de la nueva planta de energía contratada y de créditos de carbono, provenientes de los excedentes de EEUU.
De acuerdo con el portal, Rurelec dio instrucciones a la firma internacional de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer LLP para que los asesoren en relación a las negociaciones y en un arbitraje final. Según el portal, las inversiones de Rurelec en Bolivia están plenamente protegidas, como resultado de un tratado de inversiones entre Bolivia y el Reino Unido, que entró en vigor en 1990. El Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones fue firmado en La Paz el 24 de mayo de 1988.
Este tratado protege a todas las empresas británicas y garantiza el pago del valor de mercado en el caso de la nacionalización estatal obligatoria de sus inversiones en Bolivia.
Modesto Ayala, 35 años cuidando la Catedral
Óscar Ordóñez A. / La Paz
Modesto Ayala tiene 62 años y hace 35 que trabaja como celoso guardián de la Catedral Metropolitana de La Paz, uno de los íconos de la plaza Murillo, templo silencioso que ha sido testigo de los hechos que marcaron el destino del país.
Para él no hay feriados, ni días de descanso. El suyo es un empleo de todos los días. Pese a que ya se jubiló, los sacerdotes de este templo han vuelto a llamarlo. “Ellos confían en mí. Les estoy muy agradecido”, resalta.
Cada mañana, Ayala se levanta con el sol para, luego de su desayuno, dirigirse a la Catedral desde su casa, ubicada en la zona 16 de Julio de El Alto.
Los días de misa y todos los domingos se encarga de recibir la limosna de los fieles.
En días ordinarios, su trabajo consiste en quitar el polvo que de noche se asienta en los bancos de rezo y en las piletas donde suele haber agua bendita para que los fieles la recojan con la punta de los dedos y se la lleven al corazón o a la frente.
Su deber es también estar pendiente de cualquier desperfecto eléctrico o de agua que tenga la Catedral. Además tiene que limpiar los vitrales santos, cuyas imágenes recuerdan distintos pasajes de la Biblia.
Nunca sintió el llamado de Dios para consagrar su vida al sacerdocio, pero sí dice haber sentido la presencia de él en su cotidiano vivir. Antes trabajaba en el colegio don Bosco, en el mismo oficio. “En total ya son 45 años que trabajo con la Iglesia”, explica el veterano sereno.
Muy pocas veces sube hacia las cúpulas, donde se encuentran las campanas, a barrer los excrementos de las palomas, porque se convierten en polvo “y es más fácil que el viento se los lleve”, bromea. Y en tiempo de lluvias, todo termina en las canaletas, cuyos conductos son llevados a las aguas de los ríos que surcan sin pausa, debajo de las calles de esta ciudad. Su deber es mantener limpios esos conductos de agua.
Ayala, con el apoyo de su único ayudante, deja de un día para otro limpios todos los ambientes superiores, donde varios fieles se reúnen algunas noches de la semana para honrar la palabra de Dios.
Con este empleo, Ayala ha costeado la educación de sus tres hijos, quienes hoy ya han formado sus respectivos hogares.
Pocos fieles
Ayala cree que los fieles católicos han disminuido. Su hipótesis parece comprobarla en el hecho de que desde hace diez años el número de fieles que acude a la Catedral ha disminuido considerablemente.
“Antes esta iglesia estaba llena de gente. Qué será… Muy pocos vienen. Antes, la gente hacía cola para pedir una celebración de misa. Ya no es como antes. Sólo (se celebran) las de difuntos”, recuerda este hombre de 62 años de edad.
En aquella época había más de 25 sacerdotes en este templo. Ahora sólo hay dos. Y había ocho serenos. Con el paso de los años, todos se fueron. “Sólo quedo yo. Debe ser que la crisis también afecta a los curas”, concluye con rostro burlón.
Febrero y octubre, el recuerdo negro vito de la Catedral
La última semana de septiembre de 2003, Modesto Ayala ya no pudo ir a cuidar la Catedral Metropolitana de nuestra Señora de La Paz.
Aquellos días no había entrada a la plaza central de Armas de la ciudad.
Las decisiones del poder se estaban tomando en la residencia presidencial de San Jorge, por lo que la plaza central había dejado de tener la vida de otros días.
En aquella ocasión, la plaza parecía abandonada. No había vehículos circulando a su alrededor. No había turistas fotografiándose dando la espalda al palacio presidencial o frente al Congreso. No había vendedores de helado. No había vendedores de maíz para las palomas. No
había niños jugando ante la mirada vigilante de sus padres. No había parejas de enamorados que sellaban su esperado encuentro con un beso de amor. No había payasos escupiendo pompas de jabón. No había fotógrafos de imágenes instantáneas. No, no había nadie. Tampoco periodistas.
Todas las miradas estaban concentradas en la residencia presidencial. Modesto, a través del único televisor de su casa, ubicada en la ciudad de El Alto, también estaba atento a esos acontecimientos, cuyo desenlace terminó con la huida del país de Sánchez de Lozada.
Su esposa agradece a Dios el hecho de que las autoridades religiosas de la Catedral hayan decidido cerrar este templo y preservar así la vida de su esposo.
Sin embargo, Ayala estaba preocupado por la suerte que había corrido el templo más importante de los católicos.
“¡Cómo no iba a estar preocupado! Es mi fuente de trabajo”, dice en tono humilde.
Febrero trágico
Pero no era la primera vez –ese año– que ese sentimiento había cruzado por su corazón. Meses antes, al medio día del miércoles 12 de febrero, junto a otros compañeros de trabajo, había decidido escapar de la Catedral, porque una cascada de balazos entre policías y militares los sorprendió en mitad de sus cotidianas obligaciones.
Bastó con que uno de ellos
asome la mirada por la rendija de una ventana para darse cuenta de que había estallado la bomba de los problemas de aquellos días.
Era la primera vez que tenían la orden de cerrar las puertas del templo. Los pocos empleados de limpieza, suspendieron sus cotidianos quehaceres, con la promesa de volver al día siguiente. Todos se acercaron a la puerta lateral del templo que comunica a la calle Comercio y corrieron a toda prisa para no ser sorprendidos por una bala perdida.
A salvo, Ayala le dio gracias a Dios por haberlo llevado a casa sin mayores contratiempos que el de su natural preocupación por la Catedral. Tenía miedo que en el trayecto lo arresten, o lo confundan con uno más de la multitud que había salido a las calles a protestar en contra del impuesto al salario, un proyecto de ley que el Gobierno de Sánchez de Lozada había ya mandado al Parlamento para su posterior aprobación.
Al llegar a casa, encendió el televisor y poco después vio cómo un balazo hirió a una persona que intentaba ocultarse entre las puertas del templo. Vio también cómo otra persona escapó de ese mismo sitio sin prestar ayuda a quien ya había caído.
Carlos Mesa en la Catedral
La noche del 10 de junio de 2005, cuando Eduardo Rodríguez Beltzé juró a la Presidencia del país, el renunciante Carlos Mesa sorprendió a la poca gente que se encontraba en la plaza Murillo saliendo de Palacio de Gobierno para dirigirse, a pie, hacia la Catedral.
Era la primera vez en su vida que Ayala veía que un Presidente triste entraba a rezar a su iglesia.
Aquel hombre alto, cuya palabra seducía a la población y se traducía en aplausos y vivas, si bien ya no tenía la sonrisa de otros tiempos, aún no había perdido el aura de “buen hombre” con que el país entero lo había conocido cuando era presentador de noticias en la televisión.
Sin embargo, Ayala, con varios periodistas y el resto del país, pudieron advertir la congoja que Carlos Mesa llevaba en el rostro. “Daba pena verlo así”, recuerda este conserje.
Aquel Presidente sin apoyo le dijo días después a El Tiempo, de Bogotá, que durante sus 20 meses de Gobierno intentó “poner sobre la mesa todas las cartas, todo aquello que era subterráneo, todas las facturas históricas por debajo”.
Y reconoció que su error fue el haber pensado que el país iba a mejorarse si él sacaba “los demonios de la caja”.
Modesto Ayala tiene 62 años y hace 35 que trabaja como celoso guardián de la Catedral Metropolitana de La Paz, uno de los íconos de la plaza Murillo, templo silencioso que ha sido testigo de los hechos que marcaron el destino del país.
Para él no hay feriados, ni días de descanso. El suyo es un empleo de todos los días. Pese a que ya se jubiló, los sacerdotes de este templo han vuelto a llamarlo. “Ellos confían en mí. Les estoy muy agradecido”, resalta.
Cada mañana, Ayala se levanta con el sol para, luego de su desayuno, dirigirse a la Catedral desde su casa, ubicada en la zona 16 de Julio de El Alto.
Los días de misa y todos los domingos se encarga de recibir la limosna de los fieles.
En días ordinarios, su trabajo consiste en quitar el polvo que de noche se asienta en los bancos de rezo y en las piletas donde suele haber agua bendita para que los fieles la recojan con la punta de los dedos y se la lleven al corazón o a la frente.
Su deber es también estar pendiente de cualquier desperfecto eléctrico o de agua que tenga la Catedral. Además tiene que limpiar los vitrales santos, cuyas imágenes recuerdan distintos pasajes de la Biblia.
Nunca sintió el llamado de Dios para consagrar su vida al sacerdocio, pero sí dice haber sentido la presencia de él en su cotidiano vivir. Antes trabajaba en el colegio don Bosco, en el mismo oficio. “En total ya son 45 años que trabajo con la Iglesia”, explica el veterano sereno.
Muy pocas veces sube hacia las cúpulas, donde se encuentran las campanas, a barrer los excrementos de las palomas, porque se convierten en polvo “y es más fácil que el viento se los lleve”, bromea. Y en tiempo de lluvias, todo termina en las canaletas, cuyos conductos son llevados a las aguas de los ríos que surcan sin pausa, debajo de las calles de esta ciudad. Su deber es mantener limpios esos conductos de agua.
Ayala, con el apoyo de su único ayudante, deja de un día para otro limpios todos los ambientes superiores, donde varios fieles se reúnen algunas noches de la semana para honrar la palabra de Dios.
Con este empleo, Ayala ha costeado la educación de sus tres hijos, quienes hoy ya han formado sus respectivos hogares.
Pocos fieles
Ayala cree que los fieles católicos han disminuido. Su hipótesis parece comprobarla en el hecho de que desde hace diez años el número de fieles que acude a la Catedral ha disminuido considerablemente.
“Antes esta iglesia estaba llena de gente. Qué será… Muy pocos vienen. Antes, la gente hacía cola para pedir una celebración de misa. Ya no es como antes. Sólo (se celebran) las de difuntos”, recuerda este hombre de 62 años de edad.
En aquella época había más de 25 sacerdotes en este templo. Ahora sólo hay dos. Y había ocho serenos. Con el paso de los años, todos se fueron. “Sólo quedo yo. Debe ser que la crisis también afecta a los curas”, concluye con rostro burlón.
Febrero y octubre, el recuerdo negro vito de la Catedral
La última semana de septiembre de 2003, Modesto Ayala ya no pudo ir a cuidar la Catedral Metropolitana de nuestra Señora de La Paz.
Aquellos días no había entrada a la plaza central de Armas de la ciudad.
Las decisiones del poder se estaban tomando en la residencia presidencial de San Jorge, por lo que la plaza central había dejado de tener la vida de otros días.
En aquella ocasión, la plaza parecía abandonada. No había vehículos circulando a su alrededor. No había turistas fotografiándose dando la espalda al palacio presidencial o frente al Congreso. No había vendedores de helado. No había vendedores de maíz para las palomas. No
había niños jugando ante la mirada vigilante de sus padres. No había parejas de enamorados que sellaban su esperado encuentro con un beso de amor. No había payasos escupiendo pompas de jabón. No había fotógrafos de imágenes instantáneas. No, no había nadie. Tampoco periodistas.
Todas las miradas estaban concentradas en la residencia presidencial. Modesto, a través del único televisor de su casa, ubicada en la ciudad de El Alto, también estaba atento a esos acontecimientos, cuyo desenlace terminó con la huida del país de Sánchez de Lozada.
Su esposa agradece a Dios el hecho de que las autoridades religiosas de la Catedral hayan decidido cerrar este templo y preservar así la vida de su esposo.
Sin embargo, Ayala estaba preocupado por la suerte que había corrido el templo más importante de los católicos.
“¡Cómo no iba a estar preocupado! Es mi fuente de trabajo”, dice en tono humilde.
Febrero trágico
Pero no era la primera vez –ese año– que ese sentimiento había cruzado por su corazón. Meses antes, al medio día del miércoles 12 de febrero, junto a otros compañeros de trabajo, había decidido escapar de la Catedral, porque una cascada de balazos entre policías y militares los sorprendió en mitad de sus cotidianas obligaciones.
Bastó con que uno de ellos
asome la mirada por la rendija de una ventana para darse cuenta de que había estallado la bomba de los problemas de aquellos días.
Era la primera vez que tenían la orden de cerrar las puertas del templo. Los pocos empleados de limpieza, suspendieron sus cotidianos quehaceres, con la promesa de volver al día siguiente. Todos se acercaron a la puerta lateral del templo que comunica a la calle Comercio y corrieron a toda prisa para no ser sorprendidos por una bala perdida.
A salvo, Ayala le dio gracias a Dios por haberlo llevado a casa sin mayores contratiempos que el de su natural preocupación por la Catedral. Tenía miedo que en el trayecto lo arresten, o lo confundan con uno más de la multitud que había salido a las calles a protestar en contra del impuesto al salario, un proyecto de ley que el Gobierno de Sánchez de Lozada había ya mandado al Parlamento para su posterior aprobación.
Al llegar a casa, encendió el televisor y poco después vio cómo un balazo hirió a una persona que intentaba ocultarse entre las puertas del templo. Vio también cómo otra persona escapó de ese mismo sitio sin prestar ayuda a quien ya había caído.
Carlos Mesa en la Catedral
La noche del 10 de junio de 2005, cuando Eduardo Rodríguez Beltzé juró a la Presidencia del país, el renunciante Carlos Mesa sorprendió a la poca gente que se encontraba en la plaza Murillo saliendo de Palacio de Gobierno para dirigirse, a pie, hacia la Catedral.
Era la primera vez en su vida que Ayala veía que un Presidente triste entraba a rezar a su iglesia.
Aquel hombre alto, cuya palabra seducía a la población y se traducía en aplausos y vivas, si bien ya no tenía la sonrisa de otros tiempos, aún no había perdido el aura de “buen hombre” con que el país entero lo había conocido cuando era presentador de noticias en la televisión.
Sin embargo, Ayala, con varios periodistas y el resto del país, pudieron advertir la congoja que Carlos Mesa llevaba en el rostro. “Daba pena verlo así”, recuerda este conserje.
Aquel Presidente sin apoyo le dijo días después a El Tiempo, de Bogotá, que durante sus 20 meses de Gobierno intentó “poner sobre la mesa todas las cartas, todo aquello que era subterráneo, todas las facturas históricas por debajo”.
Y reconoció que su error fue el haber pensado que el país iba a mejorarse si él sacaba “los demonios de la caja”.
La ley transitoria cierra el paso a estatutos de la "media luna"
Página Siete / La Paz
El Gobierno remitió ayer el proyecto de Ley Transitoria de Autonomías a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y aprobación. La propuesta cierra el paso a los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, aprobados en cuestionados referendos regionales.
Según el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la norma permitirá que los gobiernos departamentales ejerzan sus competencias y las asambleas departamentales legislen desde el 30 de mayo sin la necesidad de esperar hasta 2011 sus estatutos adecuados a la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el Tribunal Constitucional será electo a finales de 2010.
Para la autoridad, con esa ley eventualmente no se necesitarán los estatutos para poner en funcionamiento las autonomías departamentales. Según su explicación, los gobernadores podrán ejercer automáticamente sus competencias exclusivas, las 36 establecidas en el artículo 300 de la CPE, desde el 30 de mayo, cuando se posesionen. Así podrán tomar decisiones en materia de desarrollo humano y económico, infraestructura, servicios y emprendimientos productivos, entre otros.
Pero principalmente desaparecerá la susceptibilidad de que el ejercicio de las competencias dependa de una Ley Marco de Autonomías y Descentralización, dijo Romero.
El contenido del proyecto no fue discutido con las regiones, según el ministro, porque “son temas que no requieren mayor debate político”. “No creo que nadie se oponga a que las asambleas asuman su potestad legislativa”, expresó.
Al respecto, el asesor de la Prefectura de Tarija Rubén Ardaya calificó de imposición la “ley corta” porque, en su criterio, establece competencias recortadas que no tienen coincidencia con los estatutos autonómicos.
En tanto, el secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, criticó la propuesta al considerar que la Constitución prevé una Ley de Autonomías y, más aún, porque no fue concertada.
Lo que le preocupa es la fuente de recursos económicos. Dijo que las gobernaciones tendrán más competencias que las actuales prefecturas, para, por ejemplo, solventar personal para el funcionamiento de la Asamblea Departamental.
Romero aseguró que la ley establecerá por única vez el uso del 17% del presupuesto departamental para el gasto corriente de la nueva estructura.
El contenido
Mando Referida a la transmisión, informe de gestión al Consejo Departamental y la entrega de despacho.
Sesiones Las reuniones preparatorias: directiva ad hoc, verificación de credenciales y elección de la directiva.
Reglamento También regulará la aprobación de la norma vinculada a los debates de la Asamblea.
Competencias Delineará la tuición de los gobiernos autónomos, estructura organizacional y administrativa.
Suspensión Establecerá mecanismos para la sustitución por ausencia temporal o definitiva del Gobernador.
Cierre Dictará líneas para el cierre de información financiera y auditoría, como también la transferencia de derechos y obligaciones.
El Gobierno remitió ayer el proyecto de Ley Transitoria de Autonomías a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y aprobación. La propuesta cierra el paso a los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, aprobados en cuestionados referendos regionales.
Según el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la norma permitirá que los gobiernos departamentales ejerzan sus competencias y las asambleas departamentales legislen desde el 30 de mayo sin la necesidad de esperar hasta 2011 sus estatutos adecuados a la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el Tribunal Constitucional será electo a finales de 2010.
Para la autoridad, con esa ley eventualmente no se necesitarán los estatutos para poner en funcionamiento las autonomías departamentales. Según su explicación, los gobernadores podrán ejercer automáticamente sus competencias exclusivas, las 36 establecidas en el artículo 300 de la CPE, desde el 30 de mayo, cuando se posesionen. Así podrán tomar decisiones en materia de desarrollo humano y económico, infraestructura, servicios y emprendimientos productivos, entre otros.
Pero principalmente desaparecerá la susceptibilidad de que el ejercicio de las competencias dependa de una Ley Marco de Autonomías y Descentralización, dijo Romero.
El contenido del proyecto no fue discutido con las regiones, según el ministro, porque “son temas que no requieren mayor debate político”. “No creo que nadie se oponga a que las asambleas asuman su potestad legislativa”, expresó.
Al respecto, el asesor de la Prefectura de Tarija Rubén Ardaya calificó de imposición la “ley corta” porque, en su criterio, establece competencias recortadas que no tienen coincidencia con los estatutos autonómicos.
En tanto, el secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, criticó la propuesta al considerar que la Constitución prevé una Ley de Autonomías y, más aún, porque no fue concertada.
Lo que le preocupa es la fuente de recursos económicos. Dijo que las gobernaciones tendrán más competencias que las actuales prefecturas, para, por ejemplo, solventar personal para el funcionamiento de la Asamblea Departamental.
Romero aseguró que la ley establecerá por única vez el uso del 17% del presupuesto departamental para el gasto corriente de la nueva estructura.
El contenido
Mando Referida a la transmisión, informe de gestión al Consejo Departamental y la entrega de despacho.
Sesiones Las reuniones preparatorias: directiva ad hoc, verificación de credenciales y elección de la directiva.
Reglamento También regulará la aprobación de la norma vinculada a los debates de la Asamblea.
Competencias Delineará la tuición de los gobiernos autónomos, estructura organizacional y administrativa.
Suspensión Establecerá mecanismos para la sustitución por ausencia temporal o definitiva del Gobernador.
Cierre Dictará líneas para el cierre de información financiera y auditoría, como también la transferencia de derechos y obligaciones.
jueves, 13 de mayo de 2010
Anular la Participación Popular puede paralizar los municipios
Boris Miranda / La Paz
Analistas y municipalistas advirtieron que la derogatoria de la Ley 1551 de Participación Popular, propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), puede paralizar la administración municipal si no se crea un nuevo marco normativo apropiado.
La reacción se derivó de la propuesta del oficialismo, en sentido de sustituir la norma a través de un paquete de 12 leyes vinculadas a la gestión local, éstas a iniciativa de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).
El director ejecutivo de la organización municipal, Dino Palacios, en conversación con Página Siete admitió que la FAM presentó las propuestas a la diputada del MAS Betty Tejada, quien ahora impulsa el proyecto.
Aunque prefirió no polemizar sobre la información difundida el martes por este diario, el funcionario dijo que la transición a la nueva ruta municipal debe recoger las experiencias de los 16 años de vigencia de la Ley 1551. Lo que hay que hacer es “construir sobre lo avanzado”, dijo.
Pero el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabian Yaksic había dicho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) “dispondrá el fin de la Participación Popular, como la de Municipalidades y de Descentralización”.
La Ley de Participación Popular fue promulgada en 1994 por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La norma permitió la democratización de la distribución de recursos en los municipios, como la participación ciudadana en la gestión del desarrollo local y la elección por voto de autoridades municipales.
Su eventual sustitución, prevista para antes del 22 de julio (fecha límite para la aprobación de las leyes orgánicas), preocupa a los expertos, pues aún no existe un marco normativo nuevo con el que regirán su funcionamiento los municipios.
El analista Iván Arias advirtió que la ruta definida por el oficialismo puede generar vacíos jurídicos peligrosos para las comunas, pues, en su criterio, la Ley 1551 define accesos a recursos económicos y competencias de gestión. “Durante 16 años hubo un marco que ha permitido a las comunas ejercer sus atribuciones de forma apropiada. Querer hacer tabla rasa, es generar una fuente de conflicto. No veo necesidad de hacer un cambio tan súbito. La norma actual es incompleta, probablemente, pero no por eso se va a paralizar todo el aparato municipal”, dijo.
Opinó que la LMAD no debería derogar la Ley 1551, sino que ésta debería superarse una vez que esté listo todo el marco normativo para los municipios.
La Participación Popular permitió que en 16 años la cantidad de municipios crezca de 24 a 337. Además, la inversión municipal se incrementó de 120 millones de dólares, en 1994, a 954 millones, en 2008, según un informe de la FAM.
Asimismo, la recaudación impositiva municipal creció en cerca del 200% en ese tiempo.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Hugo Molina, parte del equipo que impulsó la ley en 1994, pidió separar el “entierro” de una norma de la clausura de una etapa municipal.
“Más allá de las respetables defunciones, entierros y resurrecciones, tengo la sensación de que todos hemos aprendido a diferenciar una ley (la de Participación Popular) de un proceso”.
Señaló que el municipalismo brindó los espacios para el desarrollo de muchas de las políticas actualmente vigentes y afirmó que su repercusión en la sociedad no podrá extinguirse con la derogatoria de la Ley 1551.
Dijo que su desaparición podrá devolver al país a un escenario de estancamiento. “En otros países se ha identificado que la falta de un instrumento como nuestra Participación Popular dificulta a los municipios avanzar como quieren”.
Sin embargo, el MAS considera que la construcción del nuevo sistema municipal en Bolivia deberá sujetarse a la Constitución Política del Estado.
Tejada y Yaksic, de la Comisión de Organización Territorial y Autonomías, coincidieron en señalar que la agenda legislativa concertada con la FAM permitirá una transición ordenada.
El afán del MAS de cambiar la ley se sustenta en su criterio de que la Participación Popular no está acorde a la realidad actual.
Logros de la 1551
Consolidación La Ley de Participación Popular consolidó el modelo municipal, que saltó de 24 municipios, en 1994, a 337, en 2010.
Escuela municipal Varios de los actores nacionales y regionales hicieron sus primeras armas en gestión pública en la administración de comunas.
Inversiones La inversión de los municipios en el país aumentó en 200% en los últimos 16 años.
Inversiones II Las alcaldías del país, entre 1994 y 2008, se constituyeron en los principales inversores de Bolivia, concentraron el 50%.
Inversiones III La coparticipación tributaria permitió el incremento del gasto público de nueve dólares por persona a 50 dólares.
Capacidad tributaria Los municipios crecieron, de 68 millones de dólares en capacidad impositiva (1994) a 244 millones en 2008.
Asistencia local Las comunas aportan a programas de salud y educación e incluso en políticas nacionales, como la Renta Dignidad. (Fuente: FAM)
La FAM destaca la norma que rige la gestión local
Página Siete / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) destacó los logros de la Ley de Participación Popular en los últimos 16 años y pidió que sus alcances sean considerados cuando se construya un nuevo marco jurídico.
El director ejecutivo de la entidad que aglutina a los municipios de Bolivia, Dino Palacios, afirmó que la FAM ha trabajado en estos años para profundizar los beneficios de la Ley 1551 y para superar sus debilidades.
“La Participación Popular es el cambio más trascendente a nivel municipal que se dio en un periodo del país. Ha logrado fortalecer a los municipios y consolidarlos como los principales inversores del país, además de empoderar a los actores locales”.
El municipalista indicó que para la transición a un nuevo modelo se deberá trabajar sobre la base de lo ya avanzado.
Analistas y municipalistas advirtieron que la derogatoria de la Ley 1551 de Participación Popular, propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), puede paralizar la administración municipal si no se crea un nuevo marco normativo apropiado.
La reacción se derivó de la propuesta del oficialismo, en sentido de sustituir la norma a través de un paquete de 12 leyes vinculadas a la gestión local, éstas a iniciativa de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM).
El director ejecutivo de la organización municipal, Dino Palacios, en conversación con Página Siete admitió que la FAM presentó las propuestas a la diputada del MAS Betty Tejada, quien ahora impulsa el proyecto.
Aunque prefirió no polemizar sobre la información difundida el martes por este diario, el funcionario dijo que la transición a la nueva ruta municipal debe recoger las experiencias de los 16 años de vigencia de la Ley 1551. Lo que hay que hacer es “construir sobre lo avanzado”, dijo.
Pero el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabian Yaksic había dicho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) “dispondrá el fin de la Participación Popular, como la de Municipalidades y de Descentralización”.
La Ley de Participación Popular fue promulgada en 1994 por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La norma permitió la democratización de la distribución de recursos en los municipios, como la participación ciudadana en la gestión del desarrollo local y la elección por voto de autoridades municipales.
Su eventual sustitución, prevista para antes del 22 de julio (fecha límite para la aprobación de las leyes orgánicas), preocupa a los expertos, pues aún no existe un marco normativo nuevo con el que regirán su funcionamiento los municipios.
El analista Iván Arias advirtió que la ruta definida por el oficialismo puede generar vacíos jurídicos peligrosos para las comunas, pues, en su criterio, la Ley 1551 define accesos a recursos económicos y competencias de gestión. “Durante 16 años hubo un marco que ha permitido a las comunas ejercer sus atribuciones de forma apropiada. Querer hacer tabla rasa, es generar una fuente de conflicto. No veo necesidad de hacer un cambio tan súbito. La norma actual es incompleta, probablemente, pero no por eso se va a paralizar todo el aparato municipal”, dijo.
Opinó que la LMAD no debería derogar la Ley 1551, sino que ésta debería superarse una vez que esté listo todo el marco normativo para los municipios.
La Participación Popular permitió que en 16 años la cantidad de municipios crezca de 24 a 337. Además, la inversión municipal se incrementó de 120 millones de dólares, en 1994, a 954 millones, en 2008, según un informe de la FAM.
Asimismo, la recaudación impositiva municipal creció en cerca del 200% en ese tiempo.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Hugo Molina, parte del equipo que impulsó la ley en 1994, pidió separar el “entierro” de una norma de la clausura de una etapa municipal.
“Más allá de las respetables defunciones, entierros y resurrecciones, tengo la sensación de que todos hemos aprendido a diferenciar una ley (la de Participación Popular) de un proceso”.
Señaló que el municipalismo brindó los espacios para el desarrollo de muchas de las políticas actualmente vigentes y afirmó que su repercusión en la sociedad no podrá extinguirse con la derogatoria de la Ley 1551.
Dijo que su desaparición podrá devolver al país a un escenario de estancamiento. “En otros países se ha identificado que la falta de un instrumento como nuestra Participación Popular dificulta a los municipios avanzar como quieren”.
Sin embargo, el MAS considera que la construcción del nuevo sistema municipal en Bolivia deberá sujetarse a la Constitución Política del Estado.
Tejada y Yaksic, de la Comisión de Organización Territorial y Autonomías, coincidieron en señalar que la agenda legislativa concertada con la FAM permitirá una transición ordenada.
El afán del MAS de cambiar la ley se sustenta en su criterio de que la Participación Popular no está acorde a la realidad actual.
Logros de la 1551
Consolidación La Ley de Participación Popular consolidó el modelo municipal, que saltó de 24 municipios, en 1994, a 337, en 2010.
Escuela municipal Varios de los actores nacionales y regionales hicieron sus primeras armas en gestión pública en la administración de comunas.
Inversiones La inversión de los municipios en el país aumentó en 200% en los últimos 16 años.
Inversiones II Las alcaldías del país, entre 1994 y 2008, se constituyeron en los principales inversores de Bolivia, concentraron el 50%.
Inversiones III La coparticipación tributaria permitió el incremento del gasto público de nueve dólares por persona a 50 dólares.
Capacidad tributaria Los municipios crecieron, de 68 millones de dólares en capacidad impositiva (1994) a 244 millones en 2008.
Asistencia local Las comunas aportan a programas de salud y educación e incluso en políticas nacionales, como la Renta Dignidad. (Fuente: FAM)
La FAM destaca la norma que rige la gestión local
Página Siete / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) destacó los logros de la Ley de Participación Popular en los últimos 16 años y pidió que sus alcances sean considerados cuando se construya un nuevo marco jurídico.
El director ejecutivo de la entidad que aglutina a los municipios de Bolivia, Dino Palacios, afirmó que la FAM ha trabajado en estos años para profundizar los beneficios de la Ley 1551 y para superar sus debilidades.
“La Participación Popular es el cambio más trascendente a nivel municipal que se dio en un periodo del país. Ha logrado fortalecer a los municipios y consolidarlos como los principales inversores del país, además de empoderar a los actores locales”.
El municipalista indicó que para la transición a un nuevo modelo se deberá trabajar sobre la base de lo ya avanzado.
Cervezas artesanales con sabor rústico que busca la innovación
Alejandra Pau / La Paz
En busca del sabor rústico e innovador, algunos emprendimientos privados cerveceros en nuestro país iniciaron la producción de cerveza artesanal con ingredientes propios del altiplano y naturales como la quinua o la miel, o produciendo un sabor de calidad internacional pero con alma boliviana.
Se conoce que la receta de cerveza más antigua data del siglo III, cuando la elaboraban a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua.
Las cervezas artesanales de Bolivia, que están vigentes, tienen poco tiempo sorprendiendo el paladar del que toma cerveza, pero una vez saboreada, es difícil de olvidar. Ése es el caso de la Cervecería Leclere, ubicada en Cochabamba, que nació por la inquietud de dos jóvenes hermanos que decidieron abrir esta fábrica como alternativa a la disminuida oferta de trabajo que hay en nuestro país.
De quinua
La Cervecería Leclere lleva ese rótulo por el apellido de los propietarios que producen cerveza desde el 2007. Claudia Leclere, copropietaria, afirma que “nuestra cerveza se caracteriza por ser completamente natural, no tiene ningún tipo de conservantes, químicos, adjuntos cerveceros y no es pasteurizada. Es una cerveza sin filtrar, por tanto, su fermentación se da en la misma botella y el gas es natural. Su sabor es 100 por ciento de malta”.
La idea de elaborar este producto siempre estuvo presente en los Leclere, pero finalmente se animaron cuando la Cancillería propuso llevar a la Feria de Shanghai, en China, productos con granos bolivianos. Así empezaron las pruebas.
“Esta cerveza tiene poca espuma, después de tomarla se siente el dejo a quinua en la boca”, dice la copropietaria. Para los Leclere es una gran oportunidad para que cereales andinos como la quinua sean apreciados en un producto tan consumido y legendario como la cerveza.
El objetivo principal de la producción es rescatar los sabores rústicos para el paladar boliviano y extranjero. Por eso, además de la de quinua, ofrecen diez variedades de cerveza que se producen en diferentes meses del año, las cuales son:
- Lager Premium. Es una cerveza clara elaborada con levadura tipo lager y es premium. Contiene 5% de alcohol.
- Lager con miel. En el proceso de producción se le agrega miel para que tenga un suave sabor, aunque no es dulce. Tiene 5% de alcohol.
- Le Premium. Es una cerveza elaborada con levadura tipo Ale. Tiene 5% de alcohol.
- Brown Ale. Se elabora con malta de cebada caramelo a medio tostar, por lo que es una cerveza de color café. 5% de alcohol por volumen.
- IPA (Indian Pale Ale). Es más amarga de lo normal porque tiene bastante lúpulo. 5% de alcohol.
- Witbier. En el proceso de elaboración se coloca cilantro y cáscara de naranja. 4% de alcohol.
- Stout. Es una cerveza elaborada con malta tostada, pero no es dulce. 4,5% de grado alcohólico.
- Bock. Tiene un grado alcohólico elevado (7%) y es tipo lager.
- Kölch. Es una cerveza de trigo que tiene un grado alcohólico de 4%.
- La cerveza de quinua. 5% de grado alcohólico.
Leclere se vende en la ciudad de Cochabamba en ferias zonales y de comidas, en algunas tiendas ecológicas y a pedidos.
Los precios son de seis bolivianos la botella y 135 bolivianos la caja de 24 unidades, con botellas de 300cc.
La cervecería de Ted
Sucre no se queda atrás porque gracias a la visión de un holandés, Michel Handelé, al que todos llaman Ted (de donde proviene el nombre de su empresa ‘Teds Cervecería’) produce cuatro tipos de cerveza. En 2001, Ted llegó a Bolivia con la idea de estar seis meses, pero nunca usó su pasaje de regreso, ya que se enamoró de Sucre y de una boliviana que ahora es su esposa.
Después de un tiempo extrañando las cervezas belgas –que siempre había tomado cuando estaba en Holanda– decidió utilizar su experiencia como ingeniero de alimentos y la que ganó al trabajar en otras cervecerías en su país, para producir cerveza en su casa.
“Mis amigos en Sucre gustaban mucho las cervezas que hacía y me preguntaban si podía hacer más, así que me animé por hacer una producción más grande”, señala Ted.
Las cuatro cervezas que produce Teds Cervecería son:
– Ámbar, una cerveza tipo la cerveza “Pale Ale” de Bélgica, tiene color ámbar, bastante lúpulo, es amarga, con mucho cuerpo, y posee 5% de alcohol.
– Chala, es como la cerveza blanca de Bélgica, elaborada con trigo, cilantro y piel de naranja. Muy refrescante, de color blanco turbio, también posee 5% de alcohol.
– Reina, la más fuerte de Bolivia con 8,5% de alcohol, tiene mucha malta y miel, lo que le da un toque muy especial.
– Mango, una cerveza elaborada con mango, combinación hecha para satisfacer el gusto de Ted, aunque sólo hay mangos en diciembre, por lo que no se produce todo el año.
Las cervezas de Ted se venden en La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Samaipata.
Saya Beer, de artesanal a microcervecería
Hace 13 años nació Saya Beer como una cerveza artesanal de calidad premium, tipo europea. Se vendía en un bar en Sopocachi, el Cambrinus, para los amigos de Remo Baptista, dueño de la Saya y los clientes del dueño del bar.
Sin embargo, se fue haciendo popular entre los paceños y extranjeros, que comenzaron a apreciarla.
Hacer camino con una cerveza que nació siendo artesanal y se convirtió en microempresa, en un mercado lleno de cervezas industrializadas, fue difícil y lo sigue siendo, sobre todo cuando intentan llevarse crédito por sus emprendimientos.
Los primeros
“Hay otra empresa que pregona que es la única en hacer cerveza de pura malta. Nosotros fuimos la primera cervecería en hacerlo hace 13 años. Fuimos los primeros en hacer la cerveza negra europea y amarga, que no es lo mismo que bicervecina o maltín. El hecho de que hayan invertido mucho dinero en la producción no significa que hayan sido los primeros”, señala Baptista. Otro de los preceptos es no mezclar la Saya con otro tipo de ingredientes porque se pretende mantener la calidad de las cervezas alemanas e inglesas. Gracias a ello se va cambiando la mentalidad del boliviano en cuanto a sabores internacionales, pero a partir de un producto elaborado en el país. Clientes
Aunque el mercado boliviano ha empezado a apreciar a esta cerveza, los principales clientes son extranjeros. “Nuestro mayor número de clientes son de embajadas y extranjeros, quienes consumen de 50 a 60 por ciento de nuestra cerveza, porque ellos aprecian este tipo de calidad”, señala el jefe de ventas de Saya, Enrique Galdo.
Tipos
Esta empresa elabora los siguientes tipos de cerveza:
–Saya Ale. Tipo “bitter”, de color ámbar, con sabor amargo, con una mediana y burbujeante espuma y un aroma fuerte a malta. 5% de alcohol.
– Saya Colonial. Tipo “kolsh”, rubia, de color dorado, con espuma blanca y burbujeante, con sabor seco balanceado. Tiene 5% de alcohol.
– Saya Negra. Tipo “bock”, es lager negra de pura malta y color negro rojizo, de suave sabor al inicio y un dejo final a malta, de mucho cuerpo, contiene 7% de alcohol .
– Saya de temporada. Varía, como su nombre lo dice, según la temporada entre Saya Colonial no filtrada, Saya Helles, Saya Doblebock y Saya Stout.
Las presentaciones son en barril de 20 y 58,7 litros.
En busca del sabor rústico e innovador, algunos emprendimientos privados cerveceros en nuestro país iniciaron la producción de cerveza artesanal con ingredientes propios del altiplano y naturales como la quinua o la miel, o produciendo un sabor de calidad internacional pero con alma boliviana.
Se conoce que la receta de cerveza más antigua data del siglo III, cuando la elaboraban a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua.
Las cervezas artesanales de Bolivia, que están vigentes, tienen poco tiempo sorprendiendo el paladar del que toma cerveza, pero una vez saboreada, es difícil de olvidar. Ése es el caso de la Cervecería Leclere, ubicada en Cochabamba, que nació por la inquietud de dos jóvenes hermanos que decidieron abrir esta fábrica como alternativa a la disminuida oferta de trabajo que hay en nuestro país.
De quinua
La Cervecería Leclere lleva ese rótulo por el apellido de los propietarios que producen cerveza desde el 2007. Claudia Leclere, copropietaria, afirma que “nuestra cerveza se caracteriza por ser completamente natural, no tiene ningún tipo de conservantes, químicos, adjuntos cerveceros y no es pasteurizada. Es una cerveza sin filtrar, por tanto, su fermentación se da en la misma botella y el gas es natural. Su sabor es 100 por ciento de malta”.
La idea de elaborar este producto siempre estuvo presente en los Leclere, pero finalmente se animaron cuando la Cancillería propuso llevar a la Feria de Shanghai, en China, productos con granos bolivianos. Así empezaron las pruebas.
“Esta cerveza tiene poca espuma, después de tomarla se siente el dejo a quinua en la boca”, dice la copropietaria. Para los Leclere es una gran oportunidad para que cereales andinos como la quinua sean apreciados en un producto tan consumido y legendario como la cerveza.
El objetivo principal de la producción es rescatar los sabores rústicos para el paladar boliviano y extranjero. Por eso, además de la de quinua, ofrecen diez variedades de cerveza que se producen en diferentes meses del año, las cuales son:
- Lager Premium. Es una cerveza clara elaborada con levadura tipo lager y es premium. Contiene 5% de alcohol.
- Lager con miel. En el proceso de producción se le agrega miel para que tenga un suave sabor, aunque no es dulce. Tiene 5% de alcohol.
- Le Premium. Es una cerveza elaborada con levadura tipo Ale. Tiene 5% de alcohol.
- Brown Ale. Se elabora con malta de cebada caramelo a medio tostar, por lo que es una cerveza de color café. 5% de alcohol por volumen.
- IPA (Indian Pale Ale). Es más amarga de lo normal porque tiene bastante lúpulo. 5% de alcohol.
- Witbier. En el proceso de elaboración se coloca cilantro y cáscara de naranja. 4% de alcohol.
- Stout. Es una cerveza elaborada con malta tostada, pero no es dulce. 4,5% de grado alcohólico.
- Bock. Tiene un grado alcohólico elevado (7%) y es tipo lager.
- Kölch. Es una cerveza de trigo que tiene un grado alcohólico de 4%.
- La cerveza de quinua. 5% de grado alcohólico.
Leclere se vende en la ciudad de Cochabamba en ferias zonales y de comidas, en algunas tiendas ecológicas y a pedidos.
Los precios son de seis bolivianos la botella y 135 bolivianos la caja de 24 unidades, con botellas de 300cc.
La cervecería de Ted
Sucre no se queda atrás porque gracias a la visión de un holandés, Michel Handelé, al que todos llaman Ted (de donde proviene el nombre de su empresa ‘Teds Cervecería’) produce cuatro tipos de cerveza. En 2001, Ted llegó a Bolivia con la idea de estar seis meses, pero nunca usó su pasaje de regreso, ya que se enamoró de Sucre y de una boliviana que ahora es su esposa.
Después de un tiempo extrañando las cervezas belgas –que siempre había tomado cuando estaba en Holanda– decidió utilizar su experiencia como ingeniero de alimentos y la que ganó al trabajar en otras cervecerías en su país, para producir cerveza en su casa.
“Mis amigos en Sucre gustaban mucho las cervezas que hacía y me preguntaban si podía hacer más, así que me animé por hacer una producción más grande”, señala Ted.
Las cuatro cervezas que produce Teds Cervecería son:
– Ámbar, una cerveza tipo la cerveza “Pale Ale” de Bélgica, tiene color ámbar, bastante lúpulo, es amarga, con mucho cuerpo, y posee 5% de alcohol.
– Chala, es como la cerveza blanca de Bélgica, elaborada con trigo, cilantro y piel de naranja. Muy refrescante, de color blanco turbio, también posee 5% de alcohol.
– Reina, la más fuerte de Bolivia con 8,5% de alcohol, tiene mucha malta y miel, lo que le da un toque muy especial.
– Mango, una cerveza elaborada con mango, combinación hecha para satisfacer el gusto de Ted, aunque sólo hay mangos en diciembre, por lo que no se produce todo el año.
Las cervezas de Ted se venden en La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Samaipata.
Saya Beer, de artesanal a microcervecería
Hace 13 años nació Saya Beer como una cerveza artesanal de calidad premium, tipo europea. Se vendía en un bar en Sopocachi, el Cambrinus, para los amigos de Remo Baptista, dueño de la Saya y los clientes del dueño del bar.
Sin embargo, se fue haciendo popular entre los paceños y extranjeros, que comenzaron a apreciarla.
Hacer camino con una cerveza que nació siendo artesanal y se convirtió en microempresa, en un mercado lleno de cervezas industrializadas, fue difícil y lo sigue siendo, sobre todo cuando intentan llevarse crédito por sus emprendimientos.
Los primeros
“Hay otra empresa que pregona que es la única en hacer cerveza de pura malta. Nosotros fuimos la primera cervecería en hacerlo hace 13 años. Fuimos los primeros en hacer la cerveza negra europea y amarga, que no es lo mismo que bicervecina o maltín. El hecho de que hayan invertido mucho dinero en la producción no significa que hayan sido los primeros”, señala Baptista. Otro de los preceptos es no mezclar la Saya con otro tipo de ingredientes porque se pretende mantener la calidad de las cervezas alemanas e inglesas. Gracias a ello se va cambiando la mentalidad del boliviano en cuanto a sabores internacionales, pero a partir de un producto elaborado en el país. Clientes
Aunque el mercado boliviano ha empezado a apreciar a esta cerveza, los principales clientes son extranjeros. “Nuestro mayor número de clientes son de embajadas y extranjeros, quienes consumen de 50 a 60 por ciento de nuestra cerveza, porque ellos aprecian este tipo de calidad”, señala el jefe de ventas de Saya, Enrique Galdo.
Tipos
Esta empresa elabora los siguientes tipos de cerveza:
–Saya Ale. Tipo “bitter”, de color ámbar, con sabor amargo, con una mediana y burbujeante espuma y un aroma fuerte a malta. 5% de alcohol.
– Saya Colonial. Tipo “kolsh”, rubia, de color dorado, con espuma blanca y burbujeante, con sabor seco balanceado. Tiene 5% de alcohol.
– Saya Negra. Tipo “bock”, es lager negra de pura malta y color negro rojizo, de suave sabor al inicio y un dejo final a malta, de mucho cuerpo, contiene 7% de alcohol .
– Saya de temporada. Varía, como su nombre lo dice, según la temporada entre Saya Colonial no filtrada, Saya Helles, Saya Doblebock y Saya Stout.
Las presentaciones son en barril de 20 y 58,7 litros.
El Gobierno oficializa que el control de las AFP será estatal
Página Siete/ La Paz
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –Previsión, controlada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, y Futuro, por el grupo Zúrich Financial Service, de Suiza- pasarán al control gubernamental una vez que la nueva Ley de Pensiones sea aprobada por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo.
“Hubo una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si los actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos”, argumentó en rueda de prensa.
García afirmó que “hay una preocupación de la clase trabajadora en torno a su jubilación, la respuesta que da el Gobierno es ampliando los derechos. La gente se jubilará a los 58 años y esto es sostenible, el aporte patronal y laboral vuelven sostenible una jubilación a los 58 años”, dijo.
Explicó que el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Ejecutivo respetará y mantendrá los aportes individuales de los trabajadores que están en cuentas de las AFP. “Hay más de un millón 200 mil aportantes que tienen sus cuentas individuales y eso se va a mantener, ese dinero no se toca, es un dinero de ahorro de los propios trabajadores, y el Gobierno es respetuoso de ese ahorro personal”, sostuvo.
Respecto a la existencia de las AFP, García dijo que la Constitución establece que la administración del Fondo de Pensiones de los trabajadores debe estar a cargo del propio Estado. “Por lo tanto se creará un tipo de institucionalidad responsable, seria y con capacidad de autonomía, que vigile la buena administración de ahorro de los aportes individuales de los trabajadores”.
Anticipó que “es una ley que establece una renta universal, es aplicable para todos, para trabajadores del campo, para trabajadores de la ciudad, para comerciantes, para transportistas, para asalariados, para mineros, para funcionarios, para maestros”.
El Vicepresidente garantizó una administración correcta de las AFP. “Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados (seguridad) para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual”.
Una de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores del país, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.
Según el Vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el “más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo”, propio de un “Estado de bienestar” y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse “Estado del buen vivir”.
Respecto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aprobó la nueva Ley de Pensiones, García afirmó que “la vanguardia minera está reconociendo ese gran avance construido junto con el Gobierno y otros sectores laborales”.
Algunos puntos acordados en el proyecto
Edad La mayoría de los trabajadores se jubilará a los 58 años. Para el sector minero será a los 56 o bajará más aún.
Aporte Se incorpora un aporte laboral adicional de 0,5% y un aporte patronal de 3% para el Fondo Solidario.
Papeletas Se utilizarán las últimas 24 papeletas de pago como periodo de aportes para calcular la referencia salarial para la pensión solidaria.
Solidario Se acuerda montos superiores e inferiores de la pensión solidaria respecto a los años aportados, 70% a partir de los 30 años.
Comisión Se revisarán las rentas de casos especiales.
Los empresarios ponen en duda el manejo estatal
Rodrigo Pacheco /La Paz
Tras la confirmación de que el Estado administrará el nuevo sistema de pensiones, los empresarios privados del país manifestaron su preocupación por la falta de un sustento técnico de la propuesta del Gobierno y pusieron en duda la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
“La sostenibilidad de un sistema de pensiones implica que los aportes alcancen para una jubilación digna para todos. En ese sentido, las bases de un acuerdo dentro de esta ley deben tener un sustento técnico, es decir basados en cálculos actuariales”, manifestó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz. Añadió que el sector privado del país estaría dispuesto a tratar técnicamente este tema con el Ejecutivo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, en rueda de prensa, que el Estado será el único que controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, los detalles de esta ley “es algo que se debe discutir entre expertos” y lamentó que no se vaya a tener un sistema mixto, lo cual tomaría en cuenta la noción de competitividad, que es muy importante para un manejo eficiente de los aportes de la gente.
Por su parte, dirigentes del sector minero y del magisterio rural del país apoyaron la propuesta de que el sistema sea manejado por el Estado, según la Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes añadieron que los trabajadores también deben ser incluidos en el control de este nuevo sistema de pensiones.
Los empresarios temen que el sistema de pensiones propuesto por el Gobierno no sea sostenible en el tiempo y que no se estén haciendo los cálculos correctos respecto a los recursos necesarios para sustentar este modelo.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén Suárez, sostuvo que el modelo diseñado por el Ministerio de Economía fue “proyectado para un período mínimo de 40 años”, tomando en cuenta “toda la masa de trabajadores aportantes”.
En relación al aporte patronal del 3%, el presidente de las Cainco dijo que se trata de una carga pesada para los empresarios, ya que en este momento ya se tiene que hacer un incremento salarial del 5%.
El experto del Cedla, Carlos Arze, coincidió con los empresarios y explicó que “con esta carga el empleador va a someter (al trabajador) a condiciones de mayor productividad, es decir mayor intensidad en el trabajo. O la otra opción es que van a aumentarle ese 3% al costo de las mercancías producidas y al final quien va a cotizar ese 3% es el consumidor final”.
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –Previsión, controlada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, y Futuro, por el grupo Zúrich Financial Service, de Suiza- pasarán al control gubernamental una vez que la nueva Ley de Pensiones sea aprobada por la Asamblea Plurinacional y promulgada por el Ejecutivo.
“Hubo una pésima administración de los privados. Cinco bancos privados quebrados hablan de que no (siempre) lo que está en manos de privados está bien utilizado. Si los actuales Fondos de Pensiones se han mantenido funcionando bien es por el profesionalismo, pero fundamentalmente por el conjunto de candados que el Estado le ha colocado a los Fondos Pensiones para que no mal utilicen esos recursos”, argumentó en rueda de prensa.
García afirmó que “hay una preocupación de la clase trabajadora en torno a su jubilación, la respuesta que da el Gobierno es ampliando los derechos. La gente se jubilará a los 58 años y esto es sostenible, el aporte patronal y laboral vuelven sostenible una jubilación a los 58 años”, dijo.
Explicó que el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Ejecutivo respetará y mantendrá los aportes individuales de los trabajadores que están en cuentas de las AFP. “Hay más de un millón 200 mil aportantes que tienen sus cuentas individuales y eso se va a mantener, ese dinero no se toca, es un dinero de ahorro de los propios trabajadores, y el Gobierno es respetuoso de ese ahorro personal”, sostuvo.
Respecto a la existencia de las AFP, García dijo que la Constitución establece que la administración del Fondo de Pensiones de los trabajadores debe estar a cargo del propio Estado. “Por lo tanto se creará un tipo de institucionalidad responsable, seria y con capacidad de autonomía, que vigile la buena administración de ahorro de los aportes individuales de los trabajadores”.
Anticipó que “es una ley que establece una renta universal, es aplicable para todos, para trabajadores del campo, para trabajadores de la ciudad, para comerciantes, para transportistas, para asalariados, para mineros, para funcionarios, para maestros”.
El Vicepresidente garantizó una administración correcta de las AFP. “Nosotros vamos a garantizar y ampliar los actuales candados (seguridad) para que nadie, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, pueda tocar o mal utilizar o mal invertir esos recursos personales que cada trabajador ahorra en su cuenta individual”.
Una de las reformas consiste en reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años para casi todos los trabajadores del país, salvo para los mineros, que podrán hacerlo a los 56 o incluso a los 51 años si acreditan que trabajaron en socavones.
Según el Vicepresidente, el proyecto de reforma de pensiones es el “más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo”, propio de un “Estado de bienestar” y que, en el caso de Bolivia, puede llamarse “Estado del buen vivir”.
Respecto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que aprobó la nueva Ley de Pensiones, García afirmó que “la vanguardia minera está reconociendo ese gran avance construido junto con el Gobierno y otros sectores laborales”.
Algunos puntos acordados en el proyecto
Edad La mayoría de los trabajadores se jubilará a los 58 años. Para el sector minero será a los 56 o bajará más aún.
Aporte Se incorpora un aporte laboral adicional de 0,5% y un aporte patronal de 3% para el Fondo Solidario.
Papeletas Se utilizarán las últimas 24 papeletas de pago como periodo de aportes para calcular la referencia salarial para la pensión solidaria.
Solidario Se acuerda montos superiores e inferiores de la pensión solidaria respecto a los años aportados, 70% a partir de los 30 años.
Comisión Se revisarán las rentas de casos especiales.
Los empresarios ponen en duda el manejo estatal
Rodrigo Pacheco /La Paz
Tras la confirmación de que el Estado administrará el nuevo sistema de pensiones, los empresarios privados del país manifestaron su preocupación por la falta de un sustento técnico de la propuesta del Gobierno y pusieron en duda la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
“La sostenibilidad de un sistema de pensiones implica que los aportes alcancen para una jubilación digna para todos. En ese sentido, las bases de un acuerdo dentro de esta ley deben tener un sustento técnico, es decir basados en cálculos actuariales”, manifestó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz. Añadió que el sector privado del país estaría dispuesto a tratar técnicamente este tema con el Ejecutivo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer, en rueda de prensa, que el Estado será el único que controlará el sistema de pensiones y que no habrá un sistema mixto.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, los detalles de esta ley “es algo que se debe discutir entre expertos” y lamentó que no se vaya a tener un sistema mixto, lo cual tomaría en cuenta la noción de competitividad, que es muy importante para un manejo eficiente de los aportes de la gente.
Por su parte, dirigentes del sector minero y del magisterio rural del país apoyaron la propuesta de que el sistema sea manejado por el Estado, según la Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes añadieron que los trabajadores también deben ser incluidos en el control de este nuevo sistema de pensiones.
Los empresarios temen que el sistema de pensiones propuesto por el Gobierno no sea sostenible en el tiempo y que no se estén haciendo los cálculos correctos respecto a los recursos necesarios para sustentar este modelo.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén Suárez, sostuvo que el modelo diseñado por el Ministerio de Economía fue “proyectado para un período mínimo de 40 años”, tomando en cuenta “toda la masa de trabajadores aportantes”.
En relación al aporte patronal del 3%, el presidente de las Cainco dijo que se trata de una carga pesada para los empresarios, ya que en este momento ya se tiene que hacer un incremento salarial del 5%.
El experto del Cedla, Carlos Arze, coincidió con los empresarios y explicó que “con esta carga el empleador va a someter (al trabajador) a condiciones de mayor productividad, es decir mayor intensidad en el trabajo. O la otra opción es que van a aumentarle ese 3% al costo de las mercancías producidas y al final quien va a cotizar ese 3% es el consumidor final”.
miércoles, 12 de mayo de 2010
FAM y el MAS planean dar de baja la Participación Popular
Boris Miranda / La Paz
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron un paquete legislativo para enterrar el sistema municipal vigente y la Ley de Participación Popular.
La ruta al nuevo modelo de comunas autonómico consiste en aprobar 12 leyes que relevarán a las actuales Ley 1551 de Participación Popular, Ley de Municipalidades y la Ley de Descentralización Administrativa.
La batería legislativa, concertada entre la FAM y la Comisión de Organización Territorial y Autonomía de la Cámara de Diputados, comenzará a tratarse apenas estén aprobadas las leyes orgánicas, previstas para mediados de julio, según informó el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabian Yaksic.
La presidenta de la Comisión, Betty Tejada (MAS), informó que las propuestas de la entidad que aglutina a las comunas en el país fue muy bien recibida, puesto que uno de los pilares de “la transición hacia la Bolivia autonómica será la transformación del sistema municipal”.
El diario Página Siete conoció el paquete de leyes concertado y los objetivos del nuevo marco normativo.
El diputado Yaksic explicó que se ha visto la necesidad de dar una serie de pasos para la adecuación de los municipios a la nueva Constitución Política del Estado. “Es un hecho que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) dispondrá el fin de la Ley de Participación Popular, así como la de Municipalidades y de Descentralización (Administrativa)”.
El asambleísta aclaró que con la derogación de estas leyes el camino quedará allanado para reinaugurar la organización territorial del país.
La Ley de Participación Popular, vigente en el país desde abril de 1994, estableció un nuevo sistema de distribución de recursos para los municipios y permitió una reingeniería territorial del país. Ese año, sólo 24 municipios recibían recursos de manera directa, ahora 337 lo hacen en todo el país.
Además, permitió la conformación de nuevas unidades territoriales, como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que abrió la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones en las estructuras del Estado, particularmente regidas desde los municipios.
Sin embargo, el balance de la ley por parte del Gobierno es negativo, pues considera insuficiente su modelo.
El oficialismo planea reemplazar la coparticipación tributaria por un sistema impositivo nuevo, descentralizado y coparticipable. Además, plantea un sistema de transferencia de recursos con mayor control del Estado.
La FAM, en el encuentro que sostuvo con los asambleístas, expresó su interés por cubrir todos los vacíos jurídicos existentes desde la promulgación de la Constitución Política, el 7 de febrero de 2009. Por eso serán varias las leyes municipales.
Una de las normas más importantes será la nueva Ley de Municipalidades, que dará las pautas para el acceso de las comunas a las autonomías.
“Hasta que los municipios no aprueben sus cartas orgánicas por referéndum, van a necesitar una norma en torno a la cual deben organizarse. La nueva ley será la guía en este proceso”, explicó Yaksic.
Las nuevas leyes cubrirán las necesidades referidas a organización de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos, márgenes presupuestarios, políticas tributarias, contratación de personal e incluso áreas específicas como salud y educación.
Otro de los conflictos más importantes, de acuerdo al diagnóstico realizado, es la delimitación limítrofe entre los 337 municipios, donde se han detectado incluso focos de violencia.
La futura Ley de Ordenamiento Territorial y Límites establecerá la política territorial y de administración pública estatal y un sistema de resolución de conflictos y límites.
El asambleísta del MSM informó que en la reunión con la FAM se acordó realizar el trabajo legislativo de manera conjunta y a partir del mes de agosto. “Apenas tengamos listas las cinco leyes orgánicas”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a considerar la LMAD, que regirá el funcionamiento de los gobiernos autónomos. La norma, según la Constitución, debe estar sancionada hasta el 22 de julio.
Ven riesgo en el sistema si bajan la edad de la jubilación
Página Siete / La Paz
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
Los empresarios paceños alertaron ayer al Gobierno que bajar la edad en la jubilación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo acordó con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la madrugada del lunes, bajar la edad de 65 a 58 años en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones.
“Un país que se jubila muy temprano corre el riesgo de que el sistema no sea sostenible, la edad que se quiere reducir pone en riesgo la rentabilidad, pero a medida que va bajando la edad hay un riesgo mayor; 60 años es una edad razonable (para jubilarse)”, afirmó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García.
En tanto que el experto laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze, afirmó que el nuevo proyecto de Ley de Pensiones es atentatoria a la clase obrera, pues aumenta el aporte de los trabajadores para su jubilación. De los 12,21% que hasta ahora aporta el trabajador para su jubilación y otros beneficios, ahora deberá aumentar otros 0,5% más para el denominado fondo solidario.
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que “la edad para jubilarse será de 58 años y para el sector minero será de 56 años”.
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, el proyecto de Ley de Pensiones “es una medida política y no tiene análisis económico serio, porque le pasamos la factura a nuestros hijos y nietos. Quienes tienen que pagar son las generaciones futuras”.
Chávez afirmó que lo que se pierde con la nueva propuesta es una oportunidad para que una persona de 58 años siga aportando. “Estas cosas no se piensan de manera estructural”, dijo.
Por su parte, el presidente de la FEPLP señaló que “el incremento que se quiere hacer al aporte patronal (de 2,5 a 3%) nos parece injusto porque es una carga que se nos está dando a los privados y nosotros de por sí ya tenemos una carga fuerte. Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad”.
Según García, el proyecto de Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema. Anunció que su sector pedirá al Gobierno iniciar un diálogo con el sector para encontrar consensos.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción (casos FOCSAP I y II) que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que demostraron una rentabilidad razonable dentro de los parámetros financieros. Por esa razón, García sugirió la aplicación de un sistema mixto de pensiones.
El experto del Cedla manifestó que “si no hay capitalización individual ya no se requiere de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el país”.
Al respecto, el proyecto del Gobierno anticipa que las AFP (Futuro y Previsión) dejarán el país de manera gradual, cuando sea promulgada la nueva Ley de Pensiones.
Mineros se jubilarán a los 56 años y podrán reducir aún más su edad
Página Siete /La Paz
La nueva Ley de Pensiones que está siendo consensuada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) destaca que los trabajadores mineros podrán jubilarse a los 56 años, con una posibilidad de reducir esta edad hasta los 51 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó el lunes que para los mineros la nueva Ley de Pensiones tiene un capítulo especial que reduce a 56 años la edad de jubilación y que adicionalmente, “por cada dos años trabajados en interior mina, se reduce uno la edad de jubilación”, con un máximo beneficio de cinco años de reducción.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer en conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno de aprobar una Ley de Pensiones que prevé la jubilación a los 56 años de los trabajadores mineros y de 51 años para los trabajadores de interior mina, es un reconocimiento a una labor sacrificada y de mucho riesgo.
“Los mineros tienen un trabajo sacrificado, de riesgo y en condiciones a veces extremas. Pero es una reposición de una vieja conquista de los trabajadores, que con la Ley de Capitalización se perdió”, manifestó Pimentel.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo a Página Siete que se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pudieron consensuar sus demandas. Añadió que “se autorizó que se firme ese acuerdo para que se pueda continuar con el diálogo”.
Ejecutivo propone un fondo solidario sustentado por patrones y empleados
El Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Pensiones, pretende incluir un fondo solidario con el fin de garantizar una renta mínima para los trabajadores que ganen o cotizan muy poco. Este fondo estaría financiado por incrementos en los aportes de los trabajadores, un aporte patronal y una porción de la recaudación de los riesgos previsionales.
Mario Alberto Guillén Suárez, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo a Página Siete que el fondo que se pretende crear “está sustentado por un aporte patronal del tres por ciento y un aporte laboral del 0,5 por ciento. Señaló que, aparte de estos aportes, el fondo estará compuesto por el 20 por ciento de las primas de riesgo común y riesgo profesional y un aporte de las personas que ganan más de 20 salarios mínimos”.
Para el Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), estos aportes se traducen bajo el siguiente ejemplo: “Quienes tengan ganancias por encima de 60 salarios mínimos nacionales –alrededor de Bs 34.680– deberán aportar el 10% del excedente. Asimismo, los que ganen entre aproximadamente Bs 11.560 y Bs 34.680 –entre 20 y 60 salarios mínimos– deberán aportar el uno por ciento de sus ingresos.
Para Carlos Arze, analista del Cedla, la reforma que propone el Ejecutivo es “antiobrera”, puesto que “en esta dirección, la propuesta no sólo omite la obligatoriedad de los empresarios y el Estado de financiar la seguridad social, sino que, a través de la creación del fondo solidario, pretende trasladar el costo de la seguridad social de los trabajadores no asalariados, sobre las espaldas de los trabajadores productivos”.
Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, cuestiona el fondo solidario que propone el Ejecutivo, puesto que “pretende financiarlo con recursos que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, como los fondos de Primas de Riesgo Común y Profesional”.
Sobre este tema, Guillén explica que el Gobierno “ha exensionado del IT y del IVA a esas primas que antes sí lo pagaban” para disponer de ese 20% de las primas de riesgo profesional. Con esto, explica, el Estado deja de recibir este ingreso y lo pasa a la renta solidaria. Añadió que aún no se pasará la propuesta al Parlamento ya que “aún quedan algunos puntos que resolver con la COB”.
martes, 11 de mayo de 2010
La COB analizará hoy la propuesta salarial del Gobierno
Página Siete / La Paz y Oruro
La Central Obrera Boliviana (COB) analizará durante el ampliado que realizará mañana la propuesta del Gobierno sobre el incremento salarial inversamente proporcional para los maestros y trabajadores en salud del país.
Dirigentes cobistas que iniciaron una marcha desde Caracollo, Oruro, informaron a Página Siete que el tema será tratado mañana para ver si es lo más conveniente para el sector.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que la propuesta beneficiará a los maestros y salubristas que ganan menos y reducirá su incremento a los que ganan más. “La predisposición del Gobierno que dentro del techo del 5% que el Estado ha fijado para el incremento salarial, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se redistribuya este ingreso inversamente proporcional al haber básico que reciben los trabajadores. La idea sería de que las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo los maestros de quinta categoría o los maestros interinos, podrían mejorar su porcentaje salarial, en detrimento de aquellos sectores como la categoría primera que es la que recibe mayor sueldo”, dijo Arce.
Al respecto, el gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior , Limbert Menacho, rechazó un incremento por encima de ese porcentaje. “Más del 5% no solamente sería un suicidio para el sector empresarial, sino también un suicidio económico y riesgo para el país”, señaló el representante privado.
Una COB cuestionada
“Montes, llunk’u de Evo”, se escuchó de uno de los dirigentes del Movimiento Sin Trabajo cuando Pedro Montes, ejecutivo de la COB, daba un reporte sobre las medidas que llevarán adelante los movimientos sociales afiliados a esa organización.
Hasta las 10:30 se decía que no iba a iniciar la marcha desde Caracollo hasta la sede del Gobierno, porque se había avanzado sobre la Ley de Pensiones.
Al final, Montes dijo que la caminata proseguiría hasta Panduro, adonde llegaron a las siete de la noche, aproximadamente.
Para hoy se programó un ampliado en esa población, desde las nueve de la mañana, para decidir las futuras medidas.
La Central Obrera Boliviana (COB) analizará durante el ampliado que realizará mañana la propuesta del Gobierno sobre el incremento salarial inversamente proporcional para los maestros y trabajadores en salud del país.
Dirigentes cobistas que iniciaron una marcha desde Caracollo, Oruro, informaron a Página Siete que el tema será tratado mañana para ver si es lo más conveniente para el sector.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que la propuesta beneficiará a los maestros y salubristas que ganan menos y reducirá su incremento a los que ganan más. “La predisposición del Gobierno que dentro del techo del 5% que el Estado ha fijado para el incremento salarial, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se redistribuya este ingreso inversamente proporcional al haber básico que reciben los trabajadores. La idea sería de que las personas que tienen menos ingresos, por ejemplo los maestros de quinta categoría o los maestros interinos, podrían mejorar su porcentaje salarial, en detrimento de aquellos sectores como la categoría primera que es la que recibe mayor sueldo”, dijo Arce.
Al respecto, el gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior , Limbert Menacho, rechazó un incremento por encima de ese porcentaje. “Más del 5% no solamente sería un suicidio para el sector empresarial, sino también un suicidio económico y riesgo para el país”, señaló el representante privado.
Una COB cuestionada
“Montes, llunk’u de Evo”, se escuchó de uno de los dirigentes del Movimiento Sin Trabajo cuando Pedro Montes, ejecutivo de la COB, daba un reporte sobre las medidas que llevarán adelante los movimientos sociales afiliados a esa organización.
Hasta las 10:30 se decía que no iba a iniciar la marcha desde Caracollo hasta la sede del Gobierno, porque se había avanzado sobre la Ley de Pensiones.
Al final, Montes dijo que la caminata proseguiría hasta Panduro, adonde llegaron a las siete de la noche, aproximadamente.
Para hoy se programó un ampliado en esa población, desde las nueve de la mañana, para decidir las futuras medidas.
Ley Transitoria propone la clausura de las prefecturas y el inicio de las autonomías
Boris Miranda / La Paz
El proyecto de Ley Transitoria de Autonomías propone la clausura de la estructura financiera y administrativa de las prefecturas del país y abre las puertas para la instalación de las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales.
Página Siete obtuvo de fuentes legislativas el borrador del documento, cuyo fin es regular el funcionamiento de esas entidades, además de los gobiernos municipales, indígenas y el regional de Gran Chaco, ante la eventual carencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).
El proyecto, que desde este miércoles será considerado en las comisiones de Organización Territorial y Autonomía de las cámaras de Diputados y de Senadores, establece que para la transición hacia los nuevos regímenes autonómicos regionales, las nueve prefecturas del país deben realizar cierres contables definitivos y hacer balances de gestión para la transferencia de activos y pasivos a los venideros gobiernos departamentales.
Esta transición deberá realizarse entre fines de mayo y junio. Los gobernadores y asambleístas departamentales serán posesionados el 30 de mayo y deberán trabajar con las autoridades salientes, en una comisión mixta, el traspaso institucional de una administración a otra.
La Ley del Presupuesto General de la Nación no consignó ninguna previsión en relación a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, el proyecto de Ley Transitoria dispone que, para la reformulación presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas estará autorizado a emitir resoluciones administrativas que aseguren salarios, funcionamiento y contratación de personal para las nuevas entidades.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete afirmó que la futura ley marcará el inicio de la era autonómica en Bolivia. “Esta ley va a ser suficiente y va a ser contundente para dar el salto autonómico definitivo”.
Además de las prefecturas, los consejos departamentales cerrarán sus puertas definitivamente. Los inmuebles, personal de planta, personal temporal con contratos en vigencia y los bienes pasarán a depender de las asambleas legislativas departamentales. En el futuro, las nuevas entidades podrán contar con un presupuesto que les permita funcionar adecuadamente.
La diputada oficialista Betty Tejada afirmó que esta ley debe ser aprobada en este mes, a más tardar, “porque las autonomías deben nacer con todo su brillo”.
El proyecto de Ley Transitoria de Autonomías propone la clausura de la estructura financiera y administrativa de las prefecturas del país y abre las puertas para la instalación de las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales.
Página Siete obtuvo de fuentes legislativas el borrador del documento, cuyo fin es regular el funcionamiento de esas entidades, además de los gobiernos municipales, indígenas y el regional de Gran Chaco, ante la eventual carencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).
El proyecto, que desde este miércoles será considerado en las comisiones de Organización Territorial y Autonomía de las cámaras de Diputados y de Senadores, establece que para la transición hacia los nuevos regímenes autonómicos regionales, las nueve prefecturas del país deben realizar cierres contables definitivos y hacer balances de gestión para la transferencia de activos y pasivos a los venideros gobiernos departamentales.
Esta transición deberá realizarse entre fines de mayo y junio. Los gobernadores y asambleístas departamentales serán posesionados el 30 de mayo y deberán trabajar con las autoridades salientes, en una comisión mixta, el traspaso institucional de una administración a otra.
La Ley del Presupuesto General de la Nación no consignó ninguna previsión en relación a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, el proyecto de Ley Transitoria dispone que, para la reformulación presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas estará autorizado a emitir resoluciones administrativas que aseguren salarios, funcionamiento y contratación de personal para las nuevas entidades.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete afirmó que la futura ley marcará el inicio de la era autonómica en Bolivia. “Esta ley va a ser suficiente y va a ser contundente para dar el salto autonómico definitivo”.
Además de las prefecturas, los consejos departamentales cerrarán sus puertas definitivamente. Los inmuebles, personal de planta, personal temporal con contratos en vigencia y los bienes pasarán a depender de las asambleas legislativas departamentales. En el futuro, las nuevas entidades podrán contar con un presupuesto que les permita funcionar adecuadamente.
La diputada oficialista Betty Tejada afirmó que esta ley debe ser aprobada en este mes, a más tardar, “porque las autonomías deben nacer con todo su brillo”.
Gobierno reducirá en siete años la edad de jubilación
Rodrigo Pacheco / La Paz
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, anunció ayer que tras varias horas de discusiones con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), se determinó bajar la edad de jubilación de los bolivianos: de 65 a 58 años. Esta decisión, para el ejecutivo de la COB, Pedro Montes, significa que “han habido algunos resultados”.
El responsable de la unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arce, explicó que la reducción de la edad de jubilación que propone el Gobierno, además de la posibilidad de retirarse después de 30 años de trabajo con un 70 % de aportes, tendría dos serias consecuencias.
Por un lado, continuó, aumentaría significativamente el número de jubilados, lo que sería muy difícil de gestionar para el Estado y, por otro lado, habría un problema en los montos con los que se jubilarían las personas, ya que “con los sueldos tan bajos que hay en el país”, el 70 % representaría una renta muy baja para la mayoría de los trabajadores del país.
Montes explicó que “luego de varias discusiones con la COB, nuestra propuesta ha disminuido la edad de jubilación de 65 a 58 años y creemos que es una reducción muy importante que beneficia al sector trabajador y forma parte de la propuesta que nosotros le hicimos a la COB”.
En un acta firmada al concluir la reunión entre el Gobierno y los dirigentes de la COB, ayer en la madrugada, se establece que “se avanzó en mejorar la edad de la jubilación, en términos de sostenibilidad, al determinar un aporte laboral adicional de 0,5 % y un aporte patronal establecido en un 3%”.
Antes de iniciar la marcha en Caracollo contra las propuestas laborales del Gobierno, Pedro Montes, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, reconoció que en las reuniones con el Gobierno hubo resultados, pero también comentó que “en alguna parte falta todavía”.
El ministro Arce dijo que “adicionalmente, se acordó que aquellos que se jubilen a los 30 años de aporte, van a recibir el 70% de sus aportes”. Añadió también que al incluir al sector patronal en el sistema de pensiones que proponen, “eso distingue al gobierno de Evo Morales con los gobiernos del periodo neoliberal”.
Sin embargo, en una comunicación con Página Siete, el dirigente del Magisterio de La Paz, José Luis Álvarez, expresó que, por el contrario, la propuesta del Gobierno “sigue siendo una propuesta neoliberal enmarcada en la capitalización individual, donde el trabajador también va a tener que aumentar sus aportes y el sector patronal sólo hará un pequeño aporte”. Añadió que el sector patronal debería aportar con un cinco o un siete por ciento y que el Estado también debería tener su aporte.
El Ministro de Economía manifestó a Erbol que el Gobierno tiene su contribución, puesto que actúa como patrón cuando contrata al personal y también va a aportar con ese 3%.
lunes, 10 de mayo de 2010
El Gobierno admite que los estatutos de la "media luna" son "hechos políticos"
Rubén Atahuichi / La Paz
En una inédita posición, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, admitió que la aprobación de estatutos autonómicos en cuestionados referendos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija fue “un hecho político”, que ahora, ante la vigencia de los gobiernos subnacionales, deberá convertirse en un “hecho jurídico”.
En una entrevista con Página Siete, la autoridad pidió a los líderes de esa región llamada “media luna” interponer sus oficios para concertar una Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) con base en “sus reflexiones y observaciones”.
No hay una estructura jurídica plena que pueda garantizar el ejercicio de las autonomías desde el 30 de junio.
Es evidente que hay la necesidad de trabajar estos instrumentos jurídicos como parte del desarrollo normativo que va a ordenar y regular la administración del proceso autonómico, pero el marco jurídico emergente de la Constitución Política del Estado (CPE) es lo más sólido, de la más alta jerarquía, para garantizar una adecuada implementación de las autonomías.
Si bien es cierto que, como parte del desarrollo normativo, se requieren todavía dos instrumentos normativos fundamentales, la LMAD y los estatutos, aquélla es básicamente procedimental, establece procedimientos para el acceso futuro al régimen de autonomías por parte de pueblos indígenas y regiones autonómicas; también establece algunos procedimientos, sobre todo de monitoreo, seguimiento, evaluación y armonización del ejercicio de competencias por parte de las entidades autonómicas, y establece los factores y fuentes de asignación de recursos económicos, además de los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y las entidades autonómicas.
Todo esto es importante para la implementación del proceso, pero no condiciona necesariamente la puesta en vigencia de las autonomías, la existencia de la LMAD, por una razón sencilla: las competencias, que representan el elemento sustancial a través del cual se ejerce el autogobierno, están establecidas en la CPE. Entonces, en la medida que se constituya en una declaración o un reconocimiento constitucional, no están supeditadas en su asignación a otro instrumento jurídico previo. Los estatutos autonómicos, por su parte, en lo fundamental deben contener básicamente dos aspectos: por un lado, la institucionalidad del autogobierno y, por otro lado, las políticas en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas asignadas a las autonomías, que luego puedan fundamentar el legislativo autonómico, pero los estatutos autonómicos no se van a resolver en uno o dos meses; es decir, mientras no sean adecuados a la CPE por dos tercios de votos, lo que exige un amplio político al interior de las asambleas departamentales, y mientras no sean objeto de control de constitucionalidad, no pueden entrar en vigencia. En los hechos, los estatutos autonómicos podrían entrar en vigencia recién en los primeros meses del próximo año.
No es obstáculo
Sin embargo, esto no impide el ejercicio de las competencias asignadas a las autonomías, porque el fundamento jurídico es la Constitución. Si bien hay normas que necesariamente deberán ser aprobadas, señaladas particularmente, esto no impide que la asignación de competencias pueda operar inmediatamente como parte del ejercicio autonómico.
¿Esto quiere decir que no hay vacío jurídico?
Los vacíos están fundamentalmente en torno a la transición. Es decir, tenemos que cerrar una institucionalidad descentralizada administrativamente, como es la Prefectura; tenemos que clausurar los consejos departamentales y sustituirlos por las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, y eso requiere de algunas previsiones en el orden administrativo, financiero e institucional, que son normales en este tipo de culminación de institucionalidad para dar lugar a una nueva institución. Pero la Constitución es suficiente para iniciar gobiernos autonómicos de manera inmediata.
Se ha socializado la LMAD en distintos niveles, aunque no se ha logrado convencer a la “media luna”, que va a exigir una ley concertada que recoja sus percepciones y observaciones.
Eso sería ideal. Hemos hecho esfuerzos durante todo el año pasado y los meses que llevamos de este año para abrir todos los espacios posibles para debatir, reflexionar y recoger propuestas, y concertar el proyecto de ley y la agenda autonómica. Habíamos creado un Consejo Nacional Autonómico con participación mayoritaria de los actores autonómicos y minoritaria de la representación del Gobierno.
Oídos sordos en el oriente
Las prefecturas de oposición nunca atendieron nuestras solicitudes de concertación y no sé si tienen observaciones a los contenidos de la LMAD o cuál será su postura actual. Las corrientes más radicales negaban el diseño autonómico de la misma Constitución y todavía algunas voces señalan que no son los estatutos los que tienen que adecuarse a la Constitución, sino la Constitución a los estatutos, lo que sería propio de un régimen federalista radical, no de un régimen autonómico. Ése es un sistema que en la doctrina política se ha denominado “federalismo devolucionario”, cuando se devuelve soberanía a los integrantes de un Estado para que, sobre las bases que establezcan, el Estado pueda recién organizarse. Éste no es el caso del proceso boliviano.
Lo que quiero decir es que en la agenda de estas corrientes radicales ni siquiera se ha considerado la existencia de una LMAD. Una LMAD no tendría sentido cuando en realidad quieren subordinar a la Constitución a sus estatutos. Pero hay corrientes más moderadas que han presentado contrapropuestas en torno al proyecto, como, por ejemplo, la Prefectura de Tarija. Ésas han sido señales importantes; nosotros estamos de acuerdo en que, más allá de las corrientes radicales que puedan existir en los departamentos del oriente o en algunos movimientos sociales que se inspiran en fundamentalismos étnicos, tenemos que trabajar un proceso de concertación que sea lo suficientemente sólido, porque es una ley estructural, que trasciende las circunstancias de la coyuntura política.
¿Va a ser la función imperativa del Ministerio de Autonomía de hacer que los estatutos aprobados en referendos cuestionados sean adecuados a la CPE?
La disposición tercera de la Constitución los reconoce, pero deben cumplir dos condiciones: adecuarse a los contenidos constitucionales, lo que significa una modificación sustantiva de contenidos, que está a cargo de las asambleas departamentales, y, segundo, someterse a un control constitucional.
Más allá de una lectura estrictamente jurídica, quisiera hacer una lectura política de este proceso. Los estatutos son un hecho político, necesitan convertirse en hecho jurídico si se adecúan a los contenidos constitucionales. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de interpretación del proceso histórico, representan un pacto social dentro de los departamentos; a nivel social hemos logrado un gran pacto social, la Constitución, y hemos definido en las elecciones nacionales la composición de la representación política para dirigir ese proyecto de país, para su aplicación. En los departamentos hemos definido una representación política, que en el caso del oriente expresa todavía polaridades. Lo que está pendiente es un pacto social, el estatuto.
O sea, ¿el Gobierno reconoce ese hecho político?
Reconocemos ese hecho político, pero advertimos que necesita constitucionalizarse y al mismo tiempo reflejar un pacto social en los departamentos. No es un tema que lo vamos a interferir ni digitar, es una iniciativa de las regiones como parte de su proyecto autonómico, pero sí tienen una adecuada lectura de la historia, ése debería ser el camino.
La transición de las gobernaciones y las asambleas será desordenada
Nancy Vacaflor / La Paz
El tránsito de la administración prefectural a las gobernaciones y de los consejos departamentales a las asambleas legislativas departamentales tropezará con vacíos legales, y se prevé que será un proceso desordenado y progresivo en relación a la adopción de competencias.
Asambleístas departamentales del oficialismo y de la oposición coinciden en que es urgente la aprobación de una Ley Transitoria para un ejercicio real de las competencias legislativas. El Gobierno, por su parte, dice que no es necesario y que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) será suficiente, inicialmente.
Los problemas administrativos, la falta de la LMAD y la inexistencia de estatutos autonómicos son los principales problemas con los que al inicio deberán lidiar las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, instituidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, admite que el proceso de implementación de las autonomías será desordenado, hecho que, no obstante, no imposibilitará que las asambleas comiencen a ejercer sus competencias, pero de manera progresiva y sólo con algunas de ellas. “Lo que correspondería en un proceso absolutamente ordenado, primero, es la aprobación de sus estatutos”.
Romero arguye que las políticas señaladas en los estatutos se desarrollarán a través de medidas legislativas, que, en su criterio, son la esencia del proceso.
En cambio, el asambleísta de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) José Ivancovick dice que se requiere de una ley transitoria que autorice a la Asamblea ejercer sus competencias legislativas para el impulso real de las autonomías, aunque todavía no hayan los estatutos autonómicos. “Después de eso estaríamos habilitados para empezar a dictar leyes departamentales de carácter provisional”, asegura.
Aclara que sin ley transitoria se continuará en la vieja estructura y no habrá un real tránsito hacia una nueva institucionalidad de las gobernaciones y las asambleas departamentales.
Sin embargo, Romero señala que no ve necesario gestionar una norma transitoria, ya que con la Ley Marco de Autonomías, que será aprobada en junio, será suficiente para delegar algunas competencias. “No es que va haber un vacío jurídico para el funcionamiento de las asambleas departamentales”.
Los estatutos autonómicos, además de su elaboración, requieren pasar por el control del Tribunal Constitucional, que recién será constituido con la elección de sus autoridades en diciembre de este año.
Luego, esas cartas autonómicas deberán ser sometidas a un referendo, procedimiento que puede durar hasta el mes de junio de 2011. Mientras tanto ¿qué harán los asambleístas?, se pregunta Ivancovick.
Otra asambleísta por el partido gobernante, Bertha Barrientos, de Tarija, también expresa su preocupación porque hasta la fecha no haya una norma que establezca el funcionamiento de las asambleas legislativas. Sin embargo, dice que muchos de sus colegas están haciendo propuestas para la Ley de Autonomías.
En tanto, la legisladora de Chuquisaca, Liliana Sánchez, del MAS, asegura que desde el mes de junio habrá un cambio trascendental del significado de la administración del gobierno departamental autónomo, toda vez que es un proceso nuevo que va a tener la responsabilidad de implementar las autonomías en los departamentos.
Desde Tarija, el asambleísta por Camino al Cambio Sergio Reyes coincide con sus colegas sobre la necesidad de una ley transitoria, que facilite el manejo de recursos económicos para el ejercicio de las competencias legislativas. De lo contrario, recurriremos al amparo constitucional fáctico para ejercer las funciones que el pueblo nos ha delegado, advierte.
Los estatutos autonómicos son los instrumentos legales que pondrán en vigencia las autonomías departamentales. El artículo 271 de la CPE dice que la LMAD “regulará el procedimiento” para su elaboración.
Sin embargo, los asambleístas departamentales desconocen por el momento cuáles serán sus funciones específicas.
En algunos departamentos se han hecho reuniones preliminares de organización.
En una inédita posición, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, admitió que la aprobación de estatutos autonómicos en cuestionados referendos de Santa Cruz, Beni Pando y Tarija fue “un hecho político”, que ahora, ante la vigencia de los gobiernos subnacionales, deberá convertirse en un “hecho jurídico”.
En una entrevista con Página Siete, la autoridad pidió a los líderes de esa región llamada “media luna” interponer sus oficios para concertar una Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) con base en “sus reflexiones y observaciones”.
No hay una estructura jurídica plena que pueda garantizar el ejercicio de las autonomías desde el 30 de junio.
Es evidente que hay la necesidad de trabajar estos instrumentos jurídicos como parte del desarrollo normativo que va a ordenar y regular la administración del proceso autonómico, pero el marco jurídico emergente de la Constitución Política del Estado (CPE) es lo más sólido, de la más alta jerarquía, para garantizar una adecuada implementación de las autonomías.
Si bien es cierto que, como parte del desarrollo normativo, se requieren todavía dos instrumentos normativos fundamentales, la LMAD y los estatutos, aquélla es básicamente procedimental, establece procedimientos para el acceso futuro al régimen de autonomías por parte de pueblos indígenas y regiones autonómicas; también establece algunos procedimientos, sobre todo de monitoreo, seguimiento, evaluación y armonización del ejercicio de competencias por parte de las entidades autonómicas, y establece los factores y fuentes de asignación de recursos económicos, además de los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y las entidades autonómicas.
Todo esto es importante para la implementación del proceso, pero no condiciona necesariamente la puesta en vigencia de las autonomías, la existencia de la LMAD, por una razón sencilla: las competencias, que representan el elemento sustancial a través del cual se ejerce el autogobierno, están establecidas en la CPE. Entonces, en la medida que se constituya en una declaración o un reconocimiento constitucional, no están supeditadas en su asignación a otro instrumento jurídico previo. Los estatutos autonómicos, por su parte, en lo fundamental deben contener básicamente dos aspectos: por un lado, la institucionalidad del autogobierno y, por otro lado, las políticas en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas asignadas a las autonomías, que luego puedan fundamentar el legislativo autonómico, pero los estatutos autonómicos no se van a resolver en uno o dos meses; es decir, mientras no sean adecuados a la CPE por dos tercios de votos, lo que exige un amplio político al interior de las asambleas departamentales, y mientras no sean objeto de control de constitucionalidad, no pueden entrar en vigencia. En los hechos, los estatutos autonómicos podrían entrar en vigencia recién en los primeros meses del próximo año.
No es obstáculo
Sin embargo, esto no impide el ejercicio de las competencias asignadas a las autonomías, porque el fundamento jurídico es la Constitución. Si bien hay normas que necesariamente deberán ser aprobadas, señaladas particularmente, esto no impide que la asignación de competencias pueda operar inmediatamente como parte del ejercicio autonómico.
¿Esto quiere decir que no hay vacío jurídico?
Los vacíos están fundamentalmente en torno a la transición. Es decir, tenemos que cerrar una institucionalidad descentralizada administrativamente, como es la Prefectura; tenemos que clausurar los consejos departamentales y sustituirlos por las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, y eso requiere de algunas previsiones en el orden administrativo, financiero e institucional, que son normales en este tipo de culminación de institucionalidad para dar lugar a una nueva institución. Pero la Constitución es suficiente para iniciar gobiernos autonómicos de manera inmediata.
Se ha socializado la LMAD en distintos niveles, aunque no se ha logrado convencer a la “media luna”, que va a exigir una ley concertada que recoja sus percepciones y observaciones.
Eso sería ideal. Hemos hecho esfuerzos durante todo el año pasado y los meses que llevamos de este año para abrir todos los espacios posibles para debatir, reflexionar y recoger propuestas, y concertar el proyecto de ley y la agenda autonómica. Habíamos creado un Consejo Nacional Autonómico con participación mayoritaria de los actores autonómicos y minoritaria de la representación del Gobierno.
Oídos sordos en el oriente
Las prefecturas de oposición nunca atendieron nuestras solicitudes de concertación y no sé si tienen observaciones a los contenidos de la LMAD o cuál será su postura actual. Las corrientes más radicales negaban el diseño autonómico de la misma Constitución y todavía algunas voces señalan que no son los estatutos los que tienen que adecuarse a la Constitución, sino la Constitución a los estatutos, lo que sería propio de un régimen federalista radical, no de un régimen autonómico. Ése es un sistema que en la doctrina política se ha denominado “federalismo devolucionario”, cuando se devuelve soberanía a los integrantes de un Estado para que, sobre las bases que establezcan, el Estado pueda recién organizarse. Éste no es el caso del proceso boliviano.
Lo que quiero decir es que en la agenda de estas corrientes radicales ni siquiera se ha considerado la existencia de una LMAD. Una LMAD no tendría sentido cuando en realidad quieren subordinar a la Constitución a sus estatutos. Pero hay corrientes más moderadas que han presentado contrapropuestas en torno al proyecto, como, por ejemplo, la Prefectura de Tarija. Ésas han sido señales importantes; nosotros estamos de acuerdo en que, más allá de las corrientes radicales que puedan existir en los departamentos del oriente o en algunos movimientos sociales que se inspiran en fundamentalismos étnicos, tenemos que trabajar un proceso de concertación que sea lo suficientemente sólido, porque es una ley estructural, que trasciende las circunstancias de la coyuntura política.
¿Va a ser la función imperativa del Ministerio de Autonomía de hacer que los estatutos aprobados en referendos cuestionados sean adecuados a la CPE?
La disposición tercera de la Constitución los reconoce, pero deben cumplir dos condiciones: adecuarse a los contenidos constitucionales, lo que significa una modificación sustantiva de contenidos, que está a cargo de las asambleas departamentales, y, segundo, someterse a un control constitucional.
Más allá de una lectura estrictamente jurídica, quisiera hacer una lectura política de este proceso. Los estatutos son un hecho político, necesitan convertirse en hecho jurídico si se adecúan a los contenidos constitucionales. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de interpretación del proceso histórico, representan un pacto social dentro de los departamentos; a nivel social hemos logrado un gran pacto social, la Constitución, y hemos definido en las elecciones nacionales la composición de la representación política para dirigir ese proyecto de país, para su aplicación. En los departamentos hemos definido una representación política, que en el caso del oriente expresa todavía polaridades. Lo que está pendiente es un pacto social, el estatuto.
O sea, ¿el Gobierno reconoce ese hecho político?
Reconocemos ese hecho político, pero advertimos que necesita constitucionalizarse y al mismo tiempo reflejar un pacto social en los departamentos. No es un tema que lo vamos a interferir ni digitar, es una iniciativa de las regiones como parte de su proyecto autonómico, pero sí tienen una adecuada lectura de la historia, ése debería ser el camino.
La transición de las gobernaciones y las asambleas será desordenada
Nancy Vacaflor / La Paz
El tránsito de la administración prefectural a las gobernaciones y de los consejos departamentales a las asambleas legislativas departamentales tropezará con vacíos legales, y se prevé que será un proceso desordenado y progresivo en relación a la adopción de competencias.
Asambleístas departamentales del oficialismo y de la oposición coinciden en que es urgente la aprobación de una Ley Transitoria para un ejercicio real de las competencias legislativas. El Gobierno, por su parte, dice que no es necesario y que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) será suficiente, inicialmente.
Los problemas administrativos, la falta de la LMAD y la inexistencia de estatutos autonómicos son los principales problemas con los que al inicio deberán lidiar las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales, instituidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, admite que el proceso de implementación de las autonomías será desordenado, hecho que, no obstante, no imposibilitará que las asambleas comiencen a ejercer sus competencias, pero de manera progresiva y sólo con algunas de ellas. “Lo que correspondería en un proceso absolutamente ordenado, primero, es la aprobación de sus estatutos”.
Romero arguye que las políticas señaladas en los estatutos se desarrollarán a través de medidas legislativas, que, en su criterio, son la esencia del proceso.
En cambio, el asambleísta de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) José Ivancovick dice que se requiere de una ley transitoria que autorice a la Asamblea ejercer sus competencias legislativas para el impulso real de las autonomías, aunque todavía no hayan los estatutos autonómicos. “Después de eso estaríamos habilitados para empezar a dictar leyes departamentales de carácter provisional”, asegura.
Aclara que sin ley transitoria se continuará en la vieja estructura y no habrá un real tránsito hacia una nueva institucionalidad de las gobernaciones y las asambleas departamentales.
Sin embargo, Romero señala que no ve necesario gestionar una norma transitoria, ya que con la Ley Marco de Autonomías, que será aprobada en junio, será suficiente para delegar algunas competencias. “No es que va haber un vacío jurídico para el funcionamiento de las asambleas departamentales”.
Los estatutos autonómicos, además de su elaboración, requieren pasar por el control del Tribunal Constitucional, que recién será constituido con la elección de sus autoridades en diciembre de este año.
Luego, esas cartas autonómicas deberán ser sometidas a un referendo, procedimiento que puede durar hasta el mes de junio de 2011. Mientras tanto ¿qué harán los asambleístas?, se pregunta Ivancovick.
Otra asambleísta por el partido gobernante, Bertha Barrientos, de Tarija, también expresa su preocupación porque hasta la fecha no haya una norma que establezca el funcionamiento de las asambleas legislativas. Sin embargo, dice que muchos de sus colegas están haciendo propuestas para la Ley de Autonomías.
En tanto, la legisladora de Chuquisaca, Liliana Sánchez, del MAS, asegura que desde el mes de junio habrá un cambio trascendental del significado de la administración del gobierno departamental autónomo, toda vez que es un proceso nuevo que va a tener la responsabilidad de implementar las autonomías en los departamentos.
Desde Tarija, el asambleísta por Camino al Cambio Sergio Reyes coincide con sus colegas sobre la necesidad de una ley transitoria, que facilite el manejo de recursos económicos para el ejercicio de las competencias legislativas. De lo contrario, recurriremos al amparo constitucional fáctico para ejercer las funciones que el pueblo nos ha delegado, advierte.
Los estatutos autonómicos son los instrumentos legales que pondrán en vigencia las autonomías departamentales. El artículo 271 de la CPE dice que la LMAD “regulará el procedimiento” para su elaboración.
Sin embargo, los asambleístas departamentales desconocen por el momento cuáles serán sus funciones específicas.
En algunos departamentos se han hecho reuniones preliminares de organización.
Los mineros en Huanuni ganan hasta Bs 30.000 durante el mes
Karen Gil / Huanuni, Oruro
Si la veta es buena y tiene calidad de alta ley se puede ganar desde 10.000 hasta 30.000 bolivianos mes, esto es variable, señala Manuel Pérez, secretario de relación del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de la Mina Huanuni, ubicada a 46 kilómetros de la ciudad de Oruro.
Los trabajadores de interior mina de la Empresa Minera Huanuni, que se adentran todos los días en el cerro del Posokoni, para explotar estaño, pueden acabar el mes con un salario de tres mil bolivianos, los que no tuvieron suerte; o de 25 mil, los que entraron con la fortuna de cavar en un lugar rico del yacimiento.
La ganancia del minero depende de su sacrificio, “porque si trabaja más fuerte gana más”, explica Pérez, quien señala que el trabajador entra a la mina con la incertidumbre de su salida. “Es un trabajo inhumano, a la semana mueren tres mineros y al día se presenta un accidente como mínimo”, explica.
Si bien los trabajadores de interior mina tienen un sueldo fijo por jornal, de 92 a 96 bolivianos, éste es variable en relación con la producción y los resultados que se logren durante el mes y esto depende, a su vez, de los sistemas en los que operen, que son el convencional y el selectivo.
Los que tienen la labor de abrir caminos dentro del cerro son los que operan en el sistema convencional, para lo que deben cavar aperturas de 2,20 por 2,30 metros, y también están los que se ocupan de hacer chimeneas de 1,50 por 2,20 metros para que salgan los gases tóxicos.
En esta modalidad, el minero gana por metro 400 bolivianos y, diariamente, de acuerdo con Pérez, se avanza dos metros, lo que significa que al día el trabajador puede ganar 800 y al mes sacar un salario de 24 mil bolivianos, a lo que se suma los 3.000 de sueldo fijo. Pero esto –según el dirigente– varía porque hay días que, por falta de agua y oxígeno, su avance es completamente nulo.
Una vez que los túneles están abiertos, entran en acción los mineros que trabajan en el sistema selectivo. Éstos tienen la misión de extraer vetas de estaño. Al mes deben cumplir una cuota de 1.200 toneladas de métricas finas (TMF).
Al día la cantidad extraída varía, pues existen jornadas que se logra sacar más de 100 kilos y otros que por más que cave y cave, el minero no consigue ningún producto.
Por el excedente que logra explotar el minero, se le paga de tres a cuatro bolivianos por kilo, depende si el metal es de alta ley, lo que al mes significa entre 11 y 12 mil bolivianos.
De acuerdo con los miembros del sindicato, el promedio salarial de un minero es de diez mil bolivianos; esto puede bajar hasta tres mil bolivianos, pero también subir hasta 30 mil bolivianos, incluso en épocas de mejor bonanza, el trabajador de Huanuni salió con un salario de 40 mil bolivianos. “Alguna vez en casos excepcionales han sacado hasta 40 mil bolivianos, pero eso ya no ocurre, las estructuras están bajas, ya no son como antes”, asegura el dirigente.
El país vive del auge del "metal del diablo" por la alta cotización
Página Siete / Huanuni, Oruro
El cerro Posokoni, ubicado en la población de Huanuni (Oruro), es uno de los yacimientos más importantes del “metal del diablo” o estaño, en América Latina.
Este mineral ofrece a los mineros de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), que se encarga de explotarla, entre dos y nueve millones de toneladas métricas finas (TMF) por año, lo que significa una ganancia desde dos hasta 26 millones de dólares anuales.
Estas altas ganancias se deben a que desde el año 2000, el estaño es uno de los metales más cotizados en el mercado internacional. Actualmente, el precio por libra métrica fina varía entre siete y ocho dólares.
Las utilidades de la mina, que fue nacionalizada el año 2006 tras enfrentamientos entre mineros y cooperativistas, varían de acuerdo al precio a la demanda internacional.
El gerente de la EMH, Roberto Montaño, indica que después de la nacionalización y la incorporación de los cooperativistas al sistema salarial, ha incrementando tanto la producción como las utilidades.
Explica que este año la explotación fue fructífera, a comparación de 2009, porque sólo el primer trimestre se logró ganar más de ocho millones de dólares, superior incluso al total de ganancia del año pasado, cuando se registró un poco más de dos millones de dólares. Situación que se debió a la baja cotización del estaño.
De acuerdo con la proyección realizada por la empresa, este año concluirá con una producción de 10.000 TMF de concentrado de estaño, lo que en utilidades se traduce a 15 millones de dólares.
Si bien la cantidad de utilidades netas proyectada para el presente año es elevada, no se compara con el año 2008, cuando se llegó a ganar más de 13 millones de dólares.
Las ganancias mineras de aquel entonces se reflejaba abiertamente en el pueblo.
Los pobladores de Huanuni y algunos visitantes comentan que, hace algunos años, la riqueza extraída de la mina, se sentía en el pueblo, donde alrededor de la plaza principal se lucían “hammers” y otros autos lujosos conducidos por los mineros.
El costo de vida también era caro, los electrodomésticos eran costosos, al igual que las bebidas alcohólicas que se consumían.
En la actualidad, no es tan visible los efectos de los altos salarios que perciben los mineros, que varían de tres mil a 30 mil bolivianos. Pero aún así, los mineros están conscientes de la buena racha de la producción minera.
No obstante, las regalías mineras no aumentaron, ni benefician directamente a la región. El año 2007 el monto de regalías fue de 2,94 millones de dólares, mientras que en el 2009 alcanzó a 3,35 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Minería.
Si la veta es buena y tiene calidad de alta ley se puede ganar desde 10.000 hasta 30.000 bolivianos mes, esto es variable, señala Manuel Pérez, secretario de relación del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de la Mina Huanuni, ubicada a 46 kilómetros de la ciudad de Oruro.
Los trabajadores de interior mina de la Empresa Minera Huanuni, que se adentran todos los días en el cerro del Posokoni, para explotar estaño, pueden acabar el mes con un salario de tres mil bolivianos, los que no tuvieron suerte; o de 25 mil, los que entraron con la fortuna de cavar en un lugar rico del yacimiento.
La ganancia del minero depende de su sacrificio, “porque si trabaja más fuerte gana más”, explica Pérez, quien señala que el trabajador entra a la mina con la incertidumbre de su salida. “Es un trabajo inhumano, a la semana mueren tres mineros y al día se presenta un accidente como mínimo”, explica.
Si bien los trabajadores de interior mina tienen un sueldo fijo por jornal, de 92 a 96 bolivianos, éste es variable en relación con la producción y los resultados que se logren durante el mes y esto depende, a su vez, de los sistemas en los que operen, que son el convencional y el selectivo.
Los que tienen la labor de abrir caminos dentro del cerro son los que operan en el sistema convencional, para lo que deben cavar aperturas de 2,20 por 2,30 metros, y también están los que se ocupan de hacer chimeneas de 1,50 por 2,20 metros para que salgan los gases tóxicos.
En esta modalidad, el minero gana por metro 400 bolivianos y, diariamente, de acuerdo con Pérez, se avanza dos metros, lo que significa que al día el trabajador puede ganar 800 y al mes sacar un salario de 24 mil bolivianos, a lo que se suma los 3.000 de sueldo fijo. Pero esto –según el dirigente– varía porque hay días que, por falta de agua y oxígeno, su avance es completamente nulo.
Una vez que los túneles están abiertos, entran en acción los mineros que trabajan en el sistema selectivo. Éstos tienen la misión de extraer vetas de estaño. Al mes deben cumplir una cuota de 1.200 toneladas de métricas finas (TMF).
Al día la cantidad extraída varía, pues existen jornadas que se logra sacar más de 100 kilos y otros que por más que cave y cave, el minero no consigue ningún producto.
Por el excedente que logra explotar el minero, se le paga de tres a cuatro bolivianos por kilo, depende si el metal es de alta ley, lo que al mes significa entre 11 y 12 mil bolivianos.
De acuerdo con los miembros del sindicato, el promedio salarial de un minero es de diez mil bolivianos; esto puede bajar hasta tres mil bolivianos, pero también subir hasta 30 mil bolivianos, incluso en épocas de mejor bonanza, el trabajador de Huanuni salió con un salario de 40 mil bolivianos. “Alguna vez en casos excepcionales han sacado hasta 40 mil bolivianos, pero eso ya no ocurre, las estructuras están bajas, ya no son como antes”, asegura el dirigente.
El país vive del auge del "metal del diablo" por la alta cotización
Página Siete / Huanuni, Oruro
El cerro Posokoni, ubicado en la población de Huanuni (Oruro), es uno de los yacimientos más importantes del “metal del diablo” o estaño, en América Latina.
Este mineral ofrece a los mineros de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), que se encarga de explotarla, entre dos y nueve millones de toneladas métricas finas (TMF) por año, lo que significa una ganancia desde dos hasta 26 millones de dólares anuales.
Estas altas ganancias se deben a que desde el año 2000, el estaño es uno de los metales más cotizados en el mercado internacional. Actualmente, el precio por libra métrica fina varía entre siete y ocho dólares.
Las utilidades de la mina, que fue nacionalizada el año 2006 tras enfrentamientos entre mineros y cooperativistas, varían de acuerdo al precio a la demanda internacional.
El gerente de la EMH, Roberto Montaño, indica que después de la nacionalización y la incorporación de los cooperativistas al sistema salarial, ha incrementando tanto la producción como las utilidades.
Explica que este año la explotación fue fructífera, a comparación de 2009, porque sólo el primer trimestre se logró ganar más de ocho millones de dólares, superior incluso al total de ganancia del año pasado, cuando se registró un poco más de dos millones de dólares. Situación que se debió a la baja cotización del estaño.
De acuerdo con la proyección realizada por la empresa, este año concluirá con una producción de 10.000 TMF de concentrado de estaño, lo que en utilidades se traduce a 15 millones de dólares.
Si bien la cantidad de utilidades netas proyectada para el presente año es elevada, no se compara con el año 2008, cuando se llegó a ganar más de 13 millones de dólares.
Las ganancias mineras de aquel entonces se reflejaba abiertamente en el pueblo.
Los pobladores de Huanuni y algunos visitantes comentan que, hace algunos años, la riqueza extraída de la mina, se sentía en el pueblo, donde alrededor de la plaza principal se lucían “hammers” y otros autos lujosos conducidos por los mineros.
El costo de vida también era caro, los electrodomésticos eran costosos, al igual que las bebidas alcohólicas que se consumían.
En la actualidad, no es tan visible los efectos de los altos salarios que perciben los mineros, que varían de tres mil a 30 mil bolivianos. Pero aún así, los mineros están conscientes de la buena racha de la producción minera.
No obstante, las regalías mineras no aumentaron, ni benefician directamente a la región. El año 2007 el monto de regalías fue de 2,94 millones de dólares, mientras que en el 2009 alcanzó a 3,35 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Minería.
viernes, 7 de mayo de 2010
La Alcaldía sugiere usar estructuras antisísmicas en los edificios
Marco Fernández / La Paz
La Alcaldía de La Paz recomienda que todas las edificaciones que tengan más de cinco pisos usen estructuras antisísmicas, basadas en un estudio previo.
Esta norma fue incluida en la Ordenanza Municipal 070/2010, respecto de las normas de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA).
Para construir una edificación, primero se debe realizar un estudio sobre la estabilidad de los suelos. La presentación de este documento es un requisito obligatorio para la aprobación de planos de construcción. Pero en los hechos esto no se cumple.
El concejal paceño David Barrientos dijo que es imposible vigilar todas las edificaciones porque la Alcaldía no cuenta con un fiscal asignado para esta tarea.
Explicación
Aclaró que las estructuras antisísmicas dependen de la zona donde se encuentra el edificio.
En algunos lugares de la urbe, el suelo no puede resistir construcciones muy pesadas.
La autoridad identificó a Miraflores, la avenida Busch, el centro paceño, parte de Sopocachi y la avenida Ballivián (en Calacoto) como los sectores más seguros para la construcción.
No obstante, explicó que se puede construir en cualquier zona y que sólo depende de los estudios de los ingenieros civiles y geólogos, quienes deben tomar en cuenta las siguientes características: la composición geológica y la capacidad portante del suelo, además de los agentes climáticos (como el viento), para prever cualquier eventualidad.
“La comuna no puede definir cómo deben ser las estructuras antisísmicas, porque la construcción depende de la voluntad del propietario”, dijo Barrientos, quien agregó que en muchas ocasiones se evita este estudio para abaratar los costos.
La autoridad dijo que la estructura debe estar arriostrada o encadenada, es decir que los cimientos estén unidos por una cadena de hormigón armado, para que, si hubiese un sismo, el edificio no se caiga, sino que sólo se mueva sin dañar la estructura.
La Alcaldía de La Paz recomienda que todas las edificaciones que tengan más de cinco pisos usen estructuras antisísmicas, basadas en un estudio previo.
Esta norma fue incluida en la Ordenanza Municipal 070/2010, respecto de las normas de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA).
Para construir una edificación, primero se debe realizar un estudio sobre la estabilidad de los suelos. La presentación de este documento es un requisito obligatorio para la aprobación de planos de construcción. Pero en los hechos esto no se cumple.
El concejal paceño David Barrientos dijo que es imposible vigilar todas las edificaciones porque la Alcaldía no cuenta con un fiscal asignado para esta tarea.
Explicación
Aclaró que las estructuras antisísmicas dependen de la zona donde se encuentra el edificio.
En algunos lugares de la urbe, el suelo no puede resistir construcciones muy pesadas.
La autoridad identificó a Miraflores, la avenida Busch, el centro paceño, parte de Sopocachi y la avenida Ballivián (en Calacoto) como los sectores más seguros para la construcción.
No obstante, explicó que se puede construir en cualquier zona y que sólo depende de los estudios de los ingenieros civiles y geólogos, quienes deben tomar en cuenta las siguientes características: la composición geológica y la capacidad portante del suelo, además de los agentes climáticos (como el viento), para prever cualquier eventualidad.
“La comuna no puede definir cómo deben ser las estructuras antisísmicas, porque la construcción depende de la voluntad del propietario”, dijo Barrientos, quien agregó que en muchas ocasiones se evita este estudio para abaratar los costos.
La autoridad dijo que la estructura debe estar arriostrada o encadenada, es decir que los cimientos estén unidos por una cadena de hormigón armado, para que, si hubiese un sismo, el edificio no se caiga, sino que sólo se mueva sin dañar la estructura.
Antonio Costas: “Una sola vez pensé en renunciar”
A él se le recordará por haber propiciado la elección de asambleístas plurinacionales, gobernadores, consejeros o alcaldes y concejales en listas separadas.
Luis Mealla / La Paz
Muy sereno, Antonio Costas, presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) se acomodó en su escritorio, cruzó los brazos y abrió, no sólo la mente, sino sus sentimientos para hablar con Página Siete.
Ingeniero informático, aseguró estar con la conciencia tranquila y con el orgullo de haber cumplido a cabalidad su tarea en varios comicios electorales, coincidentemente con las reformas del Estado.
Dijo que uno de sus mayores logros fue construir un moderno padrón biométrico.
“Sentí una emoción tan grande como cuando nacieron mis tres hijas y luego mi nieto, o cuando me casé”.
Pero Costas admitió que durante su gestión no todo fue fácil. Es que incluso estuvo a punto de renunciar.
“Una sola vez pensé en renunciar. Previa a la promulgación de la Ley 4021, se planteaban varias alternativas para hacer el padrón electoral y una de ellas era una reinscripción general en los mismo libros y con los mismos documentos. Eso era un engaño, porque eran los viejos problemas a los nuevos libros”.
¿Qué propuso?
Planteé que la única solución viable era el biométrico, y como la probabilidad de aprobar mi proyecto era tan baja, dije que lo mejor era dar un paso al costado para que después no digan que fui incapaz de construir un buen padrón. Fue en abril de 2009, cuando se discutía la ley, pero luego ganó el proyecto y pudo nacer el biométrico.
¿Cómo cambió su vida?
Sabía que estar en la Presidencia de la Corte iba a ser un camino difícil, pero había que cumplir una misión y al final siempre queda la satisfacción del deber cumplido. Ese 15 de octubre de 2009, cuando se cerraba el registro biométrico, fue uno de los días más felices de mi vida.
¿Qué sacrificios hizo?
Más que sacrificio, renuncié a muchas cosas, entre ellas el tiempo con mi familia; pero mi esposa y mis hijas entendieron, ellas saben, al igual que yo, que llevar adelante una empresa demanda dedicación, esfuerzo, capacidad, todo el intelecto y la formación profesional, incluso astucia y sagacidad para vencer las pruebas. No hubo sacrificios, porque el sacrificio es sinónimo de hacer algo cuando no te gusta.
¿Le exigieron mucho?
Desde 2005, la Corte administró al menos siete procesos electorales y en todos demostramos la vocación para ganar la confianza ciudadana, porque el voto de la persona elige y eso transforma el país, pero cuando algunos no tienen el resultado de la votación que esperaban, reclaman y tratan de justificar lo injustificable, generando conflicto.
¿Caprichos políticos?
No fueron presiones ni caprichos políticos, fueron disposiciones legales que marcaron un periodo de cambio; aunque el (referendo) revocatorio de 2008 fue un experimento más que algo coherente, pero válido porque establece una medida para que el ciudadano demande, a través del voto, que sus autoridades cumplan la oferta electoral y tengan una herramienta para revocar a la autoridad que se duerme en sus laureles.
¿Le alcanzó el tiempo?
Éste es un cargo de mucho compromiso, incluso los domingos, y durante este tiempo son muy pocos los días que no trabajé, como en los viajes o durante las fiestas de fin de año. Es una institución a la que se le exige mucho. Una muestra fueron las elecciones de abril, cuando hicimos más de 11,5 millones de papeletas y 478 modelos. Las imprentas al principio lo hicieron con mucho empeño, pero cuando vieron la magnitud, creo que pensaron que debieron haber cobrado un poco más.
¿Volvería a postularse?
Es una decisión de las autoridades y todavía soy presidente y quizá siga siéndolo.
¿Por qué quiso ser vocal?
Soy un hombre de retos y toda mi vida me gustó enfrentarlos y, desde 1996, que entré a la Corte, quise resolver, estudiando 12 años, los problemas documentales, los sistemas electorales y las autoridades que están detrás.
¿Es manejable el sistema?
El sistema electoral de Bolivia es muy manejable, pese a estar confrontado porque la contienda es así y, muchas veces, no respeta al ser humano. El político puede ser un día el héroe y al otro ser el villano.
¿Cómo se siente ahora?
Administramos las elecciones que cambiaron la estructura del país y me siento bien porque se cumplió lo que dice la norma. No hubo intereses subterráneos como muchos piensan y hubo cambios importantes, entre ellos que las cortes departamentales, por primera vez, entregarán credenciales a gobernadores, alcaldes, asambleístas, porque, según la norma, antes sólo daban credenciales a concejales. Hay una resolución que se emitió para tal efecto porque, en el buen sentido de la palabra, al ser organismos autónomos pueden coronar ese esfuerzo luego del hito electoral histórico.
En un minuto
¿Quién compra las camisas?
Julia, mi esposa, mi linda chapaca, y también las plancha.
¿Y problemas hogareños?
Por lo general, mis hijas no se pelean, y el árbitro es el diálogo, y evitamos los rencores.
¿Como le gusta el café?
Ralito y poco dulce.
¿Qué quiso ser de niño?
Agente secreto o espía porque veía mucho James Bond.
¿Evo Morales?
Siento mucho respeto por su persona.
¿Rubén Costas?
No lo conozco, pero creo que es una persona que quiere que su pueblo marche y se desarrolle con bienestar.
¿Hugo Chávez?
Habla mucho.
¿Hincha?
Del Bolívar y Unión Central.
¿La última vez que lloró?
No lloro. Alguna vez lagrimeo cuando canto el himno ,y mi mayor tesoro es mi familia, por la que sigo aquí luchando y asumiendo una gran responsabilidad .
Hoja de vida
Inicios Nació en Santa Cruz el 24 de marzo de 1957 y estudió en el Colegio Don Bosco - Sucre.
Estudios Estudió primero ingeniería química en la universidad San Francisco Xavier y luego ingeniería de sistemas en la EMI.
Vida Se casó en 1983, cuando aún estudiaba. Tiene tres hijas, 25, 21 y 19, y un nieto.
Luis Mealla / La Paz
Muy sereno, Antonio Costas, presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) se acomodó en su escritorio, cruzó los brazos y abrió, no sólo la mente, sino sus sentimientos para hablar con Página Siete.
Ingeniero informático, aseguró estar con la conciencia tranquila y con el orgullo de haber cumplido a cabalidad su tarea en varios comicios electorales, coincidentemente con las reformas del Estado.
Dijo que uno de sus mayores logros fue construir un moderno padrón biométrico.
“Sentí una emoción tan grande como cuando nacieron mis tres hijas y luego mi nieto, o cuando me casé”.
Pero Costas admitió que durante su gestión no todo fue fácil. Es que incluso estuvo a punto de renunciar.
“Una sola vez pensé en renunciar. Previa a la promulgación de la Ley 4021, se planteaban varias alternativas para hacer el padrón electoral y una de ellas era una reinscripción general en los mismo libros y con los mismos documentos. Eso era un engaño, porque eran los viejos problemas a los nuevos libros”.
¿Qué propuso?
Planteé que la única solución viable era el biométrico, y como la probabilidad de aprobar mi proyecto era tan baja, dije que lo mejor era dar un paso al costado para que después no digan que fui incapaz de construir un buen padrón. Fue en abril de 2009, cuando se discutía la ley, pero luego ganó el proyecto y pudo nacer el biométrico.
¿Cómo cambió su vida?
Sabía que estar en la Presidencia de la Corte iba a ser un camino difícil, pero había que cumplir una misión y al final siempre queda la satisfacción del deber cumplido. Ese 15 de octubre de 2009, cuando se cerraba el registro biométrico, fue uno de los días más felices de mi vida.
¿Qué sacrificios hizo?
Más que sacrificio, renuncié a muchas cosas, entre ellas el tiempo con mi familia; pero mi esposa y mis hijas entendieron, ellas saben, al igual que yo, que llevar adelante una empresa demanda dedicación, esfuerzo, capacidad, todo el intelecto y la formación profesional, incluso astucia y sagacidad para vencer las pruebas. No hubo sacrificios, porque el sacrificio es sinónimo de hacer algo cuando no te gusta.
¿Le exigieron mucho?
Desde 2005, la Corte administró al menos siete procesos electorales y en todos demostramos la vocación para ganar la confianza ciudadana, porque el voto de la persona elige y eso transforma el país, pero cuando algunos no tienen el resultado de la votación que esperaban, reclaman y tratan de justificar lo injustificable, generando conflicto.
¿Caprichos políticos?
No fueron presiones ni caprichos políticos, fueron disposiciones legales que marcaron un periodo de cambio; aunque el (referendo) revocatorio de 2008 fue un experimento más que algo coherente, pero válido porque establece una medida para que el ciudadano demande, a través del voto, que sus autoridades cumplan la oferta electoral y tengan una herramienta para revocar a la autoridad que se duerme en sus laureles.
¿Le alcanzó el tiempo?
Éste es un cargo de mucho compromiso, incluso los domingos, y durante este tiempo son muy pocos los días que no trabajé, como en los viajes o durante las fiestas de fin de año. Es una institución a la que se le exige mucho. Una muestra fueron las elecciones de abril, cuando hicimos más de 11,5 millones de papeletas y 478 modelos. Las imprentas al principio lo hicieron con mucho empeño, pero cuando vieron la magnitud, creo que pensaron que debieron haber cobrado un poco más.
¿Volvería a postularse?
Es una decisión de las autoridades y todavía soy presidente y quizá siga siéndolo.
¿Por qué quiso ser vocal?
Soy un hombre de retos y toda mi vida me gustó enfrentarlos y, desde 1996, que entré a la Corte, quise resolver, estudiando 12 años, los problemas documentales, los sistemas electorales y las autoridades que están detrás.
¿Es manejable el sistema?
El sistema electoral de Bolivia es muy manejable, pese a estar confrontado porque la contienda es así y, muchas veces, no respeta al ser humano. El político puede ser un día el héroe y al otro ser el villano.
¿Cómo se siente ahora?
Administramos las elecciones que cambiaron la estructura del país y me siento bien porque se cumplió lo que dice la norma. No hubo intereses subterráneos como muchos piensan y hubo cambios importantes, entre ellos que las cortes departamentales, por primera vez, entregarán credenciales a gobernadores, alcaldes, asambleístas, porque, según la norma, antes sólo daban credenciales a concejales. Hay una resolución que se emitió para tal efecto porque, en el buen sentido de la palabra, al ser organismos autónomos pueden coronar ese esfuerzo luego del hito electoral histórico.
En un minuto
¿Quién compra las camisas?
Julia, mi esposa, mi linda chapaca, y también las plancha.
¿Y problemas hogareños?
Por lo general, mis hijas no se pelean, y el árbitro es el diálogo, y evitamos los rencores.
¿Como le gusta el café?
Ralito y poco dulce.
¿Qué quiso ser de niño?
Agente secreto o espía porque veía mucho James Bond.
¿Evo Morales?
Siento mucho respeto por su persona.
¿Rubén Costas?
No lo conozco, pero creo que es una persona que quiere que su pueblo marche y se desarrolle con bienestar.
¿Hugo Chávez?
Habla mucho.
¿Hincha?
Del Bolívar y Unión Central.
¿La última vez que lloró?
No lloro. Alguna vez lagrimeo cuando canto el himno ,y mi mayor tesoro es mi familia, por la que sigo aquí luchando y asumiendo una gran responsabilidad .
Hoja de vida
Inicios Nació en Santa Cruz el 24 de marzo de 1957 y estudió en el Colegio Don Bosco - Sucre.
Estudios Estudió primero ingeniería química en la universidad San Francisco Xavier y luego ingeniería de sistemas en la EMI.
Vida Se casó en 1983, cuando aún estudiaba. Tiene tres hijas, 25, 21 y 19, y un nieto.
Alcalde electo apoya a la COB y rechaza 5%
Mariana Pérez / Página Siete
Édgar Patana, alcalde alteño electo por el MAS y aún ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), rechazó ayer el incremento salarial del cinco por ciento dispuesto por el Gobierno de Evo Morales y anunció el apoyo a las medidas de presión que realiza la Central Obrera Boliviana (COB).
El ejecutivo sindical manifestó que el incremento salarial no satisface las necesidades de los trabajadores y que el gobierno tendría que revisar la medida para beneficio de todos. “Este incrementó no refleja las necesidades que tiene el trabajador para subsistir y mantener a su familia”, dijo Patana a Página Siete.
Dijo que la COR, también, continuará apoyando al ente matriz de los trabajadores en todos y cada uno de sus actos, acorde a lo determinado en el último ampliado del sector.
La COB, a su turno, anunció que a partir de la fecha se radicalizarán las medidas de presión, pese a la división interna que existe en la entidad que agrupa a los trabajadores del país.
Por su parte, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia tiene previsto para hoy y el próximo martes realizar marchas, sin suspensión de actividades, en todo el país. Mientras que el sector fabril anunció que 70 personas más se sumarán a la huelga de hambre instalada en su sede en La Paz hace diez días. Jorge Valdivieso, representante de los maestros, manifestó que la posición de sus afiliados no es negociable y que no cederán en su postura. “Volveremos a las calles”, dijo, recordando que dicha disposición fue aprobada en la reunión de federaciones que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, hace dos días atrás.
Ayer, todo el personal de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) marchó para defender su autonomía universitaria y exigieron mayor presupuesto al Gobierno.
La COB convoca a una marcha desde Caracollo y a un paro indefinido
Agencias / La Paz
Un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó anoche iniciar un paro general indefinido desde el 10 de mayo, y a la vez la realización de una marcha que partirá a las 09:00 desde la población de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz, en demanda de incremento salarial mayor al 5 por ciento y una nueva Ley de Pensiones.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, quien se sumó a las medidas de protesta presionado por las bases, dijo que en el ampliado sólo tenía que evaluar el paro de los fabriles del pasado martes, pero el mismo concluyó convocando a una marcha denominada “por el salario y la renta de jubilación digna”.
En tanto que el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, aseguró que la marcha será pacífica, pero que si el Gobierno usa la fuerza para reprimirla se defenderán. “Si al Gobierno no le da la gana de atendernos, nos atendremos a las consecuencias. Nosotros haremos nuestra marcha revolucionaria y el Gobierno tendrá que definir, porque decir que no (al aumento salarial) es actuar como Goni”, añadió Solares.
A pesar de ello, no descartan la posibilidad de dialogar con el ejecutivo siempre que sea para revisar el incremento. En tanto, los fabriles anuncian masificar su huelga de hambre.
Édgar Patana, alcalde alteño electo por el MAS y aún ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), rechazó ayer el incremento salarial del cinco por ciento dispuesto por el Gobierno de Evo Morales y anunció el apoyo a las medidas de presión que realiza la Central Obrera Boliviana (COB).
El ejecutivo sindical manifestó que el incremento salarial no satisface las necesidades de los trabajadores y que el gobierno tendría que revisar la medida para beneficio de todos. “Este incrementó no refleja las necesidades que tiene el trabajador para subsistir y mantener a su familia”, dijo Patana a Página Siete.
Dijo que la COR, también, continuará apoyando al ente matriz de los trabajadores en todos y cada uno de sus actos, acorde a lo determinado en el último ampliado del sector.
La COB, a su turno, anunció que a partir de la fecha se radicalizarán las medidas de presión, pese a la división interna que existe en la entidad que agrupa a los trabajadores del país.
Por su parte, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia tiene previsto para hoy y el próximo martes realizar marchas, sin suspensión de actividades, en todo el país. Mientras que el sector fabril anunció que 70 personas más se sumarán a la huelga de hambre instalada en su sede en La Paz hace diez días. Jorge Valdivieso, representante de los maestros, manifestó que la posición de sus afiliados no es negociable y que no cederán en su postura. “Volveremos a las calles”, dijo, recordando que dicha disposición fue aprobada en la reunión de federaciones que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, hace dos días atrás.
Ayer, todo el personal de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) marchó para defender su autonomía universitaria y exigieron mayor presupuesto al Gobierno.
La COB convoca a una marcha desde Caracollo y a un paro indefinido
Agencias / La Paz
Un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó anoche iniciar un paro general indefinido desde el 10 de mayo, y a la vez la realización de una marcha que partirá a las 09:00 desde la población de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz, en demanda de incremento salarial mayor al 5 por ciento y una nueva Ley de Pensiones.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, quien se sumó a las medidas de protesta presionado por las bases, dijo que en el ampliado sólo tenía que evaluar el paro de los fabriles del pasado martes, pero el mismo concluyó convocando a una marcha denominada “por el salario y la renta de jubilación digna”.
En tanto que el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, aseguró que la marcha será pacífica, pero que si el Gobierno usa la fuerza para reprimirla se defenderán. “Si al Gobierno no le da la gana de atendernos, nos atendremos a las consecuencias. Nosotros haremos nuestra marcha revolucionaria y el Gobierno tendrá que definir, porque decir que no (al aumento salarial) es actuar como Goni”, añadió Solares.
A pesar de ello, no descartan la posibilidad de dialogar con el ejecutivo siempre que sea para revisar el incremento. En tanto, los fabriles anuncian masificar su huelga de hambre.
El MAS quiere un Órgano Electoral nuevo hasta agosto
Boris Miranda / La Paz
El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere renovar a todas las autoridades electorales hasta agosto para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial, convocada para el 5 de diciembre.
El proyecto oficialista de Ley del Órgano Electoral, que obtuvo Página Siete de fuentes oficiales, determina en su tercera disposición transitoria que “los actuales vocales nacionales y departamentales cesarán sus funciones 60 días después de que se ponga en vigencia la ley”.
Además, el proyecto ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional designar a seis vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el mismo plazo.
El senador del MAS Eugenio Rojas anunció que se tiene pensado cambiar a todas las autoridades departamentales y nacionales hasta el 15 de agosto. El motivo del relevo total —explicó el legislador— es que debe existir un Órgano Electoral conformado antes de septiembre, para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial.
La entidad que reemplazará a la CNE contará con siete miembros, de los cuales seis serán designados por el Órgano Legislativo y uno por el Presidente del Estado. Dos de ellos deben ser de pueblos indígenas y, del total, tres deberán ser mujeres.
La Asamblea Plurinacional deberá realizar la convocatoria y la calificación para cumplir con los plazos. La Constitución Política del Estado dispone que la forma de elección de los futuros miembros del TSE será la misma que se utiliza para elegir al Defensor del Pueblo, con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes (artículo 206).
El Presidente nombrará al séptimo miembro del TSE a través de un decreto supremo.
En el caso de los vocales de los tribunales departamentales electorales, las asambleas legislativas departamentales deberán presentar ternas para cada uno de los miembros (cinco por cada región), de las cuales la Cámara de Diputados hará la selección por dos tercios de los votos de los miembros presentes.
El titular de la Corte Electoral, Antonio Costas, consultado por Página Siete afirmó que no se aferrará al puesto. “Tengo un mandato hasta el 18 de diciembre de 2012, pero no pienso aferrarme a ningún cargo siempre y cuando exista una ley que disponga la transición”, dijo.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere renovar a todas las autoridades electorales hasta agosto para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial, convocada para el 5 de diciembre.
El proyecto oficialista de Ley del Órgano Electoral, que obtuvo Página Siete de fuentes oficiales, determina en su tercera disposición transitoria que “los actuales vocales nacionales y departamentales cesarán sus funciones 60 días después de que se ponga en vigencia la ley”.
Además, el proyecto ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional designar a seis vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el mismo plazo.
El senador del MAS Eugenio Rojas anunció que se tiene pensado cambiar a todas las autoridades departamentales y nacionales hasta el 15 de agosto. El motivo del relevo total —explicó el legislador— es que debe existir un Órgano Electoral conformado antes de septiembre, para asegurar la elección de autoridades del Órgano Judicial.
La entidad que reemplazará a la CNE contará con siete miembros, de los cuales seis serán designados por el Órgano Legislativo y uno por el Presidente del Estado. Dos de ellos deben ser de pueblos indígenas y, del total, tres deberán ser mujeres.
La Asamblea Plurinacional deberá realizar la convocatoria y la calificación para cumplir con los plazos. La Constitución Política del Estado dispone que la forma de elección de los futuros miembros del TSE será la misma que se utiliza para elegir al Defensor del Pueblo, con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes (artículo 206).
El Presidente nombrará al séptimo miembro del TSE a través de un decreto supremo.
En el caso de los vocales de los tribunales departamentales electorales, las asambleas legislativas departamentales deberán presentar ternas para cada uno de los miembros (cinco por cada región), de las cuales la Cámara de Diputados hará la selección por dos tercios de los votos de los miembros presentes.
El titular de la Corte Electoral, Antonio Costas, consultado por Página Siete afirmó que no se aferrará al puesto. “Tengo un mandato hasta el 18 de diciembre de 2012, pero no pienso aferrarme a ningún cargo siempre y cuando exista una ley que disponga la transición”, dijo.
La Unión Europea pide negociar para fijar indemnizaciones
Página Siete / La Paz
El embajador de la Unión Europea (UE), Kenneth Bell, exigió ayer al Gobierno negociar con las empresas europeas que administraban las generadoras de electricidad y una indemnización justa y amigable para evitar posibles dificultades.
“Pedimos solamente que haya una compensación justa y que hayan negociaciones para resolver las cuestiones de estas indemnizaciones y recompensas de manera amigable, para evitar cualquier otra dificultad que pudiera haber en el ámbito legal, lo que, por ejemplo, podría resultar muy costoso”, dijo Bell en declaraciones exclusivas a Página Siete.
El presidente Evo Morales nacionalizó el sábado tres empresas de electricidad gestionadas por consorcios privados de Francia, Gran Bretaña y Bolivia, que antes fueron del Estado boliviano. Se trata de Corani, controlada por Inversiones Econergy Bolivia SA (subsidiaria de la francesa GDF Suez), Guaracachi, en manos de la británica Ruelec PLC, y Valle Hermoso, gestionada por el consorcio boliviano Bolivian Generating Group. El Estado francés controla el 35,7% de GDF-Suez, que a su vez tenía el 50% de la central Corani. Bell explicó que las “políticas de nacionalización (en Bolivia) no nos extrañan, puesto que en varios países de Europa hemos aplicado políticas de nacionalización.
El caso más reciente es el de la crisis financiera que ha obligado a varios países a nacionalizar los bancos para salvarlos”. Por tanto, dijo, “es una política legítima y el Estado boliviano puede tomar soberanamente estas determinaciones con respecto a la propiedad pública”.
La tarde del miércoles, el vicepresidente Ávaro García Linera sostuvo que “nuestra valuación, no hecha por el Gobierno, sino por una empresa externa de alto prestigio, nos marcaba un precio de las acciones y las empresas dueñas de esas acciones que querían el doble o el triple. Imposible. Nosotros no podemos pagar un solo centavo más allá de lo que una valuación externa y seria nos permite”.
También el miércoles, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que un estudio de las acciones nacionalizadas en las tres firmas establece un precio de 50 millones de dólares en total, “sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas”. Bell afirmó que Bolivia vive una estabilidad política desde el 2006.
Gobierno anuncia que pagará por nacionalizaciones desde 2006
Página Siete / La Paz
El Gobierno anunció que destinará un máximo de 1.000 millones de dólares para indemnizar a todas las empresas extranjeras, entre ellas inglesas, francesas, españolas e italianas, que fueron nacionalizadas desde el 2006, dijo el miércoles el vicepresidente Álvaro García.
“En el peor de los casos y estoy exagerando va a llegar a los 1.000 millones de dólares” el monto de indemnización”, afirmó García.
Desde su llegada al poder en enero del 2006, el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó empresas productoras y comercializadoras de gas, el sistema hidroeléctrico, una de telecomunicaciones y dos fundidoras de metales. Las empresas extranjeras cuyas acciones fueron nacionalizadas fueron las hidrocarburíferas Repsol-YPF (española-argentina), Shell (Gran Bretaña), Petrobras (Brasil), Graña-Montero (Perú-Alemania), British Petroleum (Gran Bretaña), la telecomunicadora Telecom (Italia), la minera Glencore (Suiza), y las hidroeléctricas Inversiones Econergy Bolivia SA (Francia) y Rurelec (Gran Bretaña). El Gobierno logró acuerdos con algunas de ellas y otras mantienen litigios en tribunales arbitrales del Banco Mundial, aunque -según el vicepresidente- a ninguna se les canceló por sus acciones.
García dijo que la nacionalización de las eléctricas el fin de semana se produjo después de un año de infructuosas negociaciones, ya que las empresas demandaban indemnizaciones.
El embajador de la Unión Europea (UE), Kenneth Bell, exigió ayer al Gobierno negociar con las empresas europeas que administraban las generadoras de electricidad y una indemnización justa y amigable para evitar posibles dificultades.
“Pedimos solamente que haya una compensación justa y que hayan negociaciones para resolver las cuestiones de estas indemnizaciones y recompensas de manera amigable, para evitar cualquier otra dificultad que pudiera haber en el ámbito legal, lo que, por ejemplo, podría resultar muy costoso”, dijo Bell en declaraciones exclusivas a Página Siete.
El presidente Evo Morales nacionalizó el sábado tres empresas de electricidad gestionadas por consorcios privados de Francia, Gran Bretaña y Bolivia, que antes fueron del Estado boliviano. Se trata de Corani, controlada por Inversiones Econergy Bolivia SA (subsidiaria de la francesa GDF Suez), Guaracachi, en manos de la británica Ruelec PLC, y Valle Hermoso, gestionada por el consorcio boliviano Bolivian Generating Group. El Estado francés controla el 35,7% de GDF-Suez, que a su vez tenía el 50% de la central Corani. Bell explicó que las “políticas de nacionalización (en Bolivia) no nos extrañan, puesto que en varios países de Europa hemos aplicado políticas de nacionalización.
El caso más reciente es el de la crisis financiera que ha obligado a varios países a nacionalizar los bancos para salvarlos”. Por tanto, dijo, “es una política legítima y el Estado boliviano puede tomar soberanamente estas determinaciones con respecto a la propiedad pública”.
La tarde del miércoles, el vicepresidente Ávaro García Linera sostuvo que “nuestra valuación, no hecha por el Gobierno, sino por una empresa externa de alto prestigio, nos marcaba un precio de las acciones y las empresas dueñas de esas acciones que querían el doble o el triple. Imposible. Nosotros no podemos pagar un solo centavo más allá de lo que una valuación externa y seria nos permite”.
También el miércoles, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que un estudio de las acciones nacionalizadas en las tres firmas establece un precio de 50 millones de dólares en total, “sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas”. Bell afirmó que Bolivia vive una estabilidad política desde el 2006.
Gobierno anuncia que pagará por nacionalizaciones desde 2006
Página Siete / La Paz
El Gobierno anunció que destinará un máximo de 1.000 millones de dólares para indemnizar a todas las empresas extranjeras, entre ellas inglesas, francesas, españolas e italianas, que fueron nacionalizadas desde el 2006, dijo el miércoles el vicepresidente Álvaro García.
“En el peor de los casos y estoy exagerando va a llegar a los 1.000 millones de dólares” el monto de indemnización”, afirmó García.
Desde su llegada al poder en enero del 2006, el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó empresas productoras y comercializadoras de gas, el sistema hidroeléctrico, una de telecomunicaciones y dos fundidoras de metales. Las empresas extranjeras cuyas acciones fueron nacionalizadas fueron las hidrocarburíferas Repsol-YPF (española-argentina), Shell (Gran Bretaña), Petrobras (Brasil), Graña-Montero (Perú-Alemania), British Petroleum (Gran Bretaña), la telecomunicadora Telecom (Italia), la minera Glencore (Suiza), y las hidroeléctricas Inversiones Econergy Bolivia SA (Francia) y Rurelec (Gran Bretaña). El Gobierno logró acuerdos con algunas de ellas y otras mantienen litigios en tribunales arbitrales del Banco Mundial, aunque -según el vicepresidente- a ninguna se les canceló por sus acciones.
García dijo que la nacionalización de las eléctricas el fin de semana se produjo después de un año de infructuosas negociaciones, ya que las empresas demandaban indemnizaciones.
jueves, 6 de mayo de 2010
Rossío Pimentel se confiesa: Le tengo miedo al MSM
Tras los comicios de abril, su figura se convirtió en un fenómeno electoral. Había derrotado al firme candidato del MAS en Oruro, el ex senador Félix Rojas.
Luis Mealla / La Paz
Aguerrida, inteligente, sencilla y alegre. Así fue percibida por la voz Rossío Pimentel por Página Siete.
¿Quién es ella? Es alcaldesa electa de Oruro, que, invitada por el Movimiento Sin Miedo (MSM), dejó el periodismo y consiguió
desahuciar políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad.
Su fama comienza a romper fronteras, no sólo por ser una de las 21 alcaldesas elegidas en el país, sino porque Juan Del Granado, el líder del partido que la postuló en abril, no descartó en catapultarla para las elecciones de 2015.
Pero ésa es otra historia. Y Pimentel no sólo es la alcaldesa de Oruro, sino también madre, esposa y una persona de sentimientos humanos.
¿Pensaba ganar?
La verdad, no. Obviamente entré con todas las ganas de hacerlo, pero hubo momentos y circunstancias en los que pensé que no iba a ganar. Tenía miedo, y ese mismo miedo al final me dio más fuerzas.
¿Qué sacrificó por la política?
Uno de los más grandes sacrificios fue dejar mi profesión de periodista y el tiempo con mi familia, aunque en esta coyuntura debía tomar decisiones extremas. Como dijo Luis Espinal, “hay que quemar y gastar la vida porque después viene el fuego”. Sin embargo, sigo siendo mamá y todos los mediodías trataré de estar con mi familia. Incluso quiero seguir cocinando y lavando ropa los fines de semana.
¿Qué dijeron sus padres?
Mis padres son maestros jubilados. Mi mamá siempre fue una persona emprendedora y en medio de mis dudas de postular o no, ella me impulsó y dijo no importarle si perdía, porque lo importante era morir peleando. En cambio, mi papá siempre fue muy negativo y dijo que yo no tenía carácter para ser política, pero con los resultados hubo una alegría muy profunda en ellos.
¿Cómo se animó a postularse?
Me inscribí con muchas dudas, hasta no pude dormir y renuncié, pero mi esposo (Marco Taborga) me hizo dar cuenta que era un reto que debía superar y no tener miedo a las dificultades, y aquí estoy como alcaldesa. Mis hijos y mi entorno siempre me apoyaron.
¿Fue fácil iniciar la campaña?
No tuve tanto problema en iniciar la campaña. Tengo más de 15 años en televisión y en el lugar más recóndito siempre había una persona que me conocía. No fue necesario salir a las calles y decir que soy orureña e hincha de San José; la gente sabe de mi trayectoria y siempre supe encontrar una respuesta a las necesidades que me planteaban.
¿Y el dinero?
Me sugirieron pedir un préstamo, pero yo puse los 15 años que tengo en el periodismo, y desde La Paz el MSM me ayudó con la logística, afiches y el apoyo de la población que aportó con banderas, telas, calendarios; incluso, algunos ciudadanos sacaron de sus bolsillos para pagar la propaganda en los medios de comunicación.
¿Hubo conflicto?
Hay dinosaurios del MSM que son dueños del partido y creyeron que podían dar la línea de acción. Pese a que soy invitada, hice respetar mi candidatura, porque ellos querían utilizar una persona pública para las elecciones y luego tener un pega o pedir dinero a los concejales. Me costó lidiar con la lucha interna en el partido, con la venta de espacios, lo que implicaba que ellos recuperen su inversión con actos irregulares en el cargo. Me puse firme y renuncié en medio de la campaña y ellos retrocedieron.
¿Cálculo político?
Ellos no pensaban ganar, sólo querían posesionar el partido en Oruro y usar mi figura. Juan Del Granado sólo me prestó su sigla y me apoyó con la papelería.
¿Cómo le ganó al MAS?
Desde el periodismo fui testigo de mucha corrupción en la Alcaldía. Al denunciar el hecho, el delito se negociaba entre las autoridades dando pega a familiares o esposas de jueces y fiscales. Eso me impulsó a estar en la lucha. El atraso y el saqueo que sufre mi región se convirtió en el voto rebelde del orureño contra la postergación.
¿Cómo se ve en cinco años?
Creo que con cabellos más blancos, porque estoy entrando a un terreno muy difícil, por los acuerdos, pegas y cuoteos, pero eso no me quita fuerzas y, en ese tiempo, espero decir a mi pueblo “misión cumplida”.
¿Cómo estará la ciudad”
No queremos graditas ni jardineras para contentar a la gente, sino obras grandes, como túneles y puentes, para solucionar el problema del tráfico vehicular, y reducir el consumo de las bebidas alcohólicas.
¿A qué le teme en su gestión?
Estoy buscando gente honesta y comprometida con la ciudad de Oruro; de pronto confiaré en muchas personas, y tengo miedo de que no respondan en la medida de mi propósito de luchar con fuerza contra la corrupción. Lo demás corre por mi cuenta, decidiré por mí misma y no seré títere de personas, partidos o instituciones.
En un minuto
¿Qué talla de calzados usa?
35. Tengo pie pequeño pero quiero dar pasos grandes.
¿Su plato favorito?
La sopa de chairo. No me gusta la comida grasosa.
¿Juan Del Granado?
Un nuevo líder que da una opción diferente al país.
¿El “Che”?
Es un ejemplo de vida y muy digno de ser imitado.
¿Evo Morales?
Es un líder importante, pero que fue “endiosado” por las bases que lo exaltaron .
¿Édgar Bazán?
Es la máxima expresión de la corrupción (ex alcalde) en la ciudad.
¿Luis Espinal?
Es el ejemplo de lucha por la vida y los ideales.
¿El Carnaval?
Es nuestra carta de presentación a Bolivia y el mundo.
¿El MSM?
El MSM me da miedo. Es una buena opción de izquierda, pero debe repensar en la gente que aglutina.
Hoja de vida
Inicios Nació en Oruro el 8 de mayo de 1964, en medio de una familia humilde pero emprendedora.
Estudios Ingresó en la UTO a los 18 años para estudiar Comunicación Social y se tituló en 5 años.
La TV Marco (19) y Valeria (16), sus hijos. Antes, tenía su propio programa en el canal 8 de cable.
Luis Mealla / La Paz
Aguerrida, inteligente, sencilla y alegre. Así fue percibida por la voz Rossío Pimentel por Página Siete.
¿Quién es ella? Es alcaldesa electa de Oruro, que, invitada por el Movimiento Sin Miedo (MSM), dejó el periodismo y consiguió
desahuciar políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad.
Su fama comienza a romper fronteras, no sólo por ser una de las 21 alcaldesas elegidas en el país, sino porque Juan Del Granado, el líder del partido que la postuló en abril, no descartó en catapultarla para las elecciones de 2015.
Pero ésa es otra historia. Y Pimentel no sólo es la alcaldesa de Oruro, sino también madre, esposa y una persona de sentimientos humanos.
¿Pensaba ganar?
La verdad, no. Obviamente entré con todas las ganas de hacerlo, pero hubo momentos y circunstancias en los que pensé que no iba a ganar. Tenía miedo, y ese mismo miedo al final me dio más fuerzas.
¿Qué sacrificó por la política?
Uno de los más grandes sacrificios fue dejar mi profesión de periodista y el tiempo con mi familia, aunque en esta coyuntura debía tomar decisiones extremas. Como dijo Luis Espinal, “hay que quemar y gastar la vida porque después viene el fuego”. Sin embargo, sigo siendo mamá y todos los mediodías trataré de estar con mi familia. Incluso quiero seguir cocinando y lavando ropa los fines de semana.
¿Qué dijeron sus padres?
Mis padres son maestros jubilados. Mi mamá siempre fue una persona emprendedora y en medio de mis dudas de postular o no, ella me impulsó y dijo no importarle si perdía, porque lo importante era morir peleando. En cambio, mi papá siempre fue muy negativo y dijo que yo no tenía carácter para ser política, pero con los resultados hubo una alegría muy profunda en ellos.
¿Cómo se animó a postularse?
Me inscribí con muchas dudas, hasta no pude dormir y renuncié, pero mi esposo (Marco Taborga) me hizo dar cuenta que era un reto que debía superar y no tener miedo a las dificultades, y aquí estoy como alcaldesa. Mis hijos y mi entorno siempre me apoyaron.
¿Fue fácil iniciar la campaña?
No tuve tanto problema en iniciar la campaña. Tengo más de 15 años en televisión y en el lugar más recóndito siempre había una persona que me conocía. No fue necesario salir a las calles y decir que soy orureña e hincha de San José; la gente sabe de mi trayectoria y siempre supe encontrar una respuesta a las necesidades que me planteaban.
¿Y el dinero?
Me sugirieron pedir un préstamo, pero yo puse los 15 años que tengo en el periodismo, y desde La Paz el MSM me ayudó con la logística, afiches y el apoyo de la población que aportó con banderas, telas, calendarios; incluso, algunos ciudadanos sacaron de sus bolsillos para pagar la propaganda en los medios de comunicación.
¿Hubo conflicto?
Hay dinosaurios del MSM que son dueños del partido y creyeron que podían dar la línea de acción. Pese a que soy invitada, hice respetar mi candidatura, porque ellos querían utilizar una persona pública para las elecciones y luego tener un pega o pedir dinero a los concejales. Me costó lidiar con la lucha interna en el partido, con la venta de espacios, lo que implicaba que ellos recuperen su inversión con actos irregulares en el cargo. Me puse firme y renuncié en medio de la campaña y ellos retrocedieron.
¿Cálculo político?
Ellos no pensaban ganar, sólo querían posesionar el partido en Oruro y usar mi figura. Juan Del Granado sólo me prestó su sigla y me apoyó con la papelería.
¿Cómo le ganó al MAS?
Desde el periodismo fui testigo de mucha corrupción en la Alcaldía. Al denunciar el hecho, el delito se negociaba entre las autoridades dando pega a familiares o esposas de jueces y fiscales. Eso me impulsó a estar en la lucha. El atraso y el saqueo que sufre mi región se convirtió en el voto rebelde del orureño contra la postergación.
¿Cómo se ve en cinco años?
Creo que con cabellos más blancos, porque estoy entrando a un terreno muy difícil, por los acuerdos, pegas y cuoteos, pero eso no me quita fuerzas y, en ese tiempo, espero decir a mi pueblo “misión cumplida”.
¿Cómo estará la ciudad”
No queremos graditas ni jardineras para contentar a la gente, sino obras grandes, como túneles y puentes, para solucionar el problema del tráfico vehicular, y reducir el consumo de las bebidas alcohólicas.
¿A qué le teme en su gestión?
Estoy buscando gente honesta y comprometida con la ciudad de Oruro; de pronto confiaré en muchas personas, y tengo miedo de que no respondan en la medida de mi propósito de luchar con fuerza contra la corrupción. Lo demás corre por mi cuenta, decidiré por mí misma y no seré títere de personas, partidos o instituciones.
En un minuto
¿Qué talla de calzados usa?
35. Tengo pie pequeño pero quiero dar pasos grandes.
¿Su plato favorito?
La sopa de chairo. No me gusta la comida grasosa.
¿Juan Del Granado?
Un nuevo líder que da una opción diferente al país.
¿El “Che”?
Es un ejemplo de vida y muy digno de ser imitado.
¿Evo Morales?
Es un líder importante, pero que fue “endiosado” por las bases que lo exaltaron .
¿Édgar Bazán?
Es la máxima expresión de la corrupción (ex alcalde) en la ciudad.
¿Luis Espinal?
Es el ejemplo de lucha por la vida y los ideales.
¿El Carnaval?
Es nuestra carta de presentación a Bolivia y el mundo.
¿El MSM?
El MSM me da miedo. Es una buena opción de izquierda, pero debe repensar en la gente que aglutina.
Hoja de vida
Inicios Nació en Oruro el 8 de mayo de 1964, en medio de una familia humilde pero emprendedora.
Estudios Ingresó en la UTO a los 18 años para estudiar Comunicación Social y se tituló en 5 años.
La TV Marco (19) y Valeria (16), sus hijos. Antes, tenía su propio programa en el canal 8 de cable.
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